El líquido que falta en las casas, pero sobra en los campos de exportación
HISTORIASMX. – En Chihuahua, el agua se ha convertido en una frontera silenciosa entre dos realidades. De un lado, comunidades rurales, pueblos serranos y familias indígenas que dependen de pipas, norias agotadas o redes intermitentes para sobrevivir. Del otro, grandes extensiones de manzana, nogal, algodón, maíz amarillo y agroindustria que demandan millones de metros cúbicos de agua subterránea en una entidad marcada por sequías recurrentes y acuíferos sobreexplotados.
La disputa no es nueva, pero se ha vuelto más profunda. En el estado más grande de México, donde el desierto avanza sobre la economía y la vida cotidiana, el acceso al agua ya no puede entenderse sólo como un problema climático. Es también un asunto de concesiones, subsidios eléctricos, vigilancia institucional, pozos ilegales, cultivos de alto consumo y concentración económica.
De acuerdo con datos citados por el dirigente social Martín Solís Bustamante, tan sólo en la cuenca del río Conchos más de 68 mil personas de 31 municipios carecen de agua. La cifra muestra una contradicción brutal: la cuenca que sostiene parte importante de la agricultura chihuahuense y alimenta el sistema binacional del río Bravo nace, precisamente, en una de las zonas con mayor pobreza hídrica del estado: la sierra Tarahumara.
El río Conchos no es cualquier afluente. Es la columna vertebral hídrica del centro-sur de Chihuahua, un río estratégico para el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos y una fuente histórica para presas, distritos de riego y comunidades agrícolas. Sin embargo, su cuenca arrastra una presión creciente: menor disponibilidad, sequías más intensas, expansión agrícola y extracción subterránea que rebasa la capacidad natural de recuperación.
Acuíferos en números rojos.
La información técnica de la Comisión Nacional del Agua confirma que el problema no es una percepción social, sino una condición estructural. Acuíferos estratégicos de Chihuahua registran disponibilidad media anual negativa, es decir, se extrae más agua de la que el sistema puede reponer.
El acuífero Buenaventura presenta un déficit severo; El Sauz-Encinillas, clave para el abasto de la ciudad de Chihuahua, también opera con saldo negativo; Laguna de Santa María aparece entre los casos más graves; Jiménez-Camargo, zona de fuerte expansión agrícola, registra una extracción muy superior a su recarga; y Llano de Gigantes, ligado a señalamientos sobre agroindustrias, también se encuentra sobreexplotado.
En términos simples: el estado está viviendo de reservas subterráneas acumuladas durante siglos. Cada pozo profundo que se perfora no sólo extrae agua: descapitaliza el futuro hídrico de comunidades enteras.
La profundidad de los pozos es una señal de alarma. Donde antes bastaban decenas de metros para encontrar agua, hoy se habla de perforaciones que alcanzan cientos de metros. Martín Solís sostiene que en algunas zonas los pozos ya superan los 600 metros de profundidad. Esa cifra, más allá de su dramatismo, describe un fenómeno conocido por productores, técnicos y usuarios domésticos: el agua está bajando.
El subsidio eléctrico que empuja la extracción.
La crisis hídrica de Chihuahua no puede explicarse sin revisar el papel de la electricidad agrícola. Para extraer agua del subsuelo se requieren motores, bombas y energía. Entre más profundo el pozo, mayor potencia se necesita. Y entre mayor potencia instalada, mayor carga sobre la red eléctrica.
El Programa Especial de Energía para Uso Agrícola permite tarifas de estímulo para equipos de bombeo y rebombeo de agua destinados al riego. En teoría, el subsidio busca apoyar la producción agrícola. En la práctica, especialistas y líderes sociales advierten que puede convertirse en un incentivo perverso cuando no se cruza con el volumen real autorizado de agua.
La Jornada documentó que, de 2013 a 2023, el consumo histórico de energía del sector agrícola para bombeo de agua en Chihuahua pasó de 2 millones 560 mil megavatios-hora a 4 millones 743 mil megavatios-hora, según datos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad. El crecimiento refleja una agricultura cada vez más dependiente del agua profunda y de la electricidad subsidiada.
El problema central es que la cuota energética no necesariamente está vinculada al volumen de agua concesionado. Es decir, un productor puede tener una capacidad eléctrica instalada que le permita bombear más agua de la que legalmente debería extraer. En zonas con baja inspección, pozos no regularizados y acuíferos en veda, esta separación entre energía y agua abre una puerta al desorden.
Pozos legales, pozos piratas y una autoridad rebasada.
El Registro Público de Derechos de Agua de CONAGUA es la base oficial para conocer títulos, concesiones, asignaciones y registros de obras en zonas de libre alumbramiento. Sin embargo, el propio sistema advierte que sus datos corresponden a información administrativa general y que un título puede contener varios anexos.
En Chihuahua se habla de alrededor de 20 mil pozos registrados ante CONAGUA y de un cálculo extraoficial de 6 mil pozos irregulares o “piratas”, según declaraciones del ex diputado federal y líder social Víctor Quintana Silveyra citadas por La Jornada. De confirmarse esa dimensión, el estado estaría frente a una doble crisis: la legal, por la debilidad del control institucional; y la ambiental, por el volumen no contabilizado que se extrae cada año.
Quintana también ha señalado que el volumen autorizado de extracción subterránea ronda los 3 mil millones de metros cúbicos anuales, cifra comparable con la capacidad de la presa La Boquilla. Pero el punto más delicado es el agua que se extrae fuera de control: aquella que no aparece en balances oficiales, que no se mide, que no se reporta y que profundiza el déficit de los acuíferos.
Los nombres del agua: empresas, familias y comunidades productivas.
El debate público ha colocado en el centro a un grupo de actores: empresas agroindustriales, familias con influencia política y económica, y comunidades agrícolas de gran escala, entre ellas productores menonitas.
De acuerdo con Martín Solís Bustamante, citado por La Jornada, entre los grupos con mayor influencia hídrica se encuentran la familia LeBarón, el grupo La Norteñita, Agroindustrias BVM, Grupo Bafar, Interceramic y sectores de la comunidad menonita. Los señalamientos apuntan a concentración de concesiones, constancias de libre alumbramiento, pozos en zonas vedadas y producción agrícola intensiva en acuíferos sobreexplotados.
En el caso LeBarón, el señalamiento más delicado no sólo es productivo, sino político. Durante el gobierno de César Duarte, Alex LeBarón fue delegado de CONAGUA en Chihuahua, mientras su esposa, Brenda Ríos Prieto, ocupó la delegación federal de Medio Ambiente. Ambos pertenecen a familias con presencia en regiones agrícolas de alto consumo. Esa coincidencia ha sido señalada por actores políticos como un posible conflicto de interés.
La Jornada recoge señalamientos de que los LeBarón explotan pozos en zonas con veda histórica y que tendrían presencia en acuíferos con déficit severo, como Buenaventura. Estos dichos requieren verificación caso por caso en REPDA, inspecciones de campo y resoluciones administrativas, pero forman parte de una discusión pública más amplia: quién controla el agua y bajo qué reglas.
La Norteñita, manzana y agua subterránea.
La Norteñita, principal grupo manzanero del estado, aparece en los señalamientos por su presencia en el acuífero Laguna de Santa María, uno de los más sobreexplotados de Chihuahua. El dato técnico de CONAGUA muestra una condición extrema: la recarga media anual es muy inferior al volumen de extracción registrado.
La manzana es un cultivo emblemático de Chihuahua, genera empleo, cadenas de frío, transporte, empaque y valor agregado. Pero también depende de agua constante en una región donde las lluvias son variables y los acuíferos ya no soportan el ritmo de extracción. La pregunta no es si la agricultura debe desaparecer; la pregunta es si el modelo actual puede sostenerse sin destruir la base hídrica que lo hace posible.
Menonitas: producción, modernización y presión sobre el subsuelo.
La comunidad menonita ha transformado la agricultura chihuahuense. Su capacidad de organización, tecnificación, producción y expansión territorial la ha convertido en un actor central del campo estatal. Sin embargo, esa misma fuerza productiva también la coloca en el centro de la discusión hídrica.
Martín Solís sostiene que sectores menonitas concentran una parte considerable del agua subterránea destinada a cultivos como algodón, maíz amarillo y nogal. También afirma que controlan gran parte de la producción de algodón transgénico y amplias superficies de maíz amarillo.
Aquí el debate debe abordarse con precisión: no se trata de criminalizar a una comunidad entera, sino de revisar un modelo agroindustrial que opera en zonas áridas con altos requerimientos de agua, subsidios eléctricos, pozos profundos y una débil fiscalización del volumen real extraído.
El problema no es étnico ni religioso. Es hídrico, económico y regulatorio.
El Sauz-Encinillas: el agua de la capital bajo presión.
El acuífero El Sauz-Encinillas es estratégico porque forma parte del sistema de abastecimiento de la ciudad de Chihuahua. La presión sobre este acuífero no sólo afecta al campo; también toca directamente la seguridad hídrica urbana.
Cuando un acuífero que abastece a una capital se sobreexplota, el riesgo se multiplica: baja el nivel del agua, aumentan los costos de extracción, se deteriora la calidad del líquido y se vuelve más vulnerable el suministro doméstico. Si además conviven usos agrícolas, urbanos e industriales, la competencia por el agua se vuelve política.
En este punto, el reportaje debe subrayar una realidad incómoda: la ciudad también depende de agua subterránea que está siendo disputada por otros usos. El futuro de Chihuahua capital no sólo se juega en presas o lluvias, sino bajo tierra.
Ciudad Juárez, Texas y el vacío binacional del agua subterránea.
La frontera añade otra capa de complejidad. Ciudad Juárez comparte una región hidrológica con El Paso, Texas, y el sur de Nuevo México. Aunque existen acuerdos internacionales sobre aguas superficiales, el agua subterránea compartida sigue siendo un punto débil de la gobernanza binacional.
La sobreexplotación de acuíferos fronterizos podría convertirse en una fuente de tensión entre México y Estados Unidos. El crecimiento urbano, la industria maquiladora, los desarrollos inmobiliarios y nuevos proyectos de alto consumo energético e hídrico presionan una región que ya vive estrés hídrico.
En ese contexto aparece el proyecto de centro de datos conocido como Project Jupiter, en Santa Teresa/Sunland Park, Nuevo México. Sus promotores aseguran que utilizará sistemas de enfriamiento eficientes y de circuito cerrado. Sus opositores, en cambio, advierten sobre impactos en agua, energía, aire y justicia ambiental. El caso ya detonó protestas, demandas y discusiones públicas en el sur de Nuevo México y la frontera con Ciudad Juárez.
La controversia revela una pregunta de fondo: ¿puede una región con comunidades sin agua potable asumir megaproyectos tecnológicos que demandan enormes cantidades de energía y algún nivel de agua para enfriamiento, respaldo y operación?
La nueva Ley General de Aguas: promesa y rezago.
La aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales abrió una expectativa: ordenar concesiones, limitar transferencias, revisar constancias de libre alumbramiento y colocar el derecho humano al agua en el centro de la política hídrica.
Pero una ley no cambia por sí sola la realidad de los pozos. Para que el nuevo marco funcione se requiere personal técnico, inspecciones, medición volumétrica, sanciones, transparencia pública y coordinación entre CONAGUA, CFE, gobiernos estatales, municipios y usuarios agrícolas.
El rezago administrativo de CONAGUA es uno de los grandes obstáculos. Si la autoridad no cuenta con inspectores, vehículos, medición confiable y capacidad jurídica, la ley queda atrapada en el papel mientras los acuíferos siguen bajando.
El dilema de Chihuahua: producir o sobrevivir.
Chihuahua enfrenta un dilema que no puede resolverse con consignas. La agricultura genera empleo, alimentos, exportaciones y riqueza regional. Pero el agua subterránea no es infinita. Si el modelo productivo depende de extraer más de lo que se recarga, el resultado es una economía que crece sobre una deuda ambiental.
El nogal, la manzana, el algodón y el maíz amarillo sostienen regiones enteras, pero también exigen agua en un territorio donde la lluvia no alcanza. La solución no pasa por destruir el campo, sino por cambiar las reglas: medir, tecnificar, reconvertir cultivos, limitar nuevas superficies en acuíferos deficitarios, retirar pozos ilegales y condicionar subsidios eléctricos al cumplimiento del volumen concesionado.
Mientras no exista esa conexión entre concesión de agua, consumo eléctrico y medición real, el sistema seguirá premiando al que más bombea, no al que más cuida.
La sed rural como evidencia de desigualdad.
La imagen más dura de esta crisis no está en los balances técnicos, sino en las comunidades donde el agua no llega. En la sierra, en rancherías, en pueblos pequeños y zonas rurales, muchas familias viven con acceso precario al líquido. La hambruna, la pérdida de cosechas de autoconsumo, la muerte de ganado menor y la dependencia de apoyos emergentes muestran que el agua no es únicamente un recurso productivo: es una condición mínima de vida.
Que una familia rural no tenga agua potable mientras a pocos kilómetros se riegan cultivos de alto valor comercial es una contradicción que el Estado mexicano no ha resuelto.
Conclusión: el agua ya no alcanza para el silencio.
Chihuahua está frente a una crisis hídrica de largo alcance. No se trata sólo de sequía, ni sólo de malos años de lluvia. Se trata de un modelo de extracción que combina acuíferos sobreexplotados, subsidios eléctricos, agricultura intensiva, vigilancia institucional limitada, concentración de derechos y comunidades sin acceso suficiente al agua.
El dato técnico confirma el agotamiento. El dato social confirma la desigualdad. El dato político confirma la disputa.
El agua del desierto se volvió poder. Y mientras no se transparente quién la extrae, cuánto extrae, con qué permiso, con qué subsidio y bajo qué impacto, Chihuahua seguirá profundizando sus pozos como quien cava, lentamente, su propio futuro.
