HISTORIASMX. – Desde la superficie, el campo chihuahuense puede transmitir una sensación de abundancia. Huertas de nogal perfectamente alineadas en Jiménez, Camargo y Delicias; manzanales que cubren los valles de Cuauhtémoc y Guerrero; grandes extensiones de maíz, alfalfa y forrajes; pivotes de riego que dibujan círculos verdes sobre terrenos donde, de manera natural, domina el semidesierto. Pero debajo de esa agricultura tecnificada existe una infraestructura mucho menos visible: miles de pozos perforados para extraer agua acumulada durante años, décadas y, en algunos sistemas hidrogeológicos, periodos mucho más prolongados.

La magnitud de la dependencia puede observarse en el Censo Agropecuario 2022. Chihuahua tenía 1 millón 506 mil 293 hectáreas de superficie agrícola en unidades de producción activas. De ellas, alrededor de 788 mil 478 hectáreas, equivalentes al 52.3 %, eran superficie de riego, mientras 717 mil 816 hectáreas correspondían a agricultura de temporal. La alfalfa aparecía además como el principal cultivo perenne del estado por volumen de producción.

El problema no consiste simplemente en que Chihuahua utilice agua para producir alimentos. Toda agricultura de riego lo hace. La diferencia fundamental aparece cuando durante años se bombea un volumen superior al que ingresa nuevamente al acuífero mediante lluvia, infiltraciones, corrientes superficiales y otros mecanismos de recarga. En esas condiciones, una parte de la producción agrícola deja de sostenerse únicamente con el agua renovable del ciclo hidrológico y comienza a depender de la reducción de las reservas subterráneas.

Hoy esa señal está extendida por buena parte del territorio estatal. La Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua ha señalado recientemente que, de los 61 acuíferos registrados en la entidad, 38 se encuentran en condiciones de sobreexplotación, situación que el propio organismo considera un riesgo para la seguridad hídrica.

No todos esos problemas pueden atribuirse exclusivamente al campo. Las ciudades, la industria, la sequía prolongada, el cambio climático, las pérdidas en sistemas hidráulicos y la administración de las concesiones forman parte de la ecuación. Sin embargo, los datos disponibles muestran que la agricultura constituye el principal consumidor de agua del estado y que numerosos acuíferos deficitarios coinciden precisamente con algunas de las regiones agrícolas más productivas de Chihuahua.

El mapa del déficit está debajo de los cultivos.

Los datos actualmente publicados por la Comisión Nacional del Agua permiten observar con enorme claridad el desequilibrio. La disponibilidad media anual de un acuífero resulta, de forma simplificada, de comparar su recarga con las descargas naturales comprometidas y el volumen de extracción reconocido por la autoridad. Cuando el resultado es negativo significa que no existe disponibilidad adicional bajo esas condiciones: el sistema ya enfrenta un déficit.

En Jiménez-Camargo, uno de los corredores nogaleros y agrícolas más importantes del sur de Chihuahua, CONAGUA registra una recarga media anual de aproximadamente 174.9 millones de metros cúbicos, frente a un volumen de extracción de 336.77 millones. Una vez considerada la descarga natural comprometida, la disponibilidad resulta negativa en alrededor de 167.37 millones de metros cúbicos anuales. En términos sencillos: el volumen registrado como extracción es casi el doble de la recarga natural estimada.

El problema se repite alrededor de Delicias. Para el acuífero Meoqui-Delicias, CONAGUA reporta aproximadamente 211.2 millones de metros cúbicos anuales de recarga, pero unos 378.32 millones de metros cúbicos de extracción, generando una disponibilidad negativa cercana a 167.12 millones de metros cúbicos anuales.

Al norte de la capital, El Sauz-Encinillas recibe una recarga estimada de 62.4 millones de metros cúbicos y registra extracciones por aproximadamente 120.54 millones, con un déficit calculado en 58.14 millones de metros cúbicos cada año. El acuífero Chihuahua-Sacramento, fundamental también para el abastecimiento de la capital estatal, tiene una recarga estimada de 56.6 millones y extracciones por unos 122.50 millones, dejando una disponibilidad negativa de 65.90 millones de metros cúbicos anuales.

Más al noroeste, Casas Grandes presenta una recarga anual calculada en 180 millones de metros cúbicos frente a aproximadamente 197.23 millones extraídos. Janos registra 142 millones de recarga, 15.7 millones de descarga natural comprometida y alrededor de 168.06 millones de extracción. Buenaventura, por su parte, tiene unos 66.5 millones de metros cúbicos de recarga frente a casi 187.9 millones de extracción.

Hay situaciones todavía más extremas en la tabla oficial: Laguna de Tarabillas aparece con una disponibilidad negativa de unos 263.36 millones de metros cúbicos anuales; Laguna de Santa María, con alrededor de 319.49 millones negativos; Laguna La Vieja, cerca de 196.17 millones, y Los Juncos presenta un desequilibrio aún mayor. Estas cifras deben interpretarse dentro de la metodología y delimitación específica de cada acuífero, pero juntas dibujan un estado donde el déficit subterráneo no constituye una excepción local, sino un fenómeno territorial.

Cuauhtémoc: estudiar científicamente cómo se vacía un acuífero.

Uno de los casos mejor documentados científicamente es Cuauhtémoc. Una investigación publicada en Tecnología y Ciencias del Agua, elaborada por especialistas del Colegio de Postgraduados y otras instituciones, describe un territorio donde las aguas subterráneas han sido explotadas durante décadas principalmente para la agricultura. El estudio concluyó que los volúmenes extraídos habían superado la recarga, provocando sobreexplotación y abatimientos importantes de los niveles estáticos.

Para 2012, los investigadores localizaron 1,317 unidades de riego abastecidas mediante 1,818 aprovechamientos de agua, sobre una superficie física cercana a 55 mil 555 hectáreas. Aproximadamente 92 % del agua utilizada procedía del subsuelo. Los autores identificaron además una concentración productiva fundamentalmente en maíz y manzana y observaron, mediante análisis posteriores de superficies cultivadas, que la agricultura había continuado expandiéndose fuera de las áreas identificadas originalmente. Eso implicaba un consumo adicional de agua subterránea.

Otra investigación académica sobre las transformaciones agrícolas de comunidades menonitas encontró que para 2015 el acuífero de Cuauhtémoc presentaba una extraordinaria concentración de perforaciones: el estudio identificó 4,071 pozos y calculó que aproximadamente uno de cada cinco pozos del estado se encontraba dentro de esa zona, con una densidad ocho veces superior al promedio estatal. Los autores vincularon directamente esa concentración con la agricultura intensiva y advirtieron sobre la sostenibilidad del sistema.

Las cifras actuales de CONAGUA han cambiado respecto de estimaciones utilizadas hace una década debido a actualizaciones de recarga, extracción y metodología. Actualmente, la tabla oficial atribuye al acuífero Cuauhtémoc una recarga aproximada de 299.4 millones de metros cúbicos anuales y una extracción cercana a 307.15 millones, que todavía produce una disponibilidad negativa de unos 7.75 millones de metros cúbicos al año.

Esa diferencia entre evaluaciones históricas es importante periodísticamente: un acuífero no contiene una cifra inmóvil. Los balances cambian conforme se actualizan mediciones, censos de aprovechamientos, modelos hidrogeológicos y estimaciones de recarga. Pero incluso después de las revisiones, Cuauhtémoc continúa apareciendo sin disponibilidad positiva.

Jiménez-Camargo: producir nuez sobre un acuífero en números rojos.

Pocos paisajes resumen la contradicción hídrica de Chihuahua como el corredor Jiménez-Camargo. Sobre uno de los ambientes más secos del estado se desarrolló una importante industria nogalera que genera empleo, inversión, exportaciones y patrimonio para cientos de familias. Pero los árboles necesitan agua durante prácticamente toda su vida productiva y, en una región de lluvias limitadas, gran parte debe obtenerse mediante riego.

El nogal pecanero no es un cultivo menor desde el punto de vista hídrico. Investigaciones agronómicas realizadas en el norte de México reconocen que su consumo de agua es elevado en comparación con otros cultivos. Un estudio de evapotranspiración encontró, por ejemplo, consumos mensuales de aproximadamente 1,587 metros cúbicos por hectárea durante mayo, 1,767 durante junio y 1,705 durante julio bajo las condiciones particulares del huerto analizado. Es incorrecto trasladar esos valores directamente a cada huerta de Chihuahua —porque el consumo cambia con clima, suelo, edad de los árboles, densidad, sistema de riego y manejo—, pero los datos sirven para mostrar la magnitud del requerimiento durante los meses de máxima actividad.

En Chihuahua, además, el nogal adquirió una relevancia excepcional. Un estudio publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental reportaba, con datos de SIAP correspondientes a 2013, que Chihuahua concentraba alrededor del 61.1 % de la superficie nacional de nogal pecanero de aquel momento y que estas plantaciones se encontraban prácticamente en su totalidad dentro de zonas dependientes de riego por gravedad o bombeo.

La investigación se realizó precisamente utilizando pozos de diez huertas ubicadas sobre la carretera libre Jiménez-Camargo. Además del volumen disponible, sus autores analizaron un problema que se vuelve cada vez más importante conforme un sistema agrícola depende del subsuelo: la calidad del agua. Detectaron en determinados pozos concentraciones y condiciones que justificaban monitorear arsénico, boro, sólidos disueltos, plomo, níquel y conductividad eléctrica. Algunos resultados rebasaron límites aplicables para determinados usos.

El problema hidrogeológico de Jiménez, por tanto, tiene dos dimensiones distintas: cuánta agua queda y qué características presenta el agua que todavía puede extraerse.

Cuando baja el agua, el pozo tiene que perseguirla.

El agotamiento de un acuífero rara vez se observa como una presa que comienza a mostrar el fondo. Bajo tierra ocurre lentamente. Primero disminuye el nivel del agua dentro del pozo. Después las bombas tienen que elevarla desde una mayor profundidad. Algunos pozos pierden rendimiento. Otros deben profundizarse, rehabilitarse o sustituirse. El agricultor consume más electricidad para levantar cada metro cúbico y necesita equipos más potentes.

Por eso el abatimiento no es solamente un problema ambiental. También es una transferencia económica progresiva hacia quien posee suficiente capital para seguir perforando, profundizando, electrificando y tecnificando.

Un productor con cientos de hectáreas puede tener capacidad financiera para perforar un nuevo pozo, instalar riego presurizado, incorporar sensores, renovar bombas o absorber durante algún tiempo el incremento energético. Un pequeño agricultor que depende de una sola captación puede quedar fuera del sistema productivo cuando ese pozo deja de entregar suficiente agua.

Así se crea una paradoja: cuanto más escaso se vuelve el recurso, mayor puede ser la ventaja relativa de quienes tienen dinero suficiente para continuar buscándolo.

El agua desaparece primero para quien tiene el pozo menos profundo.

La agricultura consume la mayor parte.

La responsabilidad del sector agrícola debe analizarse con datos y no únicamente con imágenes de huertas o campos verdes. Una referencia elaborada con información de CONAGUA para Chihuahua señalaba que en 2017 el estado tenía alrededor de 5,300 millones de metros cúbicos anuales concesionados para usos consuntivos. Aproximadamente 60.5 % provenía de aguas subterráneas y el uso agrícola concentraba alrededor del 89.1 % del volumen total concesionado. Dentro exclusivamente del agua subterránea, el sector agrícola representaba aproximadamente 2,632 millones de metros cúbicos anuales, 82.5 % del volumen concesionado en aquel registro. Son cifras históricas y no deben presentarse como el balance exacto de 2026, pero muestran la estructura dominante del consumo hídrico estatal.

La presión agrícola sobre los acuíferos tampoco significa que cada productor utilice agua de manera irresponsable. Chihuahua cuenta con explotaciones tecnificadas, riego por goteo, microaspersión, nivelación, monitoreo de humedad y otras estrategias para reducir pérdidas. El problema es más profundo: la eficiencia individual no garantiza necesariamente la sostenibilidad del acuífero completo.

Un sistema de riego que reduce el agua necesaria por hectárea puede ahorrar grandes volúmenes si la superficie cultivada permanece constante. Pero si el ahorro permite ampliar posteriormente la superficie agrícola, establecer nuevos cultivos o aumentar las extracciones en otras parcelas, parte del beneficio puede desaparecer. Es lo que en administración de recursos se conoce como un efecto rebote: producir cada hectárea de manera más eficiente no necesariamente reduce la extracción total de una cuenca o acuífero.

Por eso la tecnología, aunque indispensable, no sustituye un límite al volumen total bombeado.

El espejismo verde del desierto.

La agricultura intensiva ha permitido algo extraordinario: convertir extensas regiones áridas de Chihuahua en territorios capaces de producir alimentos a gran escala. Pero el paisaje verde puede esconder una contabilidad ecológica negativa.

Cuando un acuífero recibe cien unidades de agua y cada año se retiran ciento cincuenta, las cincuenta restantes no aparecen por innovación tecnológica ni por crecimiento económico. Salen del almacenamiento acumulado.

Durante algunos años el sistema puede seguir funcionando.

Los pozos continúan entregando agua.

Los árboles continúan produciendo.

Los cultivos continúan cosechándose.

Los camiones siguen saliendo hacia los mercados.

Pero debajo de la superficie el capital hídrico disminuye.

Ese es probablemente el aspecto más peligroso de la sobreexplotación: permite sostener durante años una apariencia de normalidad.

Más profundo no significa infinito.

La idea de que siempre puede perforarse otro poco constituye uno de los mayores riesgos para las regiones agrícolas del norte de México. Un acuífero no es un gigantesco lago subterráneo esperando ser vaciado. En muchos casos consiste en materiales geológicos —arenas, gravas, sedimentos y fracturas— que almacenan y transmiten agua.

Extraer agua modifica las presiones y niveles existentes dentro de ese sistema.

Profundizar tampoco garantiza encontrar indefinidamente agua de igual calidad. A mayor profundidad pueden aparecer aguas con condiciones físico-químicas distintas, mayor mineralización o concentraciones naturales de determinados elementos. Eso depende de la geología particular de cada zona y no debe generalizarse, pero constituye otra razón para evitar que el debate se reduzca a la pregunta de cuántos metros más puede perforarse.

El INIFAP recordó en 2025 que los acuíferos El Sauz-Encinillas, Chihuahua-Sacramento y Tabalaopa-Aldama, que abastecen áreas urbanas y agrícolas alrededor de la capital, presentan desequilibrios hidrológicos. Como alternativa, investigadores han trabajado en el aprovechamiento agrícola de aguas residuales tratadas para disminuir la presión sobre fuentes convencionales.

La sequía acelera un problema que ya existía.

Sería demasiado sencillo responsabilizar únicamente a la agricultura. Chihuahua atraviesa ciclos recurrentes de sequía y posee naturalmente una disponibilidad hídrica limitada. En años secos disminuye la humedad del suelo, cae la aportación de arroyos y presas y los productores necesitan compensar esa ausencia mediante bombeo.

El cambio climático añade una presión adicional al modificar temperaturas, evaporación y patrones de precipitación. Sin embargo, la sequía y el calentamiento global no explican por sí solos déficits estructurales acumulados durante décadas.

La diferencia es fundamental: una sequía es un fenómeno climático; la sobreexplotación es una condición de manejo del recurso.

Una región puede sufrir sequía sin sobreexplotar permanentemente su acuífero, de la misma manera que puede sobreexplotarlo incluso durante periodos relativamente lluviosos si el bombeo supera sistemáticamente la recarga.

Un modelo que comienza a competir consigo mismo.

El problema final trasciende la agricultura. Los mismos acuíferos abastecen ciudades, ejidos, industrias, viviendas rurales y ecosistemas.

Cada metro que desciende el agua implica nuevas dificultades para alguien.

En los alrededores de Chihuahua capital, por ejemplo, el agua subterránea sostiene simultáneamente el crecimiento urbano y zonas agrícolas. INIFAP identifica precisamente ese conflicto al señalar que los acuíferos que abastecen la ciudad también soportan importantes superficies agrícolas.

Ese mismo patrón aparece en distintos puntos del estado. Lo que comenzó como una estrategia para vencer las restricciones naturales del desierto termina enfrentando tres necesidades igualmente legítimas: producir alimentos, mantener economías rurales y garantizar agua para las poblaciones futuras.

El dilema no consiste en escoger entre agricultura o agua.

Consiste en determinar cuánta agricultura puede sostener realmente el agua disponible.

No basta con cerrar pozos ilegales.

La extracción irregular forma parte de la discusión, pero incluso si mañana desaparecieran todas las perforaciones clandestinas, Chihuahua seguiría necesitando transformar su modelo de administración.

Los propios balances oficiales muestran acuíferos en los cuales el volumen reconocido de extracción ya supera ampliamente la recarga estimada. Eso significa que combatir únicamente pozos clandestinos no solucionaría por sí solo el déficit.

Se necesita conocer con mayor precisión cuánto se extrae realmente de cada aprovechamiento; instalar y verificar sistemas de medición; hacer públicos datos actualizados; proteger zonas de recarga; impedir expansión agrícola donde el balance no la soporte; favorecer cultivos compatibles con cada región; mejorar riego sin utilizar el ahorro para ampliar automáticamente la superficie; reutilizar aguas tratadas donde sea técnica y sanitariamente viable, y revisar la relación entre derechos concesionados y disponibilidad física.

También implica decisiones políticamente difíciles.

Porque detrás de cada concesión existe producción.

Detrás de cada hectárea hay inversión.

Detrás de cada huerta existen empleos.

Y detrás de cada restricción habrá intereses económicos que se consideren afectados.

Pero postergar esas decisiones tampoco es neutral: significa trasladar el costo hacia quienes dependerán mañana de un acuífero más profundo y más caro.

El costo social de un recurso que se hunde.

El productor pequeño probablemente sea uno de los primeros en experimentar la nueva realidad. Cuando el agua desciende, aumenta el costo eléctrico. Cuando la bomba deja de alcanzar, necesita inversión. Cuando el pozo pierde capacidad, disminuye la superficie que puede sembrarse. Cuando finalmente ya no existe dinero para profundizar, vender o abandonar se vuelve una posibilidad.

Después aparece otra transformación: la concentración.

Tierras que dejan de ser rentables para familias pequeñas pueden terminar integrándose en unidades agrícolas de mayor capital. Por eso el agotamiento del agua puede alterar no solamente el paisaje, sino también la estructura social del campo.

Cuauhtémoc ofrece una advertencia científica sobre esa relación entre economía, agricultura y agua. Los investigadores que estudiaron el acuífero señalaron expresamente que sus abatimientos generan consecuencias sociales y económicas, además de las estrictamente hidrológicas.

El verdadero límite del campo chihuahuense.

Durante décadas, el desarrollo agrícola de Chihuahua se construyó sobre una extraordinaria capacidad tecnológica: perforar, bombear, electrificar, canalizar y llevar agua hacia lugares donde naturalmente era escasa. Esa infraestructura permitió producir manzana en Cuauhtémoc, nuez en Jiménez y Delicias, chile, alfalfa, maíz, algodón y forrajes en distintas regiones de uno de los territorios más áridos del país.

Pero la ingeniería consiguió superar temporalmente una limitación geográfica; no consiguió eliminarla.

El agua sigue siendo finita.

CONAGUA mantiene actualmente números negativos en numerosos acuíferos estratégicos: Jiménez-Camargo, -167.37 millones de metros cúbicos anuales; Meoqui-Delicias, -167.12 millones; Chihuahua-Sacramento, -65.90 millones; El Sauz-Encinillas, -58.14 millones; Janos, -41.76 millones; Casas Grandes, -17.23 millones y Cuauhtémoc, -7.75 millones, entre muchos otros.

Y esas cantidades contienen una advertencia mucho más grande que una estadística.

Significan que la economía de determinados territorios está retirando agua de sistemas que ya no presentan saldo disponible bajo los balances oficiales.

La última cosecha no será el primer aviso.

Un acuífero no desaparecerá una mañana dejando un enorme hueco bajo Chihuahua. El proceso será mucho menos dramático y, precisamente por eso, más fácil de ignorar.

Primero habrá pozos que entreguen menos.

Luego bombas trabajando durante más horas.

Después perforaciones cada vez más profundas.

Facturas eléctricas mayores.

Productores que ya no puedan competir.

Huertas sometidas a estrés.

Comunidades buscando nuevas fuentes.

Ciudades perforando más lejos.

Y agua progresivamente más costosa.

La crisis hídrica de Chihuahua no comienza el día en que salga la última gota de un pozo. Comienza cuando extraer más agua de la que regresa al subsuelo se transforma en una práctica permanente.

Ese momento ya ocurrió en buena parte del estado.

Los datos oficiales, los estudios científicos y las investigaciones de campo coinciden en lo esencial: Chihuahua construyó una poderosa economía agrícola gracias al agua subterránea, pero en numerosas regiones está consumiendo ese patrimonio natural a mayor velocidad de la que puede recuperarse.

El debate, por tanto, ya no debería reducirse a cuántos pozos nuevos pueden perforarse o cuántos metros más puede descender una bomba.

La pregunta que queda debajo de cada nogal, de cada manzano y de cada parcela irrigada es mucho más incómoda:

¿cuánto tiempo puede sostenerse una agricultura que necesita sacar del subsuelo más agua de la que el desierto consigue devolverle?

---