El 20 de marzo de 1952, el presidente Alemán firmó el Decreto que declaraba “Zona Protectora Forestal y de Repoblación la cuenca de alimentación del río Florido”, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Decreto que únicamente se quedó en el papel y hoy en los anales de la historia.
HistoriasMX | Reportaje Especial. – En la primera mitad del siglo XX, mientras México se reconstruía tras los años de la Revolución y las políticas agrarias definían el destino del campo, una nueva preocupación emergía desde los despachos federales: el deterioro de los bosques y la erosión de las cuencas hidrográficas las cuales eran almacenes de microclimas que daban paso a zonas boscosas.
La Secretaría de Recursos Hidráulicos, creada en 1946 por el presidente Miguel Alemán Valdés, tenía ante sí el reto de proteger las zonas de captación que alimentaban los principales ríos del norte del país. En Chihuahua, una de esas regiones críticas era la cuenca del río Florido, un afluente vital del río Conchos que, a su vez, desemboca en el Bravo.
Un decreto con visión de futuro.
El 20 de marzo de 1952, el presidente Alemán firmó el Decreto que declaraba “Zona Protectora Forestal y de Repoblación la cuenca de alimentación del río Florido”, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
A solicitud de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) —entonces encabezada por el ingeniero Adolfo Orive Alba—, el documento establecía la veda forestal por tiempo indefinido sobre los montes comprendidos en esa zona.
El objetivo era claro y ambicioso: detener la tala inmoderada, prevenir la erosión y garantizar el abastecimiento de agua para las presas, riegos y comunidades del sur chihuahuense.
“Se declara zona protectora forestal y de repoblación la cuenca de alimentación del río Florido, comprendida dentro de los municipios de Villa López, Allende, Jiménez y Camargo, en el estado de Chihuahua”, señala el texto oficial (DOF, 1952).
El decreto también reconocía que otros municipios de la cuenca —Villa Coronado, Hidalgo del Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Villa Matamoros— ya habían sido incluidos en medidas previas: un acuerdo secretarial de 1934 y otro decreto de 1949.
Es decir, la medida de 1952 amplió la protección hacia la parte baja y media del río Florido, consolidando así un corredor de conservación que abarcaba desde las sierras de Parral y Santa Bárbara hasta los llanos de Jiménez y Camargo.
El espíritu de la protección.
En los años posteriores a la Revolución, la tala descontrolada y la apertura de tierras agrícolas habían dejado laderas pelonas y cauces colmatados de sedimentos. En Chihuahua, el gobierno federal ya había declarado zonas vedadas en las sierras Tarahumaras y en las cabeceras de los ríos Conchos, Balleza y Florido.
La política hidráulica de Miguel Alemán —considerado el presidente del “México moderno”— apostaba por el desarrollo agrícola a través del riego, pero entendía que sin bosques no hay agua.
El decreto de 1952 fue parte de esa estrategia: proteger para producir.
Municipios y extensión del decreto.
Según las descripciones técnicas y los estudios posteriores (SAG 1952a; Conagua 2003; Conanp 2012), la zona protectora forestal del río Florido comprendía decenas de miles de hectáreas de bosques y pastizales distribuidos en las siguientes jurisdicciones:
- Villa López: zona serrana que alimenta los primeros manantiales del Florido.
- Allende: laderas medias con bosques de pino-encino, históricamente afectadas por tala selectiva.
- Jiménez: planicies y bordos naturales que recogen escurrimientos hacia el río.
- Camargo: parte baja de la cuenca, donde el río se integra al sistema del Conchos.
Mientras tanto, las porciones serranas de Villa Coronado, Hidalgo del Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Villa Matamoros ya gozaban de protección desde los decretos anteriores.
Antecedentes: 1934 y 1949.
El primer antecedente legal fue un acuerdo secretarial firmado en 1934, que establecía restricciones forestales sobre las cabeceras de los ríos Conchos y Florido, principalmente en la Sierra de Santa Bárbara.
Luego, en 1949, el presidente Miguel Alemán amplió esas disposiciones mediante un nuevo decreto, reafirmando la necesidad de proteger las fuentes de agua para la agricultura en el Valle de Jiménez.
El de 1952 vino a cerrar el círculo, integrando toda la cuenca bajo un marco único de protección.
Una medida visionaria que aún pesa.
Con el paso del tiempo, aquel decreto se convirtió en una referencia histórica de la política ambiental mexicana. Aunque no siempre se respetó al pie de la letra, su legado es visible en los estudios y planes de manejo que aún hoy citan la denominación “Zona Protectora Forestal y de Repoblación del Río Florido (SAG 1952a)”.
Sin embargo, en campo, los efectos del cambio de uso de suelo, la ganadería extensiva y la deforestación irregular han erosionado buena parte del espíritu original de aquella medida.
En los años recientes, instituciones como Conagua, Conanp y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado han retomado la referencia de ese decreto para diseñar nuevas estrategias de conservación, manejo de cuencas y restauración ambiental en el sur de Chihuahua —aunque han sido estas dependencias, las cuales se han plagado de corrupción, permitiendo el desastre ecológico del Río Florido; siendo de manera directa la SEMARNAT y CONAGUA.
La cuenca que da vida al sur de Chihuahua.
Si se trazara un mapa del sur de Chihuahua con los ríos que alimentan sus valles agrícolas, uno de los más notables sería el río Florido, un curso de agua que nace en las montañas de Parral y recorre más de 250 kilómetros antes de unirse al río Conchos, el más importante del estado y uno de los principales tributarios del río Bravo del Norte.
En torno a su cauce, se extiende una de las cuencas más estratégicas del norte de México, tanto por su valor ecológico como por su peso en la economía regional. Por esa razón, hace más de setenta años fue declarada Zona Protectora Forestal y de Repoblación, mediante el histórico decreto presidencial de 1952.
Un territorio que conecta montaña y desierto.
La cuenca del río Florido ocupa una franja que conecta las sierras boscosas del suroeste de Chihuahua con las llanuras semidesérticas del Valle de Jiménez y Camargo. Es una región de contrastes: en las partes altas, los bosques de pino, encino y madroño captan la humedad de las lluvias de verano; más abajo, los llanos áridos sostienen cultivos de alfalfa, nogal y forraje bajo sistemas de riego.
El nacimiento del río se localiza en las inmediaciones de la Sierra de Santa Bárbara y la Sierra de Parral, en la zona de los municipios de San Francisco del Oro, Hidalgo del Parral y Villa Matamoros. Desde ahí, los escurrimientos se agrupan en una corriente principal que atraviesa Villa Coronado, continúa hacia Allende y Villa López, y finalmente se abre paso por el municipio de Jiménez, donde riega los campos antes de entrar a Camargo.
La cuenca cubre aproximadamente 13,500 kilómetros cuadrados, aunque las zonas forestales protegidas por el decreto de 1952 comprenden solo una fracción de ese total, principalmente en las partes medias y altas, donde el suelo, la pendiente y el tipo de vegetación son cruciales para la infiltración de agua y la recarga de acuíferos.
El corazón hidráulico del Conchos.
El río Florido es uno de los principales afluentes del sistema Conchos-Bravo, vital para la agricultura y el abasto de agua del norte del país.
Sus aguas alimentan presas como La Boquilla, Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero), que a su vez regulan el riego de los valles agrícolas de Delicias, Camargo y Jiménez.
La Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) reconoció, ya desde los años cuarenta, que la deforestación acelerada en las cabeceras del Florido estaba provocando asolvamiento de presas, pérdida de suelo y reducción del caudal base.
Por eso, el decreto de 1952 no fue un acto aislado, sino parte de una política nacional para proteger las cuencas de los ríos más importantes para el desarrollo hidráulico del país.
“Sin bosques no hay agua”, era la consigna repetida por los técnicos forestales y los ingenieros hidráulicos de la época.
Municipios y zonas bajo protección.
El decreto de 1952 amplió la protección hacia el centro y sur de la cuenca, incluyendo formalmente las porciones ubicadas en los municipios de Villa López, Allende, Jiménez y Camargo.
Cada uno de estos municipios tiene un papel distinto en la dinámica ecológica e hidrológica del río:
- Villa López: Se encuentra en la parte media de la cuenca. Sus serranías recogen buena parte de los escurrimientos que dan origen al cauce principal.
- Allende y Coronado: Alberga zonas de bosque mixto y cañadas profundas que alimentan manantiales; su topografía permite una recarga natural de acuíferos.
- Jiménez: Es el punto de transición entre las sierras y las planicies. El río cruza su territorio en un corredor ecológico que da vida a la zona agrícola y ganadera.
- Camargo: Representa la salida natural del río hacia el sistema del Conchos; es el punto donde las aguas del Florido se integran al cauce mayor y alimentan presas y canales de riego.
Por su parte, Villa Coronado, Hidalgo del Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Villa Matamoros habían sido incluidos desde 1934 y 1949, cuando se dictaron los primeros acuerdos de protección sobre las cabeceras de la cuenca.
Ecosistemas y biodiversidad.
Los ecosistemas de la cuenca del Florido son de alta diversidad biológica. En las partes altas predominan los bosques templados con pinos como Pinus arizonica y encinos (Quercus sideroxyla), acompañados de sotobosque de madroños, manzanilla silvestre y orquídeas terrestres.
En las zonas medias, los pastizales naturales se mezclan con chaparrales de gobernadora y huizache, que funcionan como barrera natural contra la erosión.
Y en las partes bajas, los márgenes del río sostienen galerías de sauces, álamos y mezquites, donde la fauna silvestre encuentra refugio: venado cola blanca, zorra gris, jabalí de collar, halcón peregrino y zorrillo listado, entre otras especies registradas por estudios de Conanp y la Secretaría de Medio Ambiente de Chihuahua.
“El equilibrio de la cuenca depende tanto de las laderas boscosas como de las zonas agrícolas: son vasos comunicantes que no pueden sobrevivir separados”, señala un informe técnico del Diagnóstico de Biodiversidad de Chihuahua (Conanp, 2012).
Una cuenca de vida y producción.
Además de su valor ambiental, el río Florido sostiene una amplia red de actividades económicas.
Los municipios que lo integran son conocidos por su producción de nuez, alfalfa, forraje, maíz y ganado de exportación. La disponibilidad de agua de riego —proveniente en parte del sistema Florido-Conchos— ha permitido el desarrollo de distritos agrícolas como el de Jiménez-Camargo, uno de los más productivos del estado.
No obstante, esa misma presión agrícola ha sido también una de las principales amenazas para el equilibrio de la cuenca: el desmonte, la sobreexplotación de acuíferos y el uso de agroquímicos han afectado los suelos y la calidad del agua.
El significado de una zona protectora.
Cuando el decreto de 1952 declaró zona protectora a la cuenca del río Florido, lo hizo con base en tres principios que siguen siendo válidos hoy:
- Conservar los bosques y suelos de las montañas.
- Regular el uso del agua y prevenir la erosión.
- Garantizar el equilibrio entre la producción agrícola y la recarga natural del río.
Aunque se trató de una medida legal pionera, su efectividad ha dependido de la vigilancia y manejo local, que con los años ha sido desigual.
En algunos municipios, los ejidos y comunidades forestales han desarrollado proyectos de reforestación y manejo sustentable, mientras que en otros, la falta de control ha permitido que se pierdan zonas clave para la infiltración de agua.
Un patrimonio natural en disputa.
Hoy, más de siete décadas después, la cuenca del río Florido sigue siendo vital para el sur de Chihuahua. Su agua continúa alimentando los sistemas de riego que sostienen la economía de toda la región, pero los bosques que la resguardan se enfrentan al desgaste del tiempo, al cambio climático y a la falta de cumplimiento del decreto original.
Aun así, los especialistas coinciden en algo: proteger el Florido no es solo un asunto histórico, sino una urgencia ambiental y social.
La veda forestal indefinida: una promesa que envejeció.
En el papel, la cuenca del río Florido lleva más de siete décadas bajo protección federal. El decreto firmado el 20 de marzo de 1952 por el presidente Miguel Alemán Valdés, estableció una veda forestal por tiempo indefinido en toda la zona de alimentación del río, con la intención de detener la deforestación, conservar los suelos y asegurar el abastecimiento de agua.
Era una decisión visionaria, acorde con los ideales de una época que creía en el progreso, pero también en el poder del Estado para regular los recursos naturales.
Sin embargo, el tiempo demostró que proteger una cuenca no depende solo de un decreto, sino de la voluntad social y del cumplimiento institucional.
Una veda “por tiempo indefinido”.
El decreto de 1952 fue claro: los montes ubicados dentro de la cuenca del río Florido quedarían sujetos a veda forestal indefinida, lo que significaba que no podrían ser talados, desmontados ni explotados sin autorización directa de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Esa medida respondía a un diagnóstico alarmante. Informes técnicos de la época —registrados en el archivo de la SAG 1952a y en publicaciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos— advertían sobre la erosión acelerada en las laderas, el asolvamiento de presas y la disminución de los manantiales que alimentaban al Florido.
“Los desmontes indiscriminados y el pastoreo excesivo están agotando las aguas superficiales y destruyendo las condiciones naturales de recarga”, señalaba un oficio de la SRH fechado en 1951.
El decreto buscaba detener esa tendencia mediante una herramienta simple: la veda forestal total. Pero en la práctica, el control fue limitado.
Entre la ley y la tala.
Durante las décadas siguientes, el decreto permaneció formalmente vigente, pero en muchas zonas la vigilancia fue inexistente.
La falta de personal forestal, la extensión del territorio y la expansión de la frontera agrícola hicieron que, poco a poco, la veda se convirtiera en una figura más simbólica que efectiva.
En los años setenta y ochenta, con el auge de la agricultura mecanizada y la apertura de nuevas tierras de cultivo, buena parte de las laderas vedadas fueron desmontadas para sembrar pastos o instalar huertas de nogal, especialmente en los municipios de Allende, Coronado, López y Jiménez.
“En teoría seguía prohibido cortar, pero todos lo hacían. No había nadie que viniera a revisar”, recuerda un campesino de la zona de Villa López, que conoció los bosques del Florido cuando aún eran frondosos.
Según datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre 1980 y 2000 el sur de Chihuahua perdió alrededor de un 35% de su cobertura forestal original, buena parte dentro de zonas con algún tipo de veda o protección.
El costo ambiental: erosión y sedimentos.
La pérdida de vegetación tuvo un efecto directo sobre el río Florido.
Estudios de Conagua y del Instituto Nacional de Ecología (INE) documentaron que los sedimentos procedentes de las laderas deforestadas aceleraron el asolvamiento de presas como Las Vírgenes y El Granero, reduciendo su capacidad de almacenamiento y afectando el riego agrícola.
La erosión también alteró la calidad del agua, incrementando la turbidez y disminuyendo los caudales base en temporada seca.
“La veda forestal del Florido fue un instrumento avanzado para su tiempo, pero careció de una política de manejo. Sin reforestación ni control del uso de suelo, la erosión siguió avanzando”, resume un estudio técnico del Programa Nacional de Cuencas (CONAGUA, 2010).
De la prohibición al manejo sustentable.
A partir de la década del 2000, la política forestal mexicana comenzó a cambiar de enfoque.
En lugar de mantener vedas totales —que a menudo eran ignoradas—, se impulsaron programas de manejo sustentable, pago por servicios ambientales y conservación comunitaria.
En el caso del río Florido, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno de Chihuahua implementaron algunos proyectos piloto en ejidos de Allende y Villa López, donde los propios campesinos realizan labores de reforestación, control de incendios y restauración de suelos.
El Fondo Forestal Mexicano y la CONAFOR han destinado apoyos económicos a productores que conservan bosque nativo o aplican prácticas de manejo que favorecen la infiltración de agua.
“Los bosques de la cuenca del Florido no deben verse como una restricción, sino como una inversión en agua y futuro”, explica Juan Carlos Pineda, técnico forestal de la región.
Lo que queda de la veda.
Hoy, más de 70 años después de su promulgación, el decreto de veda de 1952 sigue formalmente vigente, aunque con alcances modificados por las nuevas leyes ambientales.
Ya no se aplica como una prohibición absoluta, sino como una zona de protección prioritaria reconocida por Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En los mapas oficiales del Catálogo de Vedas Forestales de México, la “Zona Protectora Forestal y de Repoblación del Río Florido (SAG 1952a)” aparece registrada como vigente, dentro de la cuenca del Río Conchos, en los municipios ya señalados: Villa López, Allende, Jiménez y Camargo, además de los incluidos en decretos anteriores.
Sin embargo, los límites originales del decreto no han sido actualizados con precisión geográfica moderna, lo que dificulta su aplicación efectiva.
Las nuevas amenazas.
A las viejas prácticas de tala y sobrepastoreo se suman ahora retos contemporáneos:
- El cambio climático, que altera los patrones de lluvia y reduce los caudales de recarga.
- La expansión del nogalero, que demanda grandes volúmenes de agua.
- El crecimiento urbano desordenado en zonas como Jiménez y Camargo.
Expertos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) advierten que, si no se recuperan las zonas de recarga del Florido, la seguridad hídrica del Valle de Jiménez podría estar en riesgo en los próximos 20 años
El valor de mirar atrás.
Pese a todo, el decreto de 1952 representa una de las primeras políticas de conservación integrales en el norte de México. Fue un intento temprano de conectar bosque, agua y agricultura bajo una visión de largo plazo.
Aunque envejeció sin los mecanismos de seguimiento que hoy serían indispensables, su espíritu sigue inspirando programas de restauración y manejo de cuencas.
En palabras de un ingeniero de Conagua:
“La cuenca del Florido fue declarada zona protectora antes de que existiera el concepto de desarrollo sustentable. Hoy entendemos que aquellos decretos fueron el punto de partida para todo lo que vino después.”
Un legado que resiste.
A lo largo del río Florido, aún pueden encontrarse bosques de pino y encino que sobreviven, pastizales nativos que protegen el suelo y comunidades que comprenden el valor del agua.
Son los últimos vestigios de aquella visión que en 1952 intentó asegurar el futuro.
El reto, hoy, es renovar ese pacto con la naturaleza, no desde la imposición de una veda, sino desde la colaboración entre quienes viven, siembran y dependen del río.
Porque, como dice un viejo refrán serrano que aún se escucha en Villa López:
“El que cuida el monte, cuida el agua… y el que cuida el agua, cuida la vida.”
Entre la ley y la realidad: el legado olvidado del decreto del río Florido
Hace más de setenta años, el presidente Miguel Alemán Valdés firmó un decreto que pretendía garantizar la conservación de una de las cuencas más importantes del norte del país: la del río Florido. A solicitud de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, la medida buscaba detener la tala, proteger los suelos y asegurar el agua que alimentaba al río Conchos, vital para la vida agrícola y urbana del sur de Chihuahua.
Aquel decreto de 1952, que establecía la “Zona Protectora Forestal y de Repoblación de la Cuenca de Alimentación del Río Florido”, representó un hito de política ambiental en México. Sin embargo, siete décadas después, el paisaje ha cambiado drásticamente: los bosques han desaparecido, el agua escasea y el equilibrio que se intentó preservar se ha desvanecido entre el crecimiento agrícola, la tala y la presión del desarrollo humano.
Un legado que se fue desdibujando.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1952, estableció una veda forestal indefinida sobre las montañas y laderas comprendidas en los municipios de Villa López, Allende, Jiménez y Camargo. El propósito era evitar la deforestación y asegurar que las zonas altas continuaran alimentando los escurrimientos del Florido, uno de los principales tributarios del río Conchos.
En ese momento, otras zonas serranas —como Villa Coronado, Hidalgo del Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Villa Matamoros— ya contaban con medidas similares desde 1934 y 1949. Con el nuevo decreto, el gobierno federal extendía la protección a toda la cuenca, consolidando una estrategia integral de conservación.
Era, en palabras de los documentos de la época, una acción “para garantizar el porvenir agrícola e hidráulico del sur de Chihuahua”.
Pero con el paso de los años, la política de protección se fue diluyendo frente a una realidad distinta: la expansión agrícola, el auge del monocultivo del nogal y la creciente demanda de agua subterránea alteraron irreversiblemente la vocación natural del territorio.
La cuenca que cambió de rostro.
En la actualidad, la cuenca del río Florido sigue siendo estratégica. Recorre más de 250 kilómetros desde las sierras de Santa Bárbara y Parral hasta unirse al río Conchos, cerca de Camargo. En su trayecto atraviesa zonas rurales, valles agrícolas y comunidades históricas como Villa López, Jiménez y Coronado, cuyas economías dependen casi por completo del agua.
Sin embargo, el paisaje que alguna vez estuvo cubierto por bosques de álamos, sauces, pinos y encinos, hoy luce fragmentado. Los testimonios de pobladores de la región y los estudios técnicos de la Conagua y la Conanp coinciden: el deterioro de la vegetación ribereña y de los suelos forestales ha sido progresivo e intenso desde la década de 1970.
La expansión de la frontera agrícola, especialmente del monocultivo del nogal pecanero, trajo consigo la apertura de miles de hectáreas de riego, pozos profundos y una sobreexplotación constante del acuífero Jiménez-Camargo, uno de los más utilizados del estado.
A esto se sumó la tala ilegal, muchas veces silenciosa, que afectó las áreas montañosas de Villa Coronado y López, donde aún persisten relictos de vegetación original.
Agua en disputa.
El acuífero Jiménez-Camargo fue declarado en sobreexplotación desde los primeros años del siglo XXI. Las extracciones superan con creces la recarga natural, y el abatimiento del nivel freático es visible en los pozos agrícolas.
Paradójicamente, el decreto de 1952 que pretendía conservar el agua de la cuenca hoy sirve solo como referencia histórica, pues no existen mecanismos activos de cumplimiento ni vigilancia. Las vedas forestales nunca se derogaron, pero tampoco se aplican.
El resultado es un territorio en tensión: ríos y arroyos con caudales mínimos, presas en recuperación lenta y comunidades rurales que ven cómo el agua y los árboles se alejan al mismo ritmo.
La extinción silenciosa de los álamos.
Uno de los impactos más visibles —y menos documentados— es la desaparición de los bosques de álamos y flora nativa a lo largo del cauce del río Florido, especialmente en los municipios de Coronado, López, Jiménez y Camargo.
Estos ecosistemas ribereños, conocidos por su papel en la filtración de agua y la regulación térmica, fueron desplazados primero por la tala indiscriminada, y más tarde por la expansión de los cultivos.
Los antiguos corredores verdes que acompañaban al Florido hoy son franjas dispersas, interrumpidas por canales, drenes y huertas.
La presa Pico del Águila: un punto de inflexión.
La construcción de la presa Pico del Águila, en el municipio de Coronado, marcó otro capítulo decisivo en la transformación de la cuenca. Si bien su propósito fue regular avenidas y fortalecer el riego agrícola, también alteró la dinámica natural del río.
La presa cambió los patrones de flujo, afectó los ecosistemas ribereños y contribuyó a la pérdida de humedad en zonas aguas abajo, especialmente en los tramos entre López y Jiménez.
Con el paso del tiempo, la regulación artificial del caudal y la reducción de aportaciones naturales desde las sierras aceleraron la degradación ecológica de la zona protectora.
Entre la ley y la realidad.
El decreto de 1952 sigue vigente en los registros legales y en los catálogos de zonas vedadas de la Conagua, pero no en la práctica. Las comunidades asentadas a lo largo del río Florido desconocen su existencia, y las instituciones ambientales carecen de presencia constante en la región.
Las montañas que alguna vez se decretaron como “zona protectora” ahora están cubiertas por potreros, huertas y campos de cultivo; los suelos muestran signos de erosión; los cauces menores permanecen secos buena parte del año.
Lo que fue una política de conservación con visión de futuro se convirtió, con el tiempo, en un testimonio del abandono institucional y de la presión productiva sobre los ecosistemas.
El espejo del futuro.
Hoy, hablar del decreto del río Florido es hablar de un legado inconcluso. Una medida pionera que anticipó la importancia de cuidar las cuencas, pero que no resistió el paso del desarrollo agrícola sin control.
Los expertos coinciden: sin una gestión integral del agua, un uso responsable del suelo y un programa real de restauración forestal, la cuenca del Florido podría perder su capacidad de regeneración en los próximos años.
El río que alguna vez fue símbolo de abundancia hoy es también reflejo del costo ambiental del progreso.
Por: Gorki Rodríguez.
