De una biblioteca comunitaria instalada en el comedor de su casa a las movilizaciones contra la sobreexplotación del acuífero Jiménez–Camargo, la trayectoria del maestro revela más de cinco décadas de educación popular, participación política y lucha social. Su historia también obliga a distinguir entre los hechos documentados, los testimonios personales y los episodios que aún requieren investigación archivística.
Por Gorki Belisario Rodríguez Ávila | HISTORIASMX
Ciudad Jiménez, Chihuahua. — Antes de que las cifras oficiales confirmaran la gravedad del deterioro del acuífero Jiménez–Camargo, antes de que la contaminación por arsénico apareciera en reportajes y antes de que el desabasto de agua se convirtiera en una preocupación cotidiana, el profesor Belisario Rodríguez López ya recorría calles, colonias y oficinas públicas para exigir respuestas.
Su herramienta más visible no era un despacho, una organización empresarial ni una estructura gubernamental. Era la palabra: reuniones vecinales, cartas, volantes, perifoneo, manifestaciones, conferencias y mesas de diálogo. Detrás de esa presencia pública existía, sin embargo, una trayectoria anterior relacionada con la enseñanza, la promoción de la lectura, la defensa de jornaleros agrícolas y la participación política desde organizaciones de izquierda.
La investigación hemerográfica y documental permite reconstruir una parte importante de su vida pública. También revela vacíos: no existe en internet un archivo biográfico completo sobre su formación profesional, las escuelas donde trabajó, las fechas exactas de su servicio docente ni el expediente integral de algunos acontecimientos en los que participó. Por ello, este reportaje distingue cuidadosamente entre los hechos respaldados por documentos oficiales, los acontecimientos registrados por la prensa y las versiones provenientes de entrevistas o testimonios.
La educación popular comenzó en el comedor de una casa.
Uno de los primeros episodios documentados de su actividad social ocurrió en Monterrey, Nuevo León. En 1974, Belisario Rodríguez y los profesores Raúl Murillo, José González y Graciela Lozano acondicionaron parte del comedor de una vivienda en la colonia Nuevas Colonias para convertirlo en una biblioteca pública y gratuita.
El proyecto habría reunido más de mil libros, cerca de 200 piezas de fósiles y minerales y algunos objetos artísticos. De acuerdo con la reconstrucción publicada por El Sol de Parral, la biblioteca llegó a recibir aproximadamente 400 visitantes por semana. Su propósito no era únicamente prestar libros: buscaba ofrecer un espacio de conocimiento, encuentro y entretenimiento en una colonia marginada, alejada de las bibliotecas institucionales de Monterrey. La biblioteca funcionó aproximadamente hasta 1980, cuando algunos de sus promotores salieron de la ciudad.
La evidencia conocida sobre esta etapa procede de recortes periodísticos recuperados años después y de entrevistas con el propio profesor. No fue posible localizar en línea el acta constitutiva de la asociación que habría sostenido la biblioteca ni los ejemplares completos de las publicaciones originales de 1974 y 1979. Aun con esa limitación, el episodio permite reconocer una constante que aparecería durante el resto de su trayectoria: entender la enseñanza como una responsabilidad que rebasa las paredes del salón de clases.
En aquella biblioteca, los libros convivían con fósiles, minerales y objetos que podían tocarse y observarse. Rodríguez explicaba que la experiencia directa ayudaba a relacionar lo leído con la realidad. Era una concepción pedagógica sencilla, pero profundamente social: si el Estado no acercaba los espacios culturales a la colonia, la comunidad podía comenzar uno con los recursos disponibles.
Después de esta etapa, Rodríguez emigró a Chihuahua y continuó su carrera docente. Los directorios educativos disponibles en internet lo identifican como profesor y director de una primaria pública en Ciudad Jiménez, aunque esos portales no proporcionan fechas verificables ni un historial completo de sus adscripciones. Por esa razón, su trayectoria magisterial precisa deberá completarse mediante expedientes de la Secretaría de Educación, archivos sindicales, nombramientos y testimonios de antiguos alumnos y compañeros.
De la docencia a la participación política.
La vida pública de Belisario Rodríguez no puede presentarse como una actividad apartidista. Su trayectoria estuvo relacionada con organizaciones políticas de izquierda y esa dimensión debe exponerse para comprenderla con objetividad.
Los resultados históricos de la elección federal de 1997 registran a Belisario Rodríguez López como candidato del Partido del Trabajo a diputado federal por el entonces Distrito 9 de Chihuahua. Obtuvo 1,452 votos, equivalentes al 1.69 por ciento de la votación.
Un año después, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó su personalidad como representante del Partido del Trabajo ante la Asamblea Municipal de Jiménez, dentro de una controversia por la asignación de regidurías de representación proporcional. El PT había obtenido 1,185 votos, el 8.43 por ciento de la votación válida efectiva, y reclamó una tercera regiduría. El tribunal consideró fundado el agravio y ordenó corregir la distribución.
Fuentes hemerográficas posteriores lo identifican como regidor del Ayuntamiento de Jiménez durante 1998. Sin embargo, la sentencia electoral citada confirma directamente su representación partidista, pero no demuestra por sí sola que él haya sido uno de los regidores a quienes se entregó constancia. La integración completa del cabildo de aquella administración deberá verificarse en las actas municipales y el Periódico Oficial del Estado.
Años después, Rodríguez participó en la construcción de Morena en Jiménez. En abril de 2015, El Diario de Juárez lo identificó como dirigente municipal de ese partido. Un registro del Instituto Nacional Electoral también lo incluye entre los consejeros nacionales de Morena a partir de noviembre de 2015.
Su paso del Partido del Trabajo a Morena demuestra que su lucha social también tuvo una expresión electoral. Esto no invalida las demandas que encabezó, pero obliga a reconocer que su activismo convivió con una militancia política definida. La pertinencia de sus señalamientos debe evaluarse por la evidencia disponible, no solamente por su afiliación.
El rescate de jornaleros indígenas en 1998.
El episodio más dramático de su trayectoria ocurrió en los campos agrícolas de Jiménez. De acuerdo con una investigación publicada en 2022, un grupo de trabajadores indígenas provenientes del sur de México habría sido llevado a la región mediante promesas de empleo, salario, alimentación y alojamiento. Una vez en los predios, los jornaleros fueron presuntamente privados de su libertad, amenazados y obligados a trabajar sin recibir el pago convenido.
Algunos trabajadores lograron escapar y llegaron a la Presidencia Municipal para solicitar ayuda. Belisario Rodríguez, entonces integrante del gobierno municipal según la reconstrucción periodística, participó en la organización de una comitiva que recorrió los predios. Desde una camioneta equipada con perifoneo, el grupo llamó a los jornaleros a abandonar el lugar y les aseguró que serían protegidos. Finalmente, alrededor de 80 trabajadores fueron trasladados en un camión escolar hasta la Presidencia Municipal.
El acontecimiento es relevante, pero todavía presenta vacíos documentales. La nota que lo reconstruye contiene una inconsistencia interna: en una parte señala el 8 de noviembre de 1998 como fecha del rescate y posteriormente menciona el 3 de noviembre. Algunas publicaciones hablan de 80 trabajadores y otra referencia secundaria llegó a mencionar 90. No se localizaron en línea partes policiacos, averiguaciones previas, inspecciones laborales ni actas de cabildo contemporáneas que permitan resolver esas diferencias.
Por tanto, lo comprobable es que existe una reconstrucción hemerográfica sustentada en el testimonio de Rodríguez y en fotografías de archivo; la fecha exacta, el número definitivo de personas y la eventual responsabilidad penal de los propietarios requieren consulta en archivos municipales, laborales y ministeriales.
El episodio no surgió de manera aislada. Rodríguez afirmó que desde antes exigía mejores condiciones de transporte, salario, alojamiento y seguridad para los trabajadores agrícolas. El rescate representó la expresión más visible de una lucha más amplia por la dignificación del jornalero, un sector integrado frecuentemente por personas indígenas, migrantes y familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los exbraceros: una deuda que sobrevivió a sus trabajadores.
Otra de las causas acompañadas por el profesor fue la exigencia de justicia para los antiguos trabajadores del Programa Bracero. Integrantes del Movimiento Cívico Jimenense reclamaron durante años la restitución del ahorro descontado a mexicanos que trabajaron temporalmente en Estados Unidos.
En 2022, durante el homenaje al exbracero Jesús María Ponce, Rodríguez fue identificado como integrante del movimiento y participante de esa lucha. La muerte de Ponce simbolizó una de las dimensiones más dolorosas del reclamo: numerosos trabajadores envejecieron y murieron sin recuperar el dinero que consideraban suyo.
La causa de los exbraceros muestra que el activismo de Rodríguez no se limitó al medio ambiente. Sus intervenciones se concentraron en problemas donde los ciudadanos enfrentaban una relación desigual frente a patrones, instituciones o gobiernos: jornaleros sin condiciones laborales dignas, exbraceros sin el ahorro reclamado y habitantes obligados a pagar por un servicio de agua insuficiente o de calidad cuestionada.
El agua: de una carencia doméstica a una lucha regional.
La defensa del agua se convirtió con el tiempo en la causa más constante y pública de Belisario Rodríguez. Según su propio relato, el punto de quiebre ocurrió durante el verano de 2008. Vecinos de diversas colonias padecían falta de agua, tarifas elevadas y advertencias de suspensión del servicio. Al acudir a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, escucharon que los pozos urbanos registraban abatimiento, menor aforo y problemas de calidad.
Rodríguez sostuvo posteriormente que las autoridades conocían estudios sobre la sobreexplotación y la presencia de arsénico, pero que la información no llegaba claramente a la población. En 2012, jóvenes vinculados al movimiento plantearon el problema durante un encuentro de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares en Papantla, Veracruz. Según esta versión, dos investigadoras realizaron muestreos cuyos resultados fueron difundidos en 2013.
La existencia y metodología completa de ese estudio de 2012–2013 no pudo verificarse en un repositorio académico abierto. Sin embargo, la preocupación por la calidad del agua no dependía exclusivamente de esa investigación. Documentos técnicos de la Comisión Nacional del Agua citan estudios hidrogeológicos e hidrogeoquímicos realizados desde 1997 y 1998 sobre arsénico, flúor y hierro en los acuíferos Meoqui–Delicias y Jiménez–Camargo.
En octubre de 2014, La Jornada informó que vecinos de Jiménez exigían agua libre de arsénico y que Belisario Rodríguez actuaba como vocero. La nota señalaba que se habían enviado cartas a Conagua y a la JMAS, realizado trámites y efectuado manifestaciones en la capital del estado.
Dos meses antes, más de un centenar de habitantes de Jiménez —productores, trabajadores, maestros y familias— se habían trasladado a Chihuahua capital. Frente al Palacio de Gobierno reclamaron agua suficiente, agua sin arsénico, reducción de la tarifa eléctrica y atención a diversas promesas gubernamentales. Rodríguez aparecía entonces como vocero del movimiento.
El 8 de agosto de 2017, aproximadamente 50 integrantes del Movimiento Civil Jimenense tomaron la oficina de Recaudación de Rentas. Exigían atención al desabasto, el cumplimiento de un proyecto de tinacos y la destitución del presidente de la JMAS. La dependencia recibió sus demandas y ofreció comunicarlas a las autoridades estatales. La cobertura también registró la postura de la Junta: su presidente había calificado al movimiento como un grupo político y negado que existiera falta de agua en Jiménez.
En enero de 2020, una nueva marcha recorrió la calzada Juárez hasta Recaudación de Rentas. Las pancartas exigían agua de calidad, tarifas accesibles y un freno a la explotación de los mantos acuíferos. Los manifestantes entregaron un oficio y advirtieron que, si no existía respuesta, podrían realizar nuevas tomas o bloqueos.
En julio de ese mismo año, el Movimiento Civil Jimenense respaldó la huelga de hambre de Gregorio Montes Fierro por el derecho humano al agua. El comunicado del propio movimiento explicaba que la organización había surgido después de la transformación de Morena en partido político y que realizaba talleres, conferencias, exposiciones, manifestaciones y acompañamiento social. Belisario Rodríguez fue uno de los integrantes que acompañaron la protesta.
El primero de julio de 2021, integrantes del movimiento, ciudadanos y miembros de la Unión Antorchista volvieron a tomar las instalaciones de la JMAS. Denunciaron falta de agua, cobros elevados, irregularidad en el reparto mediante pipas y ausencia de conexión a la red en una colonia.
La continuidad de esas acciones —cartas, marchas, ocupaciones de oficinas, reuniones y conferencias— permite hablar de una lucha sostenida y no de una protesta ocasional.
Los documentos oficiales terminaron confirmando la crisis.
La defensa encabezada por Rodríguez adquirió mayor fuerza porque el diagnóstico central —la sobreexplotación del acuífero— coincide con los documentos oficiales.
En 2015, la Comisión Nacional del Agua reconoció en el Diario Oficial de la Federación que el acuífero Jiménez–Camargo había registrado déficits de 144.57 millones de metros cúbicos anuales en 2011, 142.89 millones en 2013 y 142.14 millones en la actualización de 2014. El documento también reconoció el abatimiento del agua subterránea, el aumento de los costos de extracción, la inutilización de pozos y el deterioro de la calidad como efectos de la explotación intensiva.
La actualización técnica disponible actualmente, con información del Registro Público de Derechos de Agua al 30 de diciembre de 2022, calcula una recarga media anual de 174.9 millones de metros cúbicos, una descarga natural comprometida de 5.5 millones y un volumen registrado para extracción de 336.77 millones. El resultado es una disponibilidad negativa de 167.37 millones de metros cúbicos anuales. En términos sencillos, el acuífero no dispone de agua adicional para nuevas concesiones bajo ese balance.
Estas cifras deben interpretarse con cuidado. No representan el volumen exacto almacenado bajo tierra ni permiten establecer por sí mismas una fecha de agotamiento total. Son un balance entre recarga, compromisos naturales y volúmenes de extracción registrados. Tampoco es correcto comparar cada actualización como si todas utilizaran exactamente los mismos cortes de información y métodos. Lo indiscutible es que las distintas publicaciones oficiales mantienen al acuífero en condición deficitaria.
La calidad del agua constituye otro problema. Un reportaje de 2017 difundió resultados de muestras con concentraciones de arsénico de entre 35 y 475 partes por mil millones en distintos pozos, colonias y comunidades de Jiménez. Algunos puntos reportados superaban ampliamente los parámetros sanitarios, pero los resultados deben entenderse como una serie de muestras divulgadas por la prensa, no como sustituto de un monitoreo oficial permanente y actualizado de cada pozo.
La NOM-127-SSA1-2021 estableció para el arsénico un límite de 0.01 miligramos por litro —equivalente a 10 partes por mil millones—, acompañado de una aplicación gradual según el tamaño de la localidad.
Por ello, la exigencia de Rodríguez de publicar análisis periódicos, vigilar las fuentes de abastecimiento, revisar concesiones y priorizar el consumo humano posee un fundamento técnico verificable. No obstante, atribuir casos concretos de cáncer, enfermedad renal u otros padecimientos exclusivamente al agua de Jiménez requeriría estudios epidemiológicos específicos. Una coincidencia territorial o una percepción comunitaria no bastan para establecer causalidad médica.
Pozos, agricultura y confrontación con intereses económicos.
Rodríguez y otros integrantes del movimiento, particularmente el profesor Arturo Rentería, concentraron sus críticas en la expansión de cultivos de alta demanda hídrica, la perforación de pozos presuntamente irregulares y la falta de vigilancia de las concesiones.
En 2021, una investigación periodística reportó 16 denuncias relacionadas con aprovechamientos posiblemente irregulares dentro del acuífero. También registró 1,997 pozos agrícolas y un volumen concesionado para ese uso superior a 282.8 millones de metros cúbicos. La misma cobertura señaló que, desde 2010, Rodríguez y Rentería habían participado en manifestaciones, plantones, tomas de casetas y mesas de trabajo para pedir la revisión de concesiones y la clausura de pozos ilegales.
Las denuncias públicas del movimiento no equivalen, por sí mismas, a sentencias contra productores concretos. Para afirmar que un pozo es clandestino o que una persona incurrió en corrupción se necesita una resolución de Conagua, una inspección documentada o una determinación judicial. La crítica legítima al modelo de extracción no autoriza a presentar como culpable a quien no ha sido investigado o sancionado formalmente.
La fuerza del planteamiento de Rodríguez radica en otro punto: mientras la agricultura obtiene la mayor parte del volumen subterráneo, las colonias enfrentan intermitencia y las familias deben comprar agua purificada además de pagar el recibo de la red pública. En su discurso, esa desigualdad transformó un problema hidrológico en un conflicto de justicia social.
Militancia, presión política y un episodio de confrontación.
La relación entre activismo y política partidista produjo tensiones. En abril de 2015, después de un acto proselitista de Morena en la colonia PRI de Jiménez, Belisario Rodríguez y su hijo, fueron detenidos momentáneamente durante un operativo policiaco.
Los militantes denunciaron amenazas, empujones e intentos de retirarles sus teléfonos mientras documentaban la revisión. La Fiscalía confirmó que se había interpuesto una denuncia, pero ofreció una versión distinta: sostuvo que se trató de un operativo ordinario y que el vehículo no portaba identificación partidista.
El acontecimiento está documentado, pero no fue posible localizar la resolución final de la denuncia. Por ello, es correcto afirmar que existió el señalamiento y que la Fiscalía presentó una explicación contrapuesta; no puede asegurarse, sin el expediente concluido, que se acreditó judicialmente un acto de represión.
¿Qué consiguió su lucha?
Medir el legado de un activista únicamente por las obras construidas o por los decretos obtenidos produciría una lectura incompleta. La movilización de Belisario Rodríguez no detuvo la sobreexplotación: el acuífero continúa oficialmente en déficit y las quejas por calidad, tarifas y suministro permanecieron durante años.
Su contribución más clara fue colocar el problema en el espacio público. Ayudó a convertir una experiencia doméstica —abrir una llave y no encontrar agua— en una discusión sobre concesiones, recarga, abatimiento, arsénico, agricultura y derecho humano al agua.
También mantuvo conectadas causas distintas: educación popular, derechos de jornaleros, justicia para exbraceros, tarifas de servicios, libertades políticas y protección del acuífero. En todas aparece una misma idea: el ciudadano común debe organizarse cuando las instituciones no responden.
Sin embargo, una evaluación objetiva también debe reconocer sus límites. El movimiento no siempre separó con claridad la organización ciudadana de la militancia partidista; algunas de sus acusaciones contra autoridades y productores fueron formuladas públicamente sin que en todos los casos exista una resolución judicial accesible; y varias reconstrucciones biográficas dependen del testimonio de sus protagonistas.
Estas observaciones no borran su trayectoria. La colocan en su dimensión real: la de un maestro y dirigente social que participó en las disputas políticas de su tiempo, que tomó posición y que, desde esa posición, consiguió sostener durante años una discusión incómoda para gobiernos y grupos económicos.
El maestro que siguió enseñando fuera del aula.
La imagen que une las distintas etapas de Belisario Rodríguez no es necesariamente la de una tribuna política. Es la de un profesor intentando abrir espacios donde antes no los había.
En Monterrey abrió una biblioteca en el comedor de una casa. En Jiménez acompañó a jornaleros que buscaban salir de condiciones de explotación. Más tarde caminó junto a exbraceros que envejecían esperando justicia. Finalmente, convirtió cifras técnicas del agua en un lenguaje que las colonias podían entender.
Su lucha no resolvió por sí sola la crisis del acuífero. Ningún dirigente social podría hacerlo. Pero contribuyó a romper el silencio alrededor de un problema que hoy los propios documentos oficiales describen como estructural.
Belisario Rodríguez López pertenece a una generación de maestros que entendió la educación como una práctica pública: enseñar a leer, pero también enseñar a preguntar; explicar una cifra, pero también cuestionar quién se beneficia de ella; conocer la ley, pero también exigir que se cumpla.
El acuífero Jiménez–Camargo permanece en números rojos. El agua sigue siendo una frontera económica, ambiental y social para el municipio. Por eso, la historia del profesor no debe escribirse únicamente como homenaje personal. Debe leerse como advertencia colectiva.
Porque la defensa del agua no termina con la voz de quien comenzó a denunciar su pérdida. Termina —si alguna vez termina— cuando una comunidad logra administrarla con justicia, transparencia y responsabilidad para las generaciones que todavía no han nacido.
Esta investigación revisó documentos de Conagua y del Diario Oficial de la Federación, una sentencia del Tribunal Electoral federal, registros electorales, hemerotecas nacionales y estatales y publicaciones sobre el Movimiento Cívico Jimenense. No se localizaron en acceso abierto el expediente laboral completo del profesor, las actas originales de la biblioteca de Monterrey, el expediente ministerial del rescate de 1998 ni la resolución final de la denuncia policiaca de 2015. Esos vacíos se señalan expresamente para evitar presentar testimonios como hechos plenamente comprobados.
