La comunicación política eficaz no consiste en comprar elogios ni silenciar críticas, sino en mantener canales abiertos, ofrecer información verificable y comprender que los medios representan un puente entre el poder público y la sociedad
HISTORIASMX. – En una comunidad pequeña, el político y el periodista inevitablemente terminan encontrándose. Coinciden en ceremonias, recorridos de obra, conferencias, emergencias, campañas electorales y reuniones públicas. Se saludan, conversan y, con el paso del tiempo, pueden construir una relación de confianza. El problema comienza cuando esa confianza se confunde con obediencia.
Durante décadas se ha repetido una frase dentro de la política: “hay que estar bien con la prensa”. En ocasiones se utiliza como una recomendación legítima de relaciones públicas; en otras, como una manera discreta de hablar sobre convenios publicitarios, favoritismos, silencios negociados o cobertura favorable.
Por eso conviene comenzar con una precisión fundamental: los políticos no necesitan que los periodistas sean sus amigos personales. Necesitan mantener con ellos una relación profesional, respetuosa, accesible, transparente y estable. La amistad puede existir, porque políticos y periodistas también son personas, pero nunca debe convertirse en condición para informar, obtener entrevistas, recibir publicidad oficial o acceder a documentos públicos.
La relación saludable no es aquella en la que el periodista protege al político. Es aquella en la que el político entiende que el periodista tiene derecho a preguntar, investigar, contrastar y publicar incluso aquello que resulte incómodo.
Tres agendas que se observan mutuamente.
La comunicación política se desarrolla mediante la interacción de tres agendas:
| Agenda | Qué representa | Riesgo principal |
|---|---|---|
| Agenda pública | Los problemas que preocupan a la ciudadanía | Que sea ignorada por gobiernos y medios |
| Agenda política | Los asuntos que autoridades y partidos desean impulsar | Convertirse en propaganda o autopromoción |
| Agenda mediática | Los temas que los medios seleccionan, investigan y jerarquizan | Alejarse de las necesidades reales de la población |
La teoría de la agenda-setting explica que los medios no necesariamente ordenan a las personas qué pensar, pero sí influyen en los asuntos sobre los cuales la sociedad piensa y conversa. Las investigaciones también muestran que la influencia no funciona en una sola dirección: políticos, medios y ciudadanía se observan y reaccionan entre sí.
Un estudio comparativo publicado en Journal of Communication concluyó que el poder de los medios para trasladar asuntos a la agenda política depende del tipo de problema, del medio que lo publica, de la naturaleza de la cobertura y del contexto político. La respuesta puede ir desde la indiferencia gubernamental hasta la adopción rápida del tema como prioridad pública.
En México, una investigación publicada por la Revista Mexicana de Opinión Pública de la UNAM examinó precisamente la relación entre la agenda pública y los temas jerarquizados en las portadas de El Universal y Reforma. El estudio forma parte de una amplia tradición académica que analiza cómo los asuntos destacados por la prensa terminan influyendo en la conversación pública y electoral.
Esto explica por qué un político responsable debe conocer la agenda mediática. No para controlarla, sino para entender qué problemas están adquiriendo relevancia, qué reclamos sociales no han recibido respuesta y qué información necesita la población.
Los medios funcionan como un sistema de alerta. Una sucesión de notas sobre falta de agua, inseguridad, caminos deteriorados, escuelas abandonadas o deficiencias hospitalarias puede revelar una preocupación colectiva antes de que aparezca en una encuesta o se convierta en una crisis política.
“Estar bien con los medios” no significa controlar a los medios.
Desde una perspectiva profesional, estar bien con los medios significa:
- Contestar llamadas y solicitudes de entrevista.
- Entregar información completa y comprobable.
- Respetar los tiempos de cierre de los periodistas.
- No clasificar a los reporteros entre “amigos” y “enemigos”.
- Corregir errores mediante datos, documentos y derecho de réplica.
- Aceptar preguntas difíciles sin responder con amenazas o descalificaciones.
- Facilitar el acceso equitativo a actos, conferencias y documentos.
- Mantener una comunicación constante, no solamente cuando se necesita publicidad o cobertura favorable.
- Comprender que una nota crítica no necesariamente representa una agresión personal.
- Reconocer públicamente la importancia de una prensa independiente.
Una relación de esta naturaleza beneficia a las dos partes. El periodista obtiene acceso oportuno a fuentes oficiales, puede verificar datos y ofrecer una versión más completa de los acontecimientos. El político, por su parte, dispone de oportunidades legítimas para explicar decisiones, presentar evidencia, responder señalamientos y evitar que el silencio institucional sea llenado por rumores.
La cordialidad también mejora la comunicación durante emergencias. Cuando ya existe un canal confiable entre autoridades y redacciones, resulta más sencillo confirmar accidentes, alertas meteorológicas, cierres de carreteras, incendios, evacuaciones o riesgos sanitarios. En esos momentos, la comunicación pública deja de ser un asunto de imagen: puede proteger vidas.
Las relaciones públicas como escucha, no solamente como difusión.
Las relaciones públicas gubernamentales suelen reducirse a boletines, fotografías, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, una política moderna de comunicación debe hacer algo más que anunciar.
La OCDE analizó las estructuras de comunicación pública de gobiernos y ministerios de 46 países y concluyó que esta función puede mejorar políticas y servicios, promover el diálogo con la ciudadanía y fortalecer la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. También advierte que la comunicación gubernamental necesita mandatos y reglas que la protejan de la politización.
Esto significa que una dirección de comunicación social no debería funcionar únicamente como fábrica de propaganda del gobernante. También debe:
- Escuchar lo que reportan los periodistas.
- Identificar dudas recurrentes de la población.
- Detectar información falsa o incompleta.
- Preparar documentos de contexto.
- Coordinar respuestas entre dependencias.
- Explicar decisiones técnicas en lenguaje comprensible.
- Reconocer fallas cuando existan.
- Informar sobre resultados, costos, plazos y responsables.
La buena comunicación no convierte una mala política pública en una buena política. Puede explicarla, contextualizarla y hacerla comprensible, pero no sustituye los resultados. Cuando existe una distancia considerable entre el discurso y la realidad, ninguna estrategia mediática puede sostener indefinidamente la reputación de un gobierno.
Las razones legítimas para mantener una buena relación con periodistas.
1. Los medios acercan al político con la vida cotidiana
Los funcionarios trabajan entre expedientes, reuniones, indicadores y procedimientos administrativos. Los periodistas recorren calles, reciben denuncias, conversan con comerciantes, campesinos, estudiantes, policías, madres de familia y personas afectadas por decisiones públicas.
Por ello, una nota periodística puede contener información que todavía no ha llegado a los canales burocráticos. El reportero puede advertir que una obra no funciona, que un apoyo no llegó, que un camino está incomunicado o que una dependencia no responde.
Escuchar al periodista no significa aceptar automáticamente todas sus conclusiones. Significa reconocer que su trabajo puede ofrecer una ventana hacia problemas reales.
2. Permiten explicar decisiones complejas
Los presupuestos, licitaciones, planes urbanos, acuíferos, programas sociales y reglamentos contienen información técnica que pocas personas consultan directamente. Los medios traducen esos documentos a historias comprensibles.
Si la autoridad entrega datos a tiempo, identifica responsables y permite entrevistas con personal técnico, aumenta la posibilidad de una cobertura precisa. Cuando oculta documentos o responde con evasivas, favorece interpretaciones incompletas y sospechas.
3. Reducen el vacío informativo
El silencio institucional no elimina una noticia. Simplemente deja que otros ocupen ese espacio.
Cuando surge una denuncia, el periodista necesita conocer la versión de la autoridad. Si la respuesta es “sin comentarios”, el reportaje se publicará con la información disponible. Mantener canales abiertos permite que la postura oficial forme parte de la nota, pero no garantiza que determine su enfoque final.
4. Ayudan a administrar crisis
Una crisis mal comunicada puede crecer más rápido que el problema original. Las versiones contradictorias, la tardanza, las cifras cambiantes y los voceros improvisados generan desconfianza.
La administración responsable de una crisis requiere informar lo confirmado, reconocer lo que todavía se desconoce, actualizar datos y evitar especulaciones. Una relación profesional previa facilita ese proceso.
5. Humanizan la función pública
La política suele percibirse como una actividad distante. Las entrevistas, perfiles y reportajes pueden mostrar la dimensión humana de una decisión, siempre que exista una historia verdadera detrás.
Humanizar no significa fabricar una imagen. Significa permitir que la ciudadanía conozca motivaciones, dificultades, errores, aprendizajes y resultados. Un político dispuesto a hablar también de los límites de su gestión puede resultar más creíble que aquel que pretende presentar cada acción como un éxito absoluto.
6. Fortalecen la rendición de cuentas
La prensa no solamente difunde obras y programas. También pregunta cuánto costaron, quién fue contratado, cuándo terminarán, a quién beneficiarán y cómo se evaluarán.
Para un político democrático, estas preguntas no deberían considerarse hostilidad. Son parte del costo legítimo de ejercer el poder público.
La confianza es un capital limitado.
La relación entre política, periodismo y ciudadanía atraviesa una etapa de desgaste. La Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2025 del INEGI encontró que 51.9% de la población expresó confianza alta o moderadamente alta en los medios de comunicación, frente a solamente 33.7% en los partidos políticos. Al mismo tiempo, 30% manifestó confianza baja o nula en los medios y 46% hizo lo mismo respecto de los partidos.
Estas cifras sugieren que ni políticos ni periodistas pueden dar por sentada la credibilidad. Ambos necesitan demostrarla todos los días.
El panorama digital aumenta la dificultad. El Digital News Report 2026 señala que 66% de la población mexicana utiliza semanalmente redes sociales para informarse. La confianza general en las noticias cayó a 31%, su nivel más bajo desde 2017, aunque algunas marcas periodísticas y medios locales conservan niveles superiores de confianza.
En este entorno, confrontar indiscriminadamente a todos los periodistas puede producir aplausos inmediatos entre simpatizantes, pero deteriora el ecosistema informativo. También hace más difícil que la ciudadanía distinga entre una investigación documentada, una opinión, una filtración interesada y un contenido falso.
El peligro de la amistad mal entendida.
La cercanía excesiva entre políticos y periodistas produce riesgos para ambas profesiones.
Para el político, rodearse exclusivamente de comunicadores complacientes crea una burbuja. Recibe aplausos, pero pierde contacto con el malestar social. Puede llegar a creer que una buena cobertura equivale a un buen gobierno, hasta que una elección, una protesta o una crisis demuestra lo contrario.
Para el periodista, depender emocional o económicamente de una fuente política debilita su independencia. Empieza a omitir preguntas, suavizar encabezados, justificar errores o atacar a los adversarios de quien le proporciona acceso, publicidad o información privilegiada.
La cercanía puede convertirse entonces en captura mediática: el medio conserva formalmente su nombre, pero su agenda queda subordinada a un gobierno, partido o grupo político.
También aparece la autocensura. Nadie ordena directamente que una nota sea eliminada; basta con recordar que podría perderse un convenio, una invitación, una entrevista o el acceso a información. El silencio ya no necesita una amenaza explícita porque se vuelve parte de la rutina.
Publicidad oficial: informar no es comprar lealtades.
La publicidad gubernamental es legítima cuando comunica campañas de salud, protección civil, servicios, convocatorias, derechos y programas de interés público. Se vuelve problemática cuando se utiliza para premiar líneas editoriales favorables o castigar investigaciones críticas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana advierte que asignar publicidad oficial de forma arbitraria o discriminatoria para presionar, premiar o castigar a medios y comunicadores constituye una forma de censura indirecta. Los medios tienen derecho a trabajar con independencia y sin presiones dirigidas a silenciar su labor.
En México, el artículo 134 constitucional determina que la propaganda de los entes públicos debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Además, prohíbe que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos.
La Ley General de Comunicación Social incorpora principios de eficacia, eficiencia, racionalidad presupuestaria, transparencia, honradez, objetividad, imparcialidad e institucionalidad en el ejercicio del gasto público destinado a comunicación. También reconoce el respeto a la libertad de expresión y el acceso ciudadano a la información.
Por tanto, un convenio publicitario no compra la conciencia del periodista. Paga por un espacio de difusión claramente identificado como publicidad. La información periodística debe conservar criterios editoriales independientes.
El político está sometido a un escrutinio mayor.
La Constitución mexicana protege el derecho a buscar, recibir y difundir información plural y oportuna. También establece que la información en poder de las autoridades es pública y debe prevalecer el principio de máxima publicidad.
El artículo 7 señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas y prohíbe restringirla mediante controles indirectos.
La Suprema Corte ha sostenido que, debido a la relevancia pública de sus funciones, las autoridades están sujetas a un mayor escrutinio. También ha desarrollado el estándar de “real malicia”, según el cual no basta una simple inexactitud o negligencia menor para responsabilizar a un periodista por información de interés público; debe acreditarse conocimiento de la falsedad o una despreocupación grave por verificarla.
Esto no otorga licencia para difamar ni exime al periodista de investigar. Le exige trabajar con diligencia, contrastar fuentes, separar hechos de opiniones y corregir errores. Pero también obliga al político a tolerar críticas más intensas que las que normalmente enfrenta un particular.
Quien administra recursos, toma decisiones colectivas o ejerce autoridad debe aceptar que sus actos serán revisados.
Un protocolo saludable de relación con los medios.
Una administración pública, partido o representante popular puede establecer las siguientes prácticas:
- Designar voceros preparados, con capacidad para ofrecer información y no solamente frases políticas.
- Crear un directorio abierto de medios y periodistas, sin excluir a quienes publiquen críticas.
- Responder solicitudes dentro de plazos razonables, aunque la respuesta inicial sea que la información continúa verificándose.
- Entregar boletines acompañados de documentos, cifras, fotografías identificadas y datos de contacto.
- Celebrar conferencias con preguntas reales y sin listas negras.
- Distribuir información relevante simultáneamente, evitando filtraciones utilizadas como premio.
- Separar con claridad la comunicación institucional, la propaganda partidista y la publicidad contratada.
- Publicar contratos, montos, criterios y objetivos de la publicidad oficial.
- Solicitar correcciones mediante evidencia y lenguaje respetuoso.
- Capacitar a funcionarios para relacionarse con la prensa sin intimidación ni respuestas impulsivas.
- Mantener protocolos especiales para emergencias, con actualizaciones periódicas y un vocero claramente identificado.
- Evaluar la comunicación por su utilidad pública, no solamente por el número de notas favorables.
También los periodistas tienen responsabilidades.
Una relación profesional es bilateral. El periodista debe solicitar la versión de las personas señaladas, respetar los acuerdos explícitos de confidencialidad, distinguir información de opinión, evitar utilizar su trabajo para obtener favores personales y señalar con claridad los contenidos pagados.
La crítica legítima necesita fundamento. Cuando un medio publica acusaciones sin documentos, manipula declaraciones o convierte conflictos personales en campañas informativas, también lesiona la confianza pública.
Independencia no significa enemistad automática con el poder. Un periodista puede reconocer una política pública positiva sin convertirse en propagandista, del mismo modo que puede investigar una irregularidad sin transformarse en adversario político.
El criterio debe ser siempre el interés público.
La mejor relación no produce silencio: produce información.
Un político inteligente no busca periodistas obedientes. Busca instituciones de comunicación capaces de informar con precisión, incluso cuando el resultado sea incómodo.
Estar bien con los medios significa respetarlos, responderles y entender su función. Significa aceptar que la cobertura no siempre será favorable y que una pregunta difícil puede ayudar a detectar un problema antes de que se convierta en crisis.
La amistad personal, si existe, debe detenerse en la puerta de la redacción y del despacho público. Dentro de esos espacios deben prevalecer las responsabilidades profesionales.
El periodista no es empleado del político. El político tampoco está obligado a compartir todas las interpretaciones del periodista. Ambos pueden discrepar y conservar una relación civilizada. Esa capacidad de disentir sin romper los canales de comunicación es uno de los signos más claros de madurez democrática.
Cuando el gobernante castiga la crítica, pierde información sobre la realidad. Cuando el periodista vende su independencia, pierde credibilidad ante su audiencia. Cuando ambos confunden comunicación con propaganda, quien finalmente pierde es la ciudadanía.
La relación ideal entre política y periodismo no es de amistad incondicional ni de guerra permanente. Es una relación de tensión responsable: suficientemente cercana para que circule la información y suficientemente independiente para que sobreviva la verdad.
Reportaje y análisis: Gorki Belisario Rodríguez Ávila | HISTORIASMX
Periodismo del Norte, Periodismo con Carácter.
