Tres casos, tres muertes violentas, un mismo patrón: policías que, en momentos de crisis personal, utilizaron las armas del Estado para dirimir conflictos íntimos y terminar con su propia vida.
Un mes de violencia dentro de los cuerpos de seguridad.
HISTORIASMX. – Mayo y septiembre de 2025 han quedado marcados por hechos que cimbraron a la opinión pública en Chihuahua. En cuestión de semanas, distintos casos colocaron a agentes estatales y municipales no como garantes de la seguridad, sino como protagonistas de tragedias íntimas y brutales.
Durante el mes de mayo en el municipio de Cuauhtémoc, el comandante Ernesto Alonso Hernández, conocido como “El Pollo”, disparó contra su pareja sentimental —empleada del Centro de Justicia para las Mujeres— para luego quitarse la vida en las instalaciones de la Fiscalía. El episodio, que dejó también a una hija en la orfandad, impactó tanto en esa ciudad como en su natal Parral, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria en la Agencia Estatal de Investigación. Cabe destacar que el hoy occiso empleo su arma de cargo, tanto para cometer el asesinato como para quitarse la vida -Arma de fuego de la corporación-.
Tres meses después, en el municipio de Gran Morelos, el sábado 13 de septiembre, otro hecho de violencia conmovió al gremio policiaco y la ciudadanía. El entonces director de Seguridad Pública Municipal, Ricardo D. R., de 27 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso por el feminicidio de su esposa de 25 años de edad Jéssica G. J., a quien habría disparado tras una discusión en su domicilio. La noticia evidenció que no se trataba de un caso aislado, sino de una constante que se repite con distintos rostros y uniformes.
El 14 de septiembre, la tragedia volvió a golpear. En un hotel de Chihuahua capital, el agente estatal Alejandro Vladimir N. de aproximadamente 40 años de edad, fue hallado sin vida junto a una mujer, quien era cadete en curso de analista de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) quien respondía al nombre de Teresa R. M. Las investigaciones apuntaron a que el oficial la habría estrangulado antes de dispararse con su propia arma. Apenas un día antes, había viajado desde Ciudad Juárez para participar en el desfile conmemorativo de la Independencia.
Tres casos, tres muertes violentas, un mismo patrón: policías que, en momentos de crisis personal, utilizaron las armas del Estado para dirimir conflictos íntimos y terminar con su propia vida.
El trasfondo psicológico: el costo de cargar un uniforme.
Más allá de los titulares, estos hechos reflejan un problema que especialistas en psicología policial llevan años advirtiendo: el trabajo de los cuerpos de seguridad está marcado por el estrés crónico. Exposición constante a escenas violentas, sobrecarga laboral, falta de reconocimiento social y bajos salarios conforman un terreno fértil para que los trastornos emocionales se multipliquen.
En este contexto, los policías suelen reprimir sus emociones. La cultura institucional castiga la vulnerabilidad y desalienta la búsqueda de ayuda psicológica. Así, muchos elementos viven bajo una doble presión: el riesgo externo de su labor y el silencio interno frente a sus propios conflictos. Cuando estas tensiones se cruzan con problemas familiares, el resultado puede ser devastador.
Psicólogos denominan a esto el “colapso del rol”: la ruptura entre la imagen de control que el agente proyecta en la calle y la incapacidad de sostener ese control en su vida privada. Los casos de Cuauhtémoc, Gran Morelos y Chihuahua capital encajan en esta lógica: policías entrenados para imponer orden que, incapaces de gestionar el caos personal, transforman sus armas en instrumentos de violencia íntima.
El vacío institucional: una seguridad que no cuida a sus cuidadores.
Estos hechos no son solo tragedias personales. Son también la prueba de un vacío estructural dentro de las corporaciones estatales y municipales de Chihuahua.
Las instituciones han privilegiado la lógica militar y operativa por encima del cuidado humano. No existen programas permanentes de atención psicológica, ni protocolos que limiten el uso de armas de cargo cuando un elemento atraviesa por crisis personales. Tampoco se han consolidado redes de apoyo internas que permitan a los agentes hablar de sus problemas sin temor a ser juzgados o castigados.
El resultado es un cuerpo policiaco que funciona como barrera de contención contra la violencia externa, pero que deja desprotegidos a sus propios integrantes. Paradójicamente, quienes están llamados a proteger a la ciudadanía carecen de mecanismos básicos de protección emocional.
Lo que se necesita: cuidar la mente para cuidar la seguridad.
Los especialistas coinciden en que la solución no puede esperar. Se requiere una transformación institucional que coloque la salud mental en el centro de la agenda de seguridad. Esto implica evaluaciones psicológicas periódicas, capacitación en regulación emocional, protocolos de restricción de armas en casos de crisis, y campañas que eliminen el estigma de pedir ayuda.
No se trata únicamente de evitar tragedias como las recientes, sino de garantizar que la labor policial se ejerza con claridad, estabilidad y equilibrio. Un agente emocionalmente agotado es un riesgo para sí mismo, para su familia y para la sociedad.
Una llamada de atención para Chihuahua.
Los casos ocurridos en 2025 son una alerta que no debe ser ignorada. Cada muerte, cada feminicidio y cada suicidio dentro de las filas policiacas evidencian una falla institucional profunda. Mientras no se atienda el bienestar emocional de los agentes, la seguridad seguirá siendo frágil, pues estará sostenida por hombres y mujeres al borde del colapso.
Hablar de salud mental policial no es un lujo ni una concesión: es una urgencia ética y social. Cuidar a quienes nos cuidan significa también reconocer que la paz pública comienza en el interior de quienes portan el uniforme..
Por: Gorki Rodríguez.
