El primer hecho ocurrió durante las primeras horas del sábado 13 de septiembre en Gran Morelos. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres (FEM) presentó ante un juez a Ricardo D. R., entonces director de Seguridad Pública Municipal, acusado de haber disparado contra su esposa, una joven de 25 años, tras una discusión en su domicilio.
HISTORIASMX. – En menos de 48 horas, dos feminicidios ocurridos en Chihuahua han puesto en el centro de la polémica a las corporaciones policiacas del estado. Los casos involucran directamente a agentes de seguridad pública, uno de ellos en calidad de director municipal y otro como policía estatal en activo, lo que revela profundas fallas en los filtros de ingreso, el control interno y la atención psicológica a los elementos que portan armas y ejercen autoridad.
Gran Morelos: un director de Seguridad acusado de feminicidio
El primer hecho ocurrió durante las primeras horas del sábado 13 de septiembre en Gran Morelos. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres (FEM) presentó ante un juez a Ricardo D. R., entonces director de Seguridad Pública Municipal, acusado de haber disparado contra su esposa, una joven de 25 años, tras una discusión en su domicilio.
La víctima fue trasladada por el mismo agresor a un hospital en la ciudad de Chihuahua, pero falleció minutos después de su ingreso debido a las graves lesiones. La juez de control declaró legal la detención del imputado y dictó prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, mientras se resuelve su vinculación a proceso por feminicidio agravado.
Hotel Don Rubén: una cadete y un agente estatal muertos
Apenas un día después, la tarde del domingo 14 de septiembre, otra tragedia cimbró a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La cadete en formación Teresa R. M. fue hallada sin vida en una habitación del Hotel Don Rubén, en la ciudad de Chihuahua, junto con el cuerpo de Alexandro Vladimir N. M., policía estatal en activo asignado a Ciudad Juárez.
De acuerdo con la hipótesis inicial, el agente habría asfixiado a la cadete para después suicidarse con un arma larga. Este hecho, además de impactar a la sociedad, generó fuerte movilización de corporaciones y abrió nuevas interrogantes sobre la estabilidad emocional y psicológica de los agentes en activo.
Una crisis institucional expuesta
Que dos feminicidios en menos de 48 horas estén vinculados directamente con policías no es un dato menor. Por el contrario, pone en entredicho la capacidad del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, para vigilar, evaluar y garantizar que sus agentes no representen un riesgo para la ciudadanía ni para sus propias familias.
Estos casos revelan la falta de protocolos psicológicos continuos, de programas de acompañamiento emocional y de controles estrictos que midan el comportamiento de quienes portan armas y ejercen funciones de autoridad.
Más que hechos aislados
Especialistas en criminología advierten que estos episodios no deben analizarse como hechos aislados, sino como síntomas de un problema estructural: la ausencia de salud mental en las corporaciones policiacas y el abandono institucional que mantiene a los elementos expuestos a altos niveles de estrés, violencia crónica y descomposición social.
El costo de la omisión
Los feminicidios cometidos presuntamente por policías no solo representan tragedias irreparables para las víctimas y sus familias, sino que también profundizan la crisis de confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad.
En Chihuahua, los cuerpos que deberían proteger a la sociedad están demostrando ser, en algunos casos, fuente directa de violencia letal.
