Instalaciones millonarias permanecen cerradas mientras comunidades indígenas migran por hambre y abandono institucional
HISTORIASMX.– En la comunidad indígena de Las Tunas de Abajo, en el municipio de Sinaloa, existe un edificio que debía servir para alimentar a niñas y niños en condición de pobreza. Fue construido con recursos públicos, entregado oficialmente en 2020 y anunciado como un programa social prioritario. Cinco años después, el comedor comunitario nunca ha operado de manera regular.
El caso no es aislado. Forma parte de un patrón más amplio de comedores comunitarios cerrados o inoperantes en la sierra sinaloense, donde la falta de insumos, coordinación institucional y seguimiento gubernamental ha dejado infraestructura abandonada mientras comunidades enteras enfrentan inseguridad alimentaria.
Una obra terminada que nunca funcionó
El comedor escolar de Las Tunas de Abajo, ubicado en la sindicatura de San José de Gracia, fue construido con una inversión de 1 millón 765 mil 932 pesos, de acuerdo con datos difundidos por el propio Ayuntamiento de Sinaloa municipio.
La obra se realizó en coordinación entre el gobierno municipal, el gobierno estatal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que sería responsable del suministro de alimentos y la operación del espacio.
En diciembre de 2020 las autoridades informaron que el comedor estaba listo para atender a estudiantes indígenas. En mayo de 2022 se anunció su reactivación. Sin embargo, según habitantes y activistas, el servicio nunca se brindó de forma continua.
La activista Hortensia López Gaxiola, integrante del Colectivo Tarámari Sinaloense, sostiene que el comedor jamás ha operado como se prometió.
“Tiene cinco años que la obra se entregó, pero no ha operado nunca. Solo una vez acudieron autoridades a dejar algo de despensa; no había estufa ni utensilios, así que cocinaron en la primaria y se sirvió en platos desechables”, relató.
Deterioro de un edificio sin uso
El abandono ha provocado el deterioro del inmueble.
Parte del techo ha perdido láminas por los vientos, la puerta se desprendió en una ocasión y el lavabo está quebrado.
“Es una obra pública que se está dañando sin haber sido utilizada”, señaló López Gaxiola.
A diferencia de otras zonas del estado, donde autoridades han atribuido el cierre de programas sociales a la violencia, en Las Tunas de Abajo no existe un contexto de inseguridad que impida operar el comedor.
“Es una comunidad tranquila. Aquí no aplica el argumento de la inseguridad para justificar que no suba la despensa”, afirmó la activista.
En la localidad viven alrededor de 25 familias indígenas en condiciones de alta precariedad. Para ellas, el comedor representa un apoyo directo en la alimentación de niñas y niños y un incentivo para la asistencia escolar.
Cuando la organización sí funciona
El contraste se encuentra en el comedor comunitario de Cuitaboca, que opera con organización ciudadana.
“Ahí no hay un edificio que haya costado más de un millón de pesos, pero el comedor funciona porque hay abastecimiento constante y coordinación directa con la comunidad”, explicó López Gaxiola.
En este caso, la clave no ha sido la infraestructura, sino la gestión comunitaria y el suministro permanente de alimentos.
Un problema que se repite
El caso de Las Tunas de Abajo no es único.
En la comunidad indígena de Las Mimbres, en el municipio de Choix, existe otro comedor equipado por el DIF con estufa, refrigerador y cilindro de gas que tampoco ha entrado en operaciones por falta de despensa.
La inoperancia de estos espacios tiene efectos más profundos que la simple ausencia de un programa social.
“La gente no se está yendo por violencia, se está yendo porque no hay cómo comer”, advirtió la activista.
La falta de acceso a alimentos ha empujado a familias indígenas a migrar hacia zonas agrícolas del valle en busca de trabajo y sustento.
Decenas de comedores cerrados
Una revisión de solicitudes de información realizada por el medio ESPEJO identificó que al menos 29 comedores comunitarios fueron cerrados en Sinaloa.
Los municipios con mayor número de cierres son:
- San Ignacio
- Mazatlán
- Escuinapa
- Concordia
- Badiraguato
- Rosario
- Elota
- Sinaloa municipio
En muchos casos, los espacios dejaron de operar entre diciembre de 2024 y los primeros meses de 2025, periodo en el que se intensificó la violencia por disputas internas del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en comunidades como Las Tunas de Abajo, el cierre no puede atribuirse a la inseguridad.
Infraestructura sin política social
El caso expone un problema estructural: la construcción de obra pública sin garantizar su operación.
Los edificios existen.
El presupuesto fue ejercido.
Las comunidades siguen sin alimento.
Mientras los comedores permanecen cerrados, el deterioro físico avanza y la migración por hambre se vuelve una realidad silenciosa en la sierra.
Para las familias indígenas de Sinaloa, el abandono de estos espacios representa más que un programa fallido: es un recordatorio de la distancia entre los anuncios oficiales y las condiciones reales de vida en las comunidades.
