Un siglo después de las negociaciones entre México y Estados Unidos, persiste la versión de que los acuerdos firmados durante el gobierno de Álvaro Obregón impidieron durante cien años explotar petróleo en tierra firme o desarrollar los hidrocarburos del norte del país. Los documentos históricos cuentan una historia diferente: Bucareli protegió determinados derechos adquiridos antes de 1917, pero nunca dibujó sobre México una zona petrolera prohibida. En lugares como Chihuahua, las verdaderas limitaciones han sido principalmente geológicas, exploratorias, económicas, tecnológicas y, en determinados proyectos, ambientales.
HISTORIASMX. – En algún lugar del desierto de Chihuahua es relativamente fácil imaginar la escena. Una plataforma de perforación se levanta entre lomeríos secos, un equipo desciende miles de metros bajo tierra y, después de atravesar capas depositadas hace millones de años, encuentra petróleo o gas. Entonces aparece inevitablemente una pregunta que desde hace décadas circula en conversaciones, publicaciones y videos: si Texas, Nuevo México y otras regiones situadas inmediatamente al norte de la frontera producen enormes cantidades de hidrocarburos, ¿por qué Chihuahua no está cubierto de pozos petroleros? Una explicación popular ofrece una respuesta tan sencilla como inquietante: porque México habría firmado en 1923 los Tratados de Bucareli y, a cambio del reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Álvaro Obregón, habría aceptado no explotar determinadas riquezas del subsuelo durante cien años.
La historia tiene todos los elementos para convertirse en una poderosa leyenda política: presión estadounidense, petróleo, soberanía nacional, un presidente necesitado de reconocimiento internacional y conversaciones desarrolladas discretamente en una casa de la calle Bucareli de la Ciudad de México. Sin embargo, cuando se revisan las minutas diplomáticas, las convenciones que realmente fueron firmadas, los documentos del Departamento de Estado estadounidense, los estudios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la historia jurídica del artículo 27, la supuesta prohibición petrolera comienza a desaparecer. No existe en la documentación localizada una cláusula que impida a México explotar petróleo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora o cualquier otra entidad del norte. Tampoco aparece una prohibición general de perforar en tierra firme ni un compromiso petrolero con vigencia de cien años.
El México que llegó a Bucareli.
Para entender por qué el petróleo apareció constantemente en las negociaciones de 1923 hay que regresar a la Constitución de 1917. Su artículo 27 modificó profundamente el concepto de propiedad de los recursos naturales al establecer el dominio directo de la Nación sobre los minerales y los hidrocarburos del subsuelo. El problema internacional surgió porque numerosas compañías estadounidenses y británicas habían comprado terrenos o adquirido derechos petroleros durante el Porfiriato, cuando la legislación permitía que el propietario de la superficie tuviera derechos mucho más amplios sobre lo que se encontraba debajo de ella.
Desde la óptica revolucionaria mexicana, la Constitución representaba la recuperación de la soberanía sobre el subsuelo. Para las compañías extranjeras, una aplicación retroactiva del nuevo artículo podía significar perder derechos adquiridos legalmente antes de 1917. Aquella diferencia jurídica estuvo detrás de uno de los conflictos diplomáticos más delicados entre México y Estados Unidos durante los años posteriores a la Revolución. Documentación diplomática estadounidense de la época muestra precisamente que Washington buscaba garantías contra una aplicación que consideraba confiscatoria del artículo 27 a propiedades adquiridas antes del 1 de mayo de 1917.
El asunto petrolero era gigantesco. México se había convertido durante las primeras décadas del siglo XX en uno de los principales productores de petróleo del planeta. Documentos diplomáticos mexicanos citados en los archivos estadounidenses registran una producción de aproximadamente 40.5 millones de barriles en 1916, 157 millones en 1920 y más de 193 millones de barriles en 1921. Lejos de tratarse de un país al que se hubiera impedido explotar su petróleo, México atravesaba precisamente uno de los grandes ciclos petroleros de su historia.
Álvaro Obregón llegó a la Presidencia en 1920 después del triunfo de la rebelión de Agua Prieta. Estados Unidos no reconoció inmediatamente a su gobierno. En Washington existía preocupación por las propiedades estadounidenses afectadas durante la Revolución, la deuda mexicana, las expropiaciones agrarias y, de manera especial, los derechos de las compañías petroleras. El reconocimiento diplomático se convirtió así en una pieza central de la relación bilateral.
Las conversaciones de una casa en Bucareli.
Entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 1923, representantes de ambos países se reunieron en el número 85 de la calle Bucareli, en la Ciudad de México. Del lado estadounidense participaron Charles Beecher Warren y John Barton Payne; México estuvo representado por Fernando González Roa y Ramón Ross. El propio INEHRM señala que aquellas conversaciones buscaban alcanzar un entendimiento satisfactorio que permitiera restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
Aquí comienza una de las mayores confusiones históricas. Bajo la expresión “Tratados de Bucareli” suelen mezclarse varios documentos de naturaleza jurídica diferente. Por una parte estuvieron las conversaciones, declaraciones y minutas de Bucareli. Por otra, posteriormente se formalizaron una Convención General de Reclamaciones y una Convención Especial de Reclamaciones. La primera fue firmada en Washington el 8 de septiembre de 1923 y estaba destinada a resolver reclamaciones de ciudadanos de ambos países. La segunda fue firmada en México el 10 de septiembre y trataba específicamente las pérdidas sufridas por estadounidenses durante los acontecimientos revolucionarios ocurridos entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920.
La documentación del INEHRM introduce una distinción fundamental: buena parte de las discusiones sobre petróleo, ferrocarriles y propiedad agraria quedó plasmada en acuerdos o declaraciones extraoficiales incorporadas a las minutas de las conversaciones, mientras que las convenciones de reclamaciones sí siguieron procedimientos formales de ratificación. Esa diferencia explica por qué denominar simplemente “Tratado de Bucareli” a todo lo negociado genera una percepción equivocada sobre su alcance jurídico.
Estados Unidos terminó restableciendo las relaciones diplomáticas con México. Los propios archivos estadounidenses registran que, después de recibir las recomendaciones de las comisiones reunidas entre mayo y agosto, ambos gobiernos acordaron renovar relaciones diplomáticas.
El verdadero corazón petrolero de Bucareli.
El punto petrolero no consistió en prohibir nuevas perforaciones mexicanas. La discusión estuvo concentrada en otra pregunta: ¿qué debía suceder con las propiedades y derechos petroleros adquiridos bajo las leyes anteriores a la Constitución de 1917?
La Suprema Corte mexicana ya había intervenido antes de Bucareli. En diversos juicios de amparo relacionados con compañías petroleras, incluido el caso de Texas Company, se consolidó el criterio de que el artículo 27 no debía afectar retroactivamente determinados derechos legítimamente adquiridos antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución. Los archivos diplomáticos estadounidenses describen cinco resoluciones que habían establecido jurisprudencia sobre esta cuestión.
Durante las negociaciones de Bucareli, los representantes mexicanos sostuvieron que cuando, antes de 1917, el propietario hubiera realizado un “acto positivo” que demostrara intención de explotar los hidrocarburos —por ejemplo perforar, arrendar terrenos con finalidad petrolera, celebrar contratos sobre el subsuelo o invertir capital para la explotación— podía considerarse que existía un derecho adquirido que debía ser respetado. Esa fue la verdadera materia petrolera negociada en Bucareli.
El historiador Pablo Serrano Álvarez, en una obra publicada por el INEHRM dedicada específicamente a Bucareli y la rebelión delahuertista, describe justamente cómo alrededor de estas negociaciones surgió una “leyenda negra”. Las conversaciones fueron políticamente explosivas porque tocaban la soberanía, los intereses estadounidenses y la legitimidad del gobierno de Obregón, pero ello no equivale a que México hubiera firmado un instrumento secreto que inutilizara durante un siglo sus recursos naturales.
La cláusula de los cien años que no aparece.
Una de las versiones más repetidas sostiene que México se comprometió a permanecer tecnológicamente atrasado, no fabricar ciertos motores o maquinaria y no explotar determinados recursos durante cien años, hasta 2023. En otras variantes, la supuesta cláusula impide perforar petróleo en el norte mexicano durante el mismo periodo.
Existe un problema documental enorme con esa narración: las convenciones formalmente firmadas pueden consultarse y no contienen semejante disposición. La Convención General de Reclamaciones del 8 de septiembre de 1923 regula la solución de reclamaciones entre ciudadanos de los dos países mediante una comisión. La Convención Especial del 10 de septiembre regula reclamaciones por daños derivados de la Revolución. Ninguna establece una prohibición centenaria sobre el desarrollo industrial mexicano o la explotación petrolera terrestre.
Tampoco las investigaciones especializadas del INEHRM sobre las conversaciones de Bucareli documentan esa supuesta prohibición. Por el contrario, la institución explica que numerosos elementos alrededor de las negociaciones originaron versiones posteriores que alimentaron su “leyenda negra”.
La propia historia petrolera posterior contradice materialmente esa versión. México continuó explorando, perforando y produciendo hidrocarburos; creó organismos petroleros estatales y en 1938 el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera. Si hubiera existido una obligación internacional vigente hasta 2023 que prohibiera explotar el subsuelo mexicano, el desarrollo de PEMEX, la expansión de campos terrestres y décadas completas de exploración resultarían imposibles de explicar.
El norte mexicano sí tiene hidrocarburos.
Otra manera de comprobar que no existe una prohibición territorial derivada de Bucareli consiste simplemente en observar la actividad petrolera del norte de México. La Cuenca de Burgos, extendida fundamentalmente por Tamaulipas y Nuevo León, es una de las principales provincias gasíferas del país. Estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos ya documentaban desde hace décadas decenas de campos productores en Burgos y producción acumulada de gas, condensados y petróleo.
Más recientemente, el propio gobierno mexicano ha autorizado explícitamente exploración y extracción terrestre en esa región. Una licitación petrolera incluyó nueve áreas contractuales terrestres de la Cuenca de Burgos con aproximadamente 356.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos.
La evidencia continúa vigente en 2026. Proyectos oficiales registrados por el Gobierno de México describen contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en tierra firme en Nuevo León y Tamaulipas. Un ejemplo es el Área 5 de Burgos, con un contrato para explorar y extraer gas húmedo en una superficie terrestre de aproximadamente 136 kilómetros cuadrados. Existen proyectos similares en las áreas 1, 4, 7 y 8 de la misma provincia petrolera.
Es decir, la afirmación de que México “no puede sacar petróleo o gas en los estados del norte” debido a Bucareli no solamente carece de respaldo en los acuerdos de 1923: contradice operaciones petroleras reales desarrolladas en territorio norteño.
Entonces, ¿por qué Chihuahua no es otro Texas?
Aquí aparece una pregunta mucho más interesante. Chihuahua comparte cientos de kilómetros de frontera con Estados Unidos y se encuentra relativamente cerca de algunas de las regiones petroleras y gasíferas más importantes de Norteamérica. A primera vista parecería lógico pensar que las mismas reservas deberían continuar hacia el sur. Pero los hidrocarburos no siguen fronteras políticas ni se distribuyen uniformemente bajo la superficie. Su existencia depende de una combinación extraordinariamente específica de geología.
Para formar un yacimiento comercial se necesita, entre otras condiciones, una roca generadora con suficiente materia orgánica, temperatura y presión adecuadas durante millones de años, migración de los hidrocarburos, una roca almacén con porosidad y permeabilidad suficientes y una estructura capaz de atraparlos antes de que escapen. La presencia de sedimentos aparentemente apropiados no significa automáticamente que exista un campo petrolero económicamente explotable.
En Chihuahua sí existen indicios. Un análisis publicado por la Universidad Autónoma de Chihuahua recuerda que durante las décadas de 1970 y 1980 brigadas de PEMEX realizaron trabajos de prospección y perforación en el estado y encontraron manifestaciones de hidrocarburos. El estudio señala que Chihuahua volvió posteriormente a despertar interés por su potencial de gas en lutitas y otros recursos.
La documentación geológica también registra rocas potencialmente generadoras de hidrocarburos en la llamada Provincia Petrolera de Chihuahua. Se han identificado manifestaciones de asfalto, aceite y gas y se han propuesto diferentes sistemas petroleros. Pero varias formaciones presentan problemas: madurez térmica elevada, sincronización deficiente entre generación y formación de trampas, deformación tectónica y otros factores que elevan considerablemente el riesgo exploratorio.
Esta es una diferencia fundamental con regiones que poseen sistemas petroleros gigantescos ya comprobados. Texas no produce simplemente porque esté al norte de México, sino porque bajo grandes regiones de su territorio existen cuencas sedimentarias extraordinariamente favorables y ampliamente perforadas durante más de un siglo. En Chihuahua la historia tectónica es diferente.
Un estudio reciente sobre la distribución de los campos mexicanos explica que las mejores condiciones para grandes acumulaciones de petróleo se concentran principalmente hacia la parte oriental del país, asociadas a las cuencas sedimentarias relacionadas con el Golfo de México. En otras partes de México, procesos tectónicos y magmáticos complicaron la generación o preservación de grandes yacimientos.
Por eso encontrar una manifestación de petróleo no significa encontrar Cantarell debajo del desierto. Entre encontrar rastros de hidrocarburos y demostrar reservas comercialmente explotables pueden existir años de estudios sísmicos, pozos exploratorios, evaluación de presión, estimación de reservas, construcción de infraestructura y análisis económico.
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas desmienten el mito.
El noreste mexicano ofrece quizá la demostración más contundente. Las provincias Burgos y Sabinas-Burro-Picachos contienen grandes cantidades de recursos prospectivos, especialmente gas natural. Los inventarios oficiales mexicanos han atribuido a Burgos miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente en recursos convencionales y cantidades todavía mayores en recursos no convencionales. Sabinas-Burro-Picachos presenta igualmente un potencial considerable, fundamentalmente gasífero.
Esto también ayuda a entender otra confusión frecuente: hablar de “petróleo” como si todos los hidrocarburos fueran iguales. Buena parte del potencial norteño mexicano no corresponde necesariamente a enormes campos de petróleo líquido semejantes a los del Golfo de México, sino a gas natural, gas húmedo, condensados y recursos no convencionales. Su explotación requiere infraestructura y tecnologías diferentes.
Además, un recurso prospectivo no es una reserva comprobada. Significa que, utilizando información geológica, geofísica y probabilística, existe la posibilidad de encontrar hidrocarburos. Para transformarlo en reserva deben realizarse descubrimientos, delimitación, evaluación técnica y análisis económico.
Las verdaderas barreras están debajo de la tierra.
Si Chihuahua no se convirtió en un gran estado petrolero, la explicación debe buscarse principalmente a kilómetros de profundidad, no en un documento secreto firmado hace un siglo.
La exploración petrolera es extremadamente costosa. Un programa serio requiere estudios geológicos regionales, sísmica, interpretación estructural y eventualmente pozos exploratorios que pueden costar millones de dólares sin garantía de éxito. Cuando una cuenca tiene alto riesgo geológico, las empresas y el Estado priorizan áreas donde existe mayor probabilidad de recuperar la inversión.
La infraestructura también importa. Un campo comercial necesita caminos, ductos, instalaciones de separación, almacenamiento, procesamiento y transporte. Una reserva de gas alejada de los grandes sistemas de conducción puede ser geológicamente interesante y económicamente poco atractiva.
A ello se suman los precios internacionales. Un yacimiento difícil puede ser rentable cuando el petróleo supera determinado precio y dejar de serlo cuando el mercado cae. El desarrollo de hidrocarburos no convencionales depende todavía más del costo de perforaciones horizontales, fracturamiento hidráulico, agua, logística y disponibilidad de infraestructura.
En Chihuahua existe además un elemento particularmente delicado: el agua. Buena parte del estado enfrenta presión creciente sobre sus acuíferos. Cualquier proyecto que utilice grandes cantidades de agua o implique riesgos ambientales tendría que evaluarse no solamente desde el punto de vista petrolero, sino también desde la disponibilidad hídrica, protección ambiental, afectación territorial y aceptación de las comunidades.
México sí puede explotar hidrocarburos terrestres.
El marco jurídico contemporáneo tampoco contiene una prohibición de carácter territorial vinculada con Bucareli. La legislación mexicana vigente regula expresamente el reconocimiento y exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos en territorio nacional. La Ley del Sector Hidrocarburos publicada en 2025 establece que estas actividades forman parte de las materias reguladas por el Estado y vincula su realización con los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
La soberanía sobre los hidrocarburos deriva hoy directamente de la Constitución mexicana y de su legislación energética, no de las conversaciones realizadas en Bucareli hace más de un siglo.
Los registros oficiales muestran además centenares de asignaciones para trabajos de exploración o extracción. En mayo de 2025 el sistema de la Secretaría de Energía registraba 412 asignaciones vigentes otorgadas a Petróleos Mexicanos.
El Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos publicado por el gobierno federal en 2026 estima alrededor de 112.9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos en México, sumando recursos convencionales y no convencionales. El mismo documento identifica áreas del Estado todavía no asignadas con decenas de miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente de potencial prospectivo.
Nada de eso sería jurídicamente posible si una cláusula de Bucareli hubiera congelado durante cien años la exploración del subsuelo nacional.
La parte incómoda de la historia.
Desmontar el mito, sin embargo, tampoco significa presentar Bucareli como un episodio irrelevante o negar la enorme presión que Estados Unidos ejerció sobre México. Washington tenía intereses económicos concretos y utilizó el reconocimiento diplomático del gobierno de Obregón como instrumento de negociación. El petróleo ocupaba un lugar central porque compañías estadounidenses controlaban inversiones gigantescas en México y temían perder derechos como consecuencia del nuevo artículo 27.
Los documentos diplomáticos estadounidenses lo dicen con claridad. Entre las instrucciones otorgadas a sus negociadores figuraba conseguir garantías contra la confiscación de intereses estadounidenses sobre el subsuelo y proteger propiedades adquiridas antes de mayo de 1917.
La controversia, por tanto, fue real. La presión fue real. Los intereses petroleros estadounidenses fueron reales. Y Obregón necesitaba el reconocimiento del poderoso vecino del norte.
Pero de esos hechos no se desprende que México haya firmado una cláusula secreta entregando su petróleo durante cien años.
La historia suele volverse más incómoda precisamente cuando no cabe dentro de explicaciones sencillas. Bucareli fue una negociación asimétrica entre un México recién salido de una revolución devastadora y una potencia económica que protegía agresivamente los intereses de sus ciudadanos. México aceptó respetar derechos adquiridos antes de 1917 bajo determinadas condiciones y encontró una salida política para restablecer relaciones diplomáticas. Esa realidad puede ser discutida y analizada críticamente sin necesidad de agregar una prohibición petrolera que los documentos disponibles no contienen.
Chihuahua: el petróleo que todavía pertenece a la geología.
La pregunta sobre Chihuahua sigue siendo legítima. Bajo sus enormes planicies, serranías y desiertos existen secuencias sedimentarias que durante décadas han llamado la atención de geólogos y exploradores. Se han registrado indicios de aceite y gas. Existen estudios sobre sistemas petroleros y regiones con potencial. Investigadores de la UACH han señalado que la exploración realizada por PEMEX encontró manifestaciones de hidrocarburos y que todavía existen razones científicas para estudiar determinadas áreas.
Pero una manifestación no es un yacimiento, un yacimiento no necesariamente es una reserva comercial y una reserva tampoco garantiza que desarrollarla resulte económicamente conveniente.
Ese encadenamiento explica mucho mejor la ausencia de una industria petrolera gigantesca en Chihuahua que cualquier supuesto veto firmado en Bucareli.
Quizá por eso el verdadero misterio petrolero del norte mexicano no está escondido en los archivos diplomáticos de 1923, sino varios kilómetros debajo del desierto. La pregunta científicamente relevante no es cuándo terminó una prohibición de cien años que los documentos no registran. La pregunta es cuánto hidrocarburo comercialmente recuperable existe realmente bajo Chihuahua, dónde se encuentra, qué tipo de petróleo o gas contiene, cuánto costaría extraerlo y qué consecuencias ambientales e hídricas tendría hacerlo.
Responder esas preguntas exige sísmica, perforación exploratoria, geoquímica, ingeniería y transparencia pública. No una cláusula secreta.
Bucareli, cien años después.
A más de un siglo de aquellas reuniones, los llamados Tratados de Bucareli siguen ocupando un lugar singular dentro de la memoria política mexicana porque condensan una preocupación histórica mucho más amplia: la relación desigual con Estados Unidos y el temor de que decisiones fundamentales sobre los recursos nacionales hayan sido tomadas bajo presión extranjera.
La documentación histórica confirma que hubo presión estadounidense y que el petróleo fue uno de los asuntos centrales. También confirma que México asumió compromisos relacionados con el respeto de derechos adquiridos antes de 1917 y que la resolución de esos conflictos facilitó el reconocimiento diplomático del gobierno de Álvaro Obregón.
Pero después de revisar las convenciones firmadas, los documentos diplomáticos y la investigación histórica especializada, no aparece una disposición que prohibiera durante cien años explotar petróleo terrestre en México. Tampoco existe una división entre un sur petrolero permitido y un norte petrolero vetado por Bucareli.
Lo que divide esas regiones es principalmente la geología.
Mientras las grandes cuencas del Golfo ofrecieron algunos de los sistemas petroleros más ricos del planeta, Chihuahua presentó un escenario mucho más complejo y riesgoso. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por su parte, demuestran que el norte mexicano sí ha sido explorado y explotado cuando existen yacimientos y condiciones económicas que lo justifican.
Un siglo después, Bucareli continúa siendo una historia que merece ser investigada, pero justamente por lo que realmente ocurrió: un enfrentamiento entre soberanía constitucional, intereses petroleros internacionales y la necesidad de reconocimiento de un gobierno surgido de la turbulencia revolucionaria.
No por un candado petrolero de cien años que las fuentes históricas no muestran.
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