Por Gorki Rodríguez | HISTORIASMX
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HISTORIASMX. – Durante generaciones, para millones de familias campesinas mexicanas la tierra no fue solamente una superficie medida en hectáreas. Era el lugar donde se sembraba el maíz, donde pastaba el ganado, donde los hijos aprendían a trabajar junto a sus padres y donde permanecía una parte de la historia familiar. Tener derechos dentro de un ejido significaba pertenecer a una comunidad y conservar un patrimonio que, bajo las reglas construidas después de la Revolución Mexicana, tenía fuertes restricciones para entrar al mercado privado. Esa relación comenzó a transformarse profundamente en 1992, cuando México reformó el artículo 27 de la Constitución y modificó uno de los pilares sobre los que se había construido el campo durante buena parte del siglo XX.
Con frecuencia se habla de aquel episodio como la “abolición del ejido”. La expresión resulta poderosa, pero jurídicamente no es exacta. El ejido no fue eliminado en 1992 y continúa existiendo en México. Lo que ocurrió fue una transformación profunda del régimen agrario: terminó el ciclo histórico del reparto de tierras y se crearon mecanismos que permitieron a los ejidatarios tener mayor capacidad de decisión sobre sus parcelas, celebrar contratos, asociarse con terceros y, bajo determinadas condiciones y procedimientos, adoptar el llamado dominio pleno para convertir parcelas ejidales en propiedad privada. El cambio no borró al ejido del mapa mexicano, pero sí modificó la relación entre la tierra social, el campesino y el mercado.
De la Revolución a la tierra repartida
Para comprender la magnitud de aquella reforma es necesario regresar al México de principios del siglo XX. La concentración de grandes extensiones territoriales en haciendas y la pérdida de tierras de numerosas comunidades fueron algunos de los problemas que alimentaron el descontento rural durante la Revolución Mexicana. La demanda de tierra quedó sintetizada en una de las consignas más poderosas de aquella época: “Tierra y Libertad”. Después del conflicto revolucionario, el artículo 27 de la Constitución de 1917 proporcionó las bases jurídicas para una enorme reorganización de la propiedad rural mexicana.
Durante las décadas siguientes, y especialmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, el reparto agrario alcanzó una dimensión extraordinaria. Surgieron miles de ejidos y millones de campesinos recibieron acceso a la tierra. El sistema no significaba simplemente entregar una escritura individual equivalente a la propiedad privada convencional. La tierra formaba parte de un núcleo agrario y estaba protegida por un régimen especial. Existían parcelas para aprovechamiento individual, tierras de uso común y espacios destinados al asentamiento humano, mientras que la vida del núcleo se organizaba alrededor de instituciones como la asamblea ejidal.
Para muchas comunidades aquello significó mucho más que una política gubernamental. La parcela se convirtió en una forma de seguridad. En regiones donde había pocas oportunidades laborales, poseer derechos agrarios permitía sembrar, criar animales, obtener alimento y transmitir un patrimonio a la siguiente generación. El ejido se convirtió también en una estructura social: alrededor de él se discutía el agua, los caminos, los límites territoriales, los aprovechamientos comunes y buena parte de los problemas cotidianos de las comunidades rurales.
Sin embargo, el sistema acumuló problemas. Con el paso de las décadas aparecieron parcelas demasiado pequeñas para sostener económicamente a una familia, falta de financiamiento, baja tecnificación, dificultades para comercializar productos y una creciente dependencia de programas gubernamentales. En numerosas regiones, la productividad agrícola resultaba insuficiente y muchos jóvenes comenzaron a buscar oportunidades en las ciudades o en Estados Unidos. A finales del siglo XX, el campo mexicano enfrentaba una transformación económica y demográfica que hacía cada vez más difícil mantener intacto el modelo surgido de la etapa posrevolucionaria.
1992: el año que cambió las reglas
El 6 de enero de 1992 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 27 constitucional durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. La modificación se produjo en un momento en el que México avanzaba hacia una economía más abierta y se preparaba para la integración comercial que posteriormente tendría como uno de sus principales símbolos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La política agraria también fue incorporada a ese proceso de transformación.
Uno de los cambios históricos fue el cierre del ciclo del reparto agrario. El Estado dejó atrás la política mediante la cual durante décadas se habían presentado solicitudes para la dotación o ampliación de tierras. Paralelamente, la reforma reconoció expresamente la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales y mantuvo la protección constitucional de su propiedad, pero otorgó mayores facultades para decidir el aprovechamiento y destino de sus tierras. La Ley Agraria, publicada semanas después, el 26 de febrero de 1992, desarrolló las nuevas reglas.
Esta precisión es fundamental para entender la historia. En 1992 el gobierno mexicano no ordenó convertir automáticamente los ejidos en propiedad privada, tampoco desaparecieron las asambleas ejidales ni millones de hectáreas cambiaron de propietario de un día para otro. Lo que se modificó fue el marco jurídico que había mantenido durante décadas fuertes restricciones sobre la circulación de la tierra social. A partir de entonces aparecieron caminos legales mediante los cuales determinadas parcelas podían incorporarse con mayor facilidad a relaciones de arrendamiento, asociación, inversión y, eventualmente, propiedad privada.
El dominio pleno y la transformación de una parcela
Uno de los conceptos centrales surgidos de esta nueva etapa es el dominio pleno. Bajo las condiciones establecidas por la legislación agraria, la asamblea de un ejido puede autorizar que sus integrantes adopten el dominio pleno sobre sus parcelas. Posteriormente, el ejidatario interesado debe realizar el procedimiento correspondiente ante el Registro Agrario Nacional. Cuando éste concluye, la parcela sale del régimen ejidal y queda sometida al derecho común como propiedad privada.
La diferencia parece técnica, pero sus consecuencias son enormes. Una parcela que durante décadas estuvo vinculada a un régimen social puede convertirse legalmente en una propiedad susceptible de circular dentro del mercado inmobiliario. El propietario puede venderla siguiendo las disposiciones aplicables y la tierra puede terminar incorporándose a actividades completamente diferentes de aquellas para las cuales fue utilizada originalmente.
Esto no significa que todos los ejidatarios hayan seguido ese camino. Tampoco significa que adoptar dominio pleno equivalga necesariamente a vender. Miles de núcleos agrarios permanecieron dentro del régimen social y numerosas parcelas continúan siendo trabajadas por familias campesinas. La transformación de 1992 consistió precisamente en introducir la posibilidad de elegir entre diferentes caminos donde anteriormente existían mayores restricciones.
Para una familia campesina, sin embargo, esas decisiones no se producen dentro de un vacío económico. Un productor puede ser titular de varias hectáreas y al mismo tiempo carecer de dinero para sembrarlas. Puede poseer tierra, pero no tener un tractor; disponer de una parcela, pero enfrentar sequía; tener derechos agrarios, pero carecer de crédito; sembrar durante meses y descubrir al momento de cosechar que el precio obtenido apenas permite recuperar la inversión. En esas circunstancias, la tierra puede comenzar a representar dos cosas simultáneamente: un patrimonio que se desea conservar y un activo que podría venderse para resolver necesidades inmediatas.
PROCEDE: poner límites, nombres y documentos a la tierra
Después de la reforma comenzó una de las mayores operaciones de regularización territorial realizadas en el México contemporáneo. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, conocido como PROCEDE, buscó medir terrenos, establecer límites, identificar parcelas, reconocer derechos y entregar documentación a los integrantes de los núcleos agrarios.
La dimensión fue enorme. El Registro Agrario Nacional ha documentado trabajos de regularización sobre decenas de miles de núcleos agrarios y la expedición de millones de documentos. Lo que durante generaciones había sido reconocido mediante límites comunitarios, referencias físicas, acuerdos locales y expedientes agrarios comenzó a quedar representado con mayor precisión mediante planos, certificados, superficies y titulares identificados.
La certificación proporcionó seguridad jurídica a numerosos campesinos y permitió resolver problemas históricos de límites. Pero también creó condiciones para que la tierra pudiera relacionarse de otra manera con el mercado. Cuando una parcela tiene dimensiones claramente establecidas, ubicación geográfica, documentación y titular reconocido, resulta más sencillo celebrar operaciones jurídicas sobre ella.
La transformación ocurrió lentamente. No hubo una mañana en la que México despertara sin ejidos. El cambio se fue produciendo parcela por parcela, asamblea por asamblea, comunidad por comunidad.
La promesa de modernizar el campo
Quienes impulsaron la reforma argumentaron que el modelo agrario anterior había llegado a sus límites. El reparto no podía continuar indefinidamente y el campo necesitaba inversión, productividad, seguridad jurídica y nuevas formas de asociación. Bajo esta visión, proporcionar mayor libertad a los ejidatarios permitiría que dejaran de depender exclusivamente de las decisiones del Estado y pudieran asociarse con inversionistas, rentar tierras, acceder a proyectos productivos o decidir individualmente sobre su patrimonio.
Sobre el papel, la tierra podía convertirse en una herramienta económica más flexible. En la realidad rural, sin embargo, apareció una enorme diferencia entre tener derechos jurídicos y tener capacidad económica. El pequeño productor debía competir en mercados donde también participaban agricultores altamente tecnificados, empresas agroindustriales y productores con acceso a maquinaria, financiamiento, sistemas de riego, infraestructura de almacenamiento y redes comerciales.
La parcela seguía ahí, pero alrededor de ella México estaba cambiando.
Las carreteras se ampliaban. Las ciudades crecían. Nuevas industrias buscaban terrenos. Aparecieron proyectos turísticos, mineros, energéticos e inmobiliarios. En determinados lugares, una hectárea cuyo valor había dependido históricamente de cuánto maíz, frijol o forraje podía producir comenzó a adquirir un precio completamente diferente por su ubicación.
Y allí apareció una nueva presión sobre la propiedad social.
Cuando el campo se convierte en terreno
Hay un momento particularmente significativo en la transformación territorial: cuando alguien deja de mirar una parcela como tierra agrícola y comienza a verla como terreno.
Para una familia campesina, diez hectáreas pueden representar varias generaciones de trabajo. Para una empresa inmobiliaria pueden representar un futuro fraccionamiento. Para una industria, espacio para una planta. Para un proyecto energético, superficie disponible. Para una ciudad en crecimiento, suelo para su expansión. Para un desarrollador turístico, una oportunidad de inversión.
El terreno físicamente es el mismo. Lo que cambia es su valor económico y la manera en que diferentes actores lo imaginan.
Esta diferencia ayuda a comprender muchos de los conflictos surgidos alrededor de tierras ejidales durante las últimas décadas. El campesino puede negociar pensando en el valor agrícola actual de su parcela, mientras que el comprador puede estar calculando su valor futuro después de un cambio de uso de suelo, la construcción de una carretera o la expansión de una zona urbana. Cuando existe una gran diferencia de información y capacidad económica entre ambas partes, la negociación puede ser profundamente desigual.
Por eso la discusión sobre la reforma agraria de 1992 no puede limitarse a determinar si vender una parcela es legal. También obliga a preguntar bajo qué condiciones se tomó la decisión, qué información tenía el propietario, cuánto conocía sobre el valor futuro de su tierra y qué alternativas económicas tenía antes de desprenderse de ella.
No ocurrió una privatización total
Más de tres décadas después, los datos permiten descartar una idea extrema: México no convirtió automáticamente toda su propiedad social en propiedad privada. El régimen ejidal sobrevivió y continúa ocupando una enorme extensión del territorio nacional. Millones de hectáreas siguen perteneciendo a ejidos y comunidades y las asambleas agrarias continúan tomando decisiones sobre tierras de uso común, parcelas y recursos.
Investigaciones realizadas con información del Registro Agrario Nacional han mostrado, sin embargo, que cientos de miles de parcelas sí han salido del régimen ejidal mediante dominio pleno. Un estudio publicado con información disponible hasta 2017 contabilizó alrededor de 284 mil parcelas que habían seguido ese procedimiento, equivalentes a aproximadamente 3.5 millones de hectáreas. La misma investigación encontró que miles de ejidos habían adoptado dominio pleno en al menos una parte de su superficie.
Las cifras muestran una realidad mucho más compleja que las dos narrativas que suelen enfrentarse cuando se habla de 1992. Ni desapareció el ejido ni permaneció intacto. La propiedad social mexicana comenzó a transformarse de manera desigual según la región, el valor de la tierra, las oportunidades económicas, la cercanía con las ciudades, la presión inmobiliaria y las decisiones de cada núcleo agrario.
Además, estudios sobre operaciones de compraventa han señalado que una proporción importante de las transacciones ocurrió entre los propios integrantes del sector social. Esto significa que la aparición de un mercado de tierras no produjo automáticamente una transferencia generalizada hacia grandes empresas. En algunos lugares hubo ventas internas; en otros aparecieron compradores externos; algunas comunidades conservaron sus tierras y otras comenzaron procesos graduales de privatización.
El mapa mexicano se volvió un mosaico.
Atenco: cuando una hectárea deja de valer solamente por lo que produce
Uno de los casos más conocidos para comprender la relación entre propiedad ejidal, infraestructura y valor territorial es San Salvador Atenco, en el Estado de México. La construcción de un nuevo aeropuerto convirtió tierras agrícolas en espacios estratégicos para uno de los mayores proyectos de infraestructura del país y produjo conflictos sociales que alcanzaron dimensión nacional.
Investigaciones académicas realizadas en ejidos de esa región han documentado procesos de adopción de dominio pleno y venta de tierras. Un estudio sobre cuatro ejidos registró la venta de alrededor de 1,957 hectáreas de las 4,870 consideradas en la investigación. Más allá de las cifras, el caso mostró lo que sucede cuando el valor de la tierra cambia radicalmente debido a un proyecto externo.
Una hectárea puede valer determinada cantidad mientras produce cultivos. Pero si mañana pasa una carretera, se construye un aeropuerto o una ciudad comienza a rodearla, su precio potencial puede transformarse. Para el campesino que vende hoy, el dinero recibido puede parecer una oportunidad difícil de rechazar. Para quien compra pensando en el futuro, esa misma tierra puede representar una inversión extraordinaria.
Es precisamente en esa distancia donde se encuentra uno de los grandes debates sobre la tierra mexicana contemporánea.
La tierra también cambió dentro de las familias
La reforma tuvo consecuencias que difícilmente pueden observarse desde una oficina gubernamental. En las comunidades rurales, la propiedad está ligada a relaciones familiares, herencias y expectativas generacionales. Durante décadas, los hijos crecieron observando la parcela de sus padres con la posibilidad de continuar trabajando sobre ella. La migración, la urbanización y los cambios económicos comenzaron a romper progresivamente esa continuidad.
Muchos jóvenes dejaron el campo porque la agricultura ya no garantizaba ingresos suficientes. Otros estudiaron y encontraron trabajo en las ciudades. Algunos emigraron a Estados Unidos. En numerosas comunidades quedaron padres y abuelos trabajando superficies que sus hijos probablemente ya no cultivarían.
Cuando eso ocurre, la tierra adquiere otro significado.
Para quien pasó cincuenta años sembrándola puede ser imposible imaginar su venta. Para un hijo que vive desde hace veinte años en otra ciudad, esa misma parcela puede representar un patrimonio que nunca piensa trabajar. Una generación observa surcos, cosechas y recuerdos; la siguiente puede observar un activo económico.
No es necesariamente falta de cariño por la tierra. Es también consecuencia de un país que modificó profundamente su economía y su distribución poblacional.
La transformación silenciosa del territorio
En las periferias de numerosas ciudades mexicanas todavía puede observarse físicamente este proceso. Fraccionamientos construidos sobre antiguos terrenos agrícolas, parques industriales levantados donde anteriormente pastaba ganado, carreteras atravesando viejas parcelas y desarrollos comerciales ocupando superficies que alguna vez pertenecieron a núcleos agrarios.
La transformación puede tardar décadas.
Primero llega una carretera. Después aparecen algunos negocios. El precio de la hectárea aumenta. Comienzan las ofertas. Algunos propietarios venden. Otros conservan sus terrenos. Más adelante llega la urbanización y, finalmente, resulta difícil imaginar que aquel lugar alguna vez fue campo.
En estados de enorme extensión territorial como Chihuahua, este fenómeno adquiere especial relevancia. La presión sobre la tierra no proviene únicamente de la expansión urbana. Agricultura intensiva, disponibilidad de agua, minería, industria, generación de energía, carreteras y desarrollo inmobiliario pueden modificar el valor de superficies que históricamente tuvieron vocación agrícola o ganadera.
La pregunta sobre el futuro de los ejidos se conecta entonces con otra cuestión todavía mayor: quién controlará el territorio durante las próximas décadas.
Una historia que todavía no termina
A más de treinta años de la reforma constitucional de 1992, el ejido continúa formando parte fundamental del territorio mexicano. No fue abolido. No desapareció. Tampoco quedó intacto.
Lo que México hizo fue modificar las reglas de una institución nacida de uno de los conflictos sociales más profundos de su historia. La tierra que después de la Revolución había sido protegida para evitar nuevamente su concentración quedó incorporada a un sistema en el que, bajo determinados procedimientos, puede transformarse en propiedad privada y participar con mayor facilidad en el mercado.
Para algunos ejidatarios aquello significó libertad para decidir sobre su patrimonio. Para otros abrió oportunidades de asociación e inversión. En determinadas regiones permitió regularizar derechos que durante años habían permanecido inciertos. Pero la misma transformación ocurrió en un campo marcado por desigualdades económicas, migración, falta de crédito, escasez de agua y diferencias enormes entre la capacidad financiera de un pequeño productor y la de una empresa interesada en adquirir o utilizar territorio.
Por eso la historia del ejido mexicano no puede reducirse a una discusión entre privatización y propiedad colectiva. En medio están las personas.
Está el campesino que conserva una parcela porque perteneció a su padre. Está la mujer que heredó derechos agrarios y debe participar en decisiones que pueden cambiar el patrimonio familiar. Está el joven que emigró porque sembrar ya no alcanza para vivir. Está el productor que necesita vender algunas hectáreas para pagar una deuda. Está también quien rechaza ofertas porque considera que la tierra no tiene precio, y quien decide vender porque el dinero representa una oportunidad que probablemente no volverá a presentarse.
Cada decisión modifica silenciosamente el mapa de México.
La tierra después de la tierra
Quizá la transformación iniciada en 1992 sólo puede comprenderse plenamente cuando se observa desde una parcela y no únicamente desde la Constitución. Sobre el terreno desaparecen las palabras técnicas y quedan las decisiones humanas: sembrar o rentar, conservar o vender, quedarse o emigrar, heredar o dividir.
Durante buena parte del siglo XX, el Estado mexicano intentó responder a una pregunta surgida de la Revolución: cómo devolver tierra a quienes no la tenían. Más de un siglo después de la Constitución de 1917 y más de tres décadas después de la reforma de 1992, México enfrenta una pregunta diferente.
¿Qué ocurre con esa tierra cuando las generaciones que la recibieron desaparecen, cuando los hijos ya no quieren cultivarla, cuando el agua escasea y cuando alrededor de las parcelas aparecen ciudades, industrias, minas, carreteras y proyectos multimillonarios?
El ejido sobrevivió a la reforma. Lo que cambió fue el mundo que lo rodeaba y las posibilidades jurídicas sobre su territorio.
Por eso el verdadero tema no está únicamente en saber cuántas hectáreas han pasado a dominio pleno. La investigación pendiente consiste en seguir el rastro de esas hectáreas: conocer quién las vendió, quién las compró, cuánto se pagó por ellas, qué ocurrió después con ese territorio y cuánto vale actualmente.
Porque detrás de cada certificado, cada acta de asamblea y cada cambio de régimen existe una historia familiar. Y detrás de millones de decisiones individuales está ocurriendo algo todavía más grande: la transformación del mapa de la propiedad rural en México.
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