Mientras agricultores mantienen cerrada la carretera Jiménez–Torreón en protesta por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, especialistas y autoridades advierten que la iniciativa federal podría frenar la sobreexplotación y la extracción ilegal de acuíferos. En medio del conflicto, surge una duda de fondo: ¿cuántos de los inconformes operan dentro de la ley.
Un bloqueo que crece y desgasta
HISTORIASMX. – Por cuarto día consecutivo, la carretera Jiménez–Torreón permanece bloqueada por productores agrícolas que exigen al gobierno federal “justicia para el campo”. El movimiento, encabezado localmente por Jesús José Barraza, suma cada día nuevos participantes y ha comenzado a replicarse en distintos puntos del país.
La estrategia que implementan es un bloqueo intermitente: cierran el paso durante dos horas y liberan algunos minutos para permitir el avance de vehículos, especialmente camiones de carga. El resultado son filas kilométricas, retrasos en entregas, pérdidas económicas y un creciente malestar entre los operadores de transporte pesado.
“Lo que buscamos es la defensa del campo, nada más. No estamos aquí por gusto, estamos porque es necesario”, afirmó Barraza durante una de las pausas del bloqueo.
Tensiones, vigilancia y un conflicto sin fecha de conclusión
La presencia constante de elementos de Seguridad Pública ha evitado incidentes mayores entre transportistas molestos y manifestantes cansados. Sin embargo, el clima es tenso. Los productores aseguran que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades federales.
Aunque existen mesas de diálogo en curso, no hay acuerdos firmes. Los representantes del movimiento afirman que el gobierno debe restablecer subsidios, apoyar al campo y retirar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales que consideran perjudicial.
La ley en disputa: ¿amenaza u oportunidad?
En el centro del conflicto se encuentra la nueva Ley General de Aguas, una propuesta del gobierno federal que busca sustituir la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992. Los productores la ven como una amenaza directa a su actividad agrícola; aseguran que impondrá nuevas restricciones, trámites y posibles sanciones.
Sin embargo, especialistas y autoridades federales sostienen lo contrario:
la nueva legislación pretende frenar la sobreexplotación, ordenar los volúmenes de extracción y combatir la ilegalidad en pozos y concesiones, particularmente en regiones donde los acuíferos están al borde del colapso.
En zonas agrícolas como Jiménez, donde los mantos freáticos presentan estrés hídrico severo, la regulación no sólo sería necesaria, sino urgente para garantizar agua a largo plazo.
La reforma, en pocas palabras:
- Fortalece la vigilancia sobre pozos irregulares.
- Limita la sobreextracción en acuíferos agotados.
- Obliga a transparentar concesiones y volúmenes reales de uso.
- Prioriza el agua para consumo humano, como manda la Constitución.
La pregunta incómoda: ¿todos los que protestan cumplen la ley?
En este contexto, surge un cuestionamiento que pocos quieren enfrentar:
¿cuántos de los productores que hoy bloquean la carretera tienen sus pozos en regla?
En la región es un secreto a voces que muchos aprovechan lagunas legales, concesiones heredadas o pozos clandestinos para sostener cultivos altamente demandantes de agua. Nadie lo dice públicamente, pero distintos actores del sector hídrico sostienen que la regularización es un proceso pendiente y que la reforma podría destapar un problema histórico.
Para expertos consultados por HISTORIASMX, la nueva ley no busca perjudicar al agricultor, sino ordenar un sistema que por años ha operado bajo opacidad, subregistro y sobreexplotación.
El trasfondo: la crisis del agua ya está aquí
En municipios como Jiménez, Delicias o Camargo, los acuíferos han acumulado décadas de extracción superior al nivel de recarga natural. La agricultura intensiva, particularmente la vinculada a la producción pecanera y forrajera, consume miles de millones de litros cada año. La propia Conagua ha advertido que varios acuíferos del centro-sur de Chihuahua están en agotamiento crítico.
La reforma, vista desde esta perspectiva, sería una herramienta para:
- Recuperar la gobernanza del agua.
- Detener la extracción indiscriminada.
- Identificar y clausurar pozos ilegales.
- Asegurar disponibilidad hídrica para las próximas generaciones.
¿Y ahora qué sigue?
El bloqueo continúa y el desgaste es cada vez mayor. Los productores insisten en que no retirarán la protesta hasta que sus demandas sean escuchadas; por otro lado, la urgencia de ordenar el uso del agua, proteger los acuíferos y regular los pozos —legales e ilegales— no puede posponerse más.
Lo que ocurra en las próximas horas definirá si el conflicto escala, se negocia o se transforma en un debate nacional sobre un recurso vital que ya no alcanza.
Una cosa es clara: la discusión sobre el agua dejó de ser técnica y se convirtió en un asunto social, económico y político de primer orden. El país deberá decidir entre seguir como hasta ahora o asumir el costo de ordenar un sistema hídrico que ya no soporta más abusos.
