Documentos coloniales, catálogos de archivos y estudios históricos permiten reconstruir los antecedentes mineros de Los Reyes y su relación con el poblamiento del sur de Chihuahua. La evidencia revela proyectos de exploración, aprovechamientos tempranos y conflictos, aunque todavía deja abiertas preguntas sobre sus trabajadores y su producción.
Jiménez, Chihuahua.— La historia minera del territorio que hoy ocupa Jiménez comenzó antes de que se estableciera el presidio de Huejoquilla. Al revisar sus antecedentes aparecen cerros reconocidos por sus minerales, intentos de explotación y una preocupación constante por las condiciones necesarias para sostenerlos. La pregunta de las autoridades coloniales iba más allá de dónde encontrar metal: necesitaban saber desde qué población podrían organizar su aprovechamiento, cómo alimentarla y de dónde obtener agua. Los documentos permiten acercarse a esa historia sin convertir cada noticia de riqueza en una bonanza demostrada. [1, 2]
Esta investigación distingue tres cosas que suelen confundirse: la búsqueda de minerales, el registro de derechos sobre una mina y la extracción efectiva. También separa el territorio del municipio actual de la región histórica que lo rodeaba. En este reportaje se utiliza el nombre Huejoquilla. Las fuentes consultadas también emplean las variantes Guajoquilla, Huejuquilla y Guejoquilla; sus relaciones económicas y militares rebasaban las fronteras municipales que hoy utilizamos. Reconstruir aquel espacio exige seguir personas, caminos y documentos, además de reconocer los límites de cada fuente.
Los Reyes: un antecedente anterior al presidio
El informe de la carta geológico-minera Ciudad Camargo G13-2, elaborado por el Consejo de Recursos Minerales en 1999 y conservado por el Servicio Geológico Mexicano, sitúa en 1725 una denuncia de las minas de Los Reyes atribuida al capitán Diego Ladrón de Guevara. Su reseña histórica señala el aprovechamiento de minerales de cobre con contenidos de plata y plomo mediante fundición, y relaciona la interrupción de las actividades regulares con una invasión de propiedad. Es un antecedente preciso, pero transmitido por una fuente técnica posterior: durante esta investigación no se localizó la escritura original de aquella denuncia. [1]
Existe, además, una discrepancia que conviene conservar a la vista. En el inventario de minerales de Pueblos mineros de Chihuahua, Zacarías Márquez coloca Los Reyes en 1727. Las dos referencias coinciden en situarlo antes de la fundación del presidio, pero no permiten fijar sin reservas un año único de descubrimiento. Tampoco sería correcto convertir automáticamente la fecha de una denuncia en la del primer conocimiento del yacimiento. La formulación más sólida es que la bibliografía consultada remonta sus antecedentes mineros a la década de 1720. [1, 3]
Diego Ladrón de Guevara y las pistas que dejan los archivos
El nombre no aparece aislado en la documentación regional. El catálogo del Archivo Histórico del Municipio de Chihuahua registra en 1715 una denuncia de la mina Santa Catalina por Diego Ladrón de Guevara en Santa Eulalia, dentro de la documentación colonial de Notaría. El asiento menciona también una donación de veinte varas. Su valor para esta investigación es ofrecer una pista anterior y verificable sobre ese nombre en el mundo minero; no demuestra, por sí solo, todos los vínculos personales o empresariales con Los Reyes. [4]
Guillermo Porras Muñoz aporta otra referencia en Las minas de Chihuahua, publicado en 1966 por el Boletín del Archivo General de la Nación. En una nota documenta una comparecencia de Diego Ladrón de Guevara, vecino y mercader de Santa Eulalia, el 21 de octubre de 1715, para registrar una cata. Cita el Archivo de Parral con la referencia 1715 A-588-113. Este dato pertenece a Santa Eulalia, no al actual Jiménez: permite seguir una posible trayectoria, pero hace falta enlazar los expedientes originales antes de construir una biografía concluyente del empresario de Los Reyes. [5]
La diferencia importa. Un catálogo indica que existe un documento y resume su contenido; una edición histórica permite conocer la lectura que hizo su autor; un expediente completo puede aportar firmas, parentescos, socios y propiedades. Usar esos niveles como si fueran equivalentes produciría una historia aparentemente detallada, pero difícil de sostener. Aquí los registros sirven como puntos de apoyo y como rutas concretas para continuar la investigación.
Un proyecto colonial para explorar las sierras
La pieza más explícita sobre el potencial minero de la zona se encuentra en el dictamen sobre poblamiento de Nueva Vizcaya del marqués de Altamira, fechado el 23 de diciembre de 1749, según la bibliografía del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. María del Carmen Velázquez lo reproduce en El marqués de Altamira y las provincias internas de Nueva España, publicado por El Colegio de México en 1976. [2, 6]
En la página 119, el documento propone establecer una población en Guajoquilla, aprovechando un ojo de agua que ya regaba cuatro labores. Desde allí se atenderían las minas conocidas de la Sierra de las Adargas y se buscarían nuevas en la Sierra de los Reyes. El pasaje atribuye el despoblamiento de las primeras a “varios pleitos y embargos”. En pocas líneas quedan vinculados el agua, el cultivo, la instalación de pobladores y el aprovechamiento mineral. [2]
El tiempo verbal es revelador: una propuesta de descubrir nuevos depósitos expresa una expectativa oficial, no certifica que las exploraciones previstas se hayan realizado ni que produjeran resultados. Tampoco equivale a una evaluación moderna de reservas. El documento demuestra que ambas sierras formaban parte del horizonte económico de las autoridades; las dimensiones de sus riquezas seguían siendo otra cuestión. [2]
Las Adargas y el problema de dibujar el pasado con mapas actuales
Las Adargas debe figurar en esta reconstrucción como referencia minera regional, con una precaución territorial. Fuentes oficiales de épocas posteriores no ofrecen una adscripción municipal uniforme: una publicación del Diario Oficial de la Federación de 1955 vincula la mina San Pascual de las Adargas con Villa López, mientras una solicitud publicada en 1989 la menciona en el municipio de Jiménez. Esos registros son posteriores a la Colonia y no resuelven por sí mismos la delimitación histórica. [7, 8]
Para asignar cada labor al municipio actual habría que confrontar coordenadas, títulos y cambios de límites. La proximidad económica de dos lugares no los convierte en una misma jurisdicción. Por ello, el presente reportaje considera Los Reyes como su caso local central y utiliza Las Adargas para explicar el espacio regional de los proyectos coloniales, sin adjudicar indiscriminadamente todas sus minas a Jiménez.
Este cuidado evita otro equívoco frecuente: suponer que un nombre aplicado a una sierra, un mineral, una hacienda o una mina individual designa siempre exactamente el mismo lugar. Las búsquedas documentales deben conservar esas diferencias. Un hallazgo con el topónimo correcto necesita todavía una localización que permita saber de qué establecimiento se habla y en qué momento.
Huejoquilla: el poblamiento que debía sostener la frontera
La investigación de Chantal Cramaussel, La compañía volante de campaña del Valle de San Bartolomé, 1688-1752, permite entender el proceso militar y poblacional. La autora explica el traslado de la compañía hacia Huejoquilla en 1752 y sitúa la fundación del presidio el 4 de enero de 1753. Entre sus antecedentes aparece el propósito de repoblar Huejoquilla, Tierra Blanca, Ojo de Barraza y Las Cañas, lugares afectados por el abandono de asentamientos coloniales después de la rebelión de 1722. [9]
La secuencia impide presentar la fundación como el comienzo absoluto de toda actividad en el territorio. Había antecedentes de ocupación y un proyecto de reorganización. También obliga a leer con cuidado el vocabulario de los documentos: describir una zona como despoblada podía referirse al retiro de determinados establecimientos coloniales, sin demostrar que estuviera vacía de población indígena. La historia de una frontera cambia según quién la describe y qué formas de ocupación reconoce.
Cramaussel estudia asimismo el poder regional de los capitanes de estas compañías. Ese contexto ayuda a comprender por qué una historia de minas puede encontrarse dispersa entre papeles militares, disposiciones de gobierno y asuntos de poblamiento. Para investigar la economía local no basta con buscar expedientes que lleven la palabra minería en su título. [9]
Caminos, abastecimiento y metales
El INAH Chihuahua identifica Jiménez como un punto estratégico del Camino Real de Tierra Adentro. En su explicación histórica, apoyada en el cronista Salvador Mendoza Rede, destaca las conexiones de Huejoquilla con el Valle de San Bartolomé, Santa Rosalía, Conchos, Guanaceví, El Florido y Cuatro Ciénegas. Por esas articulaciones circulaban mercancías, ganado y metales. El asentamiento debe entenderse, por tanto, dentro de una red de intercambios, además de su función militar. [10]
La consecuencia económica es clara: para estudiar una explotación también hay que seguir su abastecimiento. La distancia entre una labor minera y los lugares donde se conseguían alimentos, animales o herramientas podía condicionar su funcionamiento. Esta es una interpretación del contexto, no una contabilidad reconstruida de Los Reyes. No se localizaron libros de gastos que permitan calcular cuánto costaba mantener sus trabajos coloniales, ni qué proporción de sus suministros provenía de cada población.
Los inventarios conservan rastros de esa vida material. El instrumento de consulta del Fondo Colonial de Parral disponible en Panes registra una carta de Guejoquilla, fechada el 10 de diciembre de 1785, relativa a 570 fanegas de semillas acopiadas por cuenta del común real. El asiento corresponde al inventario AHMPFCA03001021. Es una evidencia de abastecimiento que merece seguirse; no prueba que aquellas semillas estuvieran destinadas a trabajadores mineros. [11]
Reconocer el territorio no siempre significaba buscar minas
En 1766, el ingeniero militar Nicolás de Lafora pasó por Guajoquilla. Roberto Carrillo Acosta reconstruye ese recorrido en un estudio publicado en Devenir en 2024: desde Cerro Gordo y el río Florido, el trayecto alcanzaba Atotonilco, hoy Villa López, continuaba por el presidio de Guajoquilla y seguía hacia Chupaderos, La Ramada y Santa Rosalía. Es un testimonio útil para entender la articulación del espacio regional. [12]
El estudio también recoge reconocimientos relacionados con la ubicación de presidios. Sin embargo, una inspección de caminos y posiciones defensivas no puede clasificarse automáticamente como expedición minera. Para afirmar que una comitiva realizó prospecciones en Los Reyes harían falta observaciones de yacimientos, muestras, ensayes u otro registro explícito. El paso de Lafora documenta un reconocimiento territorial; convertirlo en descubridor de minas locales iría más allá de la evidencia consultada. [12]
Los trabajadores que todavía no tienen nombre
El relato disponible conserva con mayor claridad los nombres de autoridades y denunciantes que los de las personas que realizaron el trabajo cotidiano. No se localizaron, en los materiales accesibles revisados, nóminas coloniales de Los Reyes, padrones de sus cuadrillas o contratos que permitan reconstruir de manera precisa su composición. Por eso no es posible establecer aquí cuántos trabajadores hubo, cuánto recibían, de dónde provenían o bajo qué relaciones laborales se encontraban.
Esa ausencia debe permanecer visible. Atribuir a una mina determinada una cuadrilla indígena, un régimen de trabajo forzado o una población de esclavos exige evidencia local. Las historias generales de la minería novohispana orientan preguntas, pero no sustituyen los documentos de cada establecimiento. Tampoco sería legítimo inventar escenas de jornada, accidentes o testimonios para dar emoción al reportaje. La dimensión humana está también en reconocer que las fuentes preservaron unas vidas con mayor detalle que otras.
Recuperar esos nombres requerirá revisar, junto con los expedientes mineros, registros parroquiales, testamentos, deudas, litigios y padrones. Allí podrían aparecer familias que no dejaron una denuncia de mina a su nombre, pero participaron en el sostenimiento de los asentamientos. Se trata de una ruta de investigación pendiente, no de resultados que esta consulta haya producido.
Lo que la documentación permite contar
El balance es más preciso que una narración de riquezas ilimitadas: existen antecedentes bibliográficos de aprovechamiento temprano en Los Reyes; un documento colonial incluye su sierra en un proyecto de nuevas búsquedas; y las investigaciones sobre Huejoquilla reconstruyen el poblamiento y los caminos que daban contexto a esas expectativas. Falta todavía enlazar esas piezas con expedientes locales que permitan medir la continuidad y el alcance de las operaciones.
No se obtuvo una serie de producción colonial, una relación completa de minas activas ni una nómina de expediciones prospectivas realizadas dentro de los límites del municipio actual. Esa limitación no demuestra que tales actividades o documentos no hayan existido. Define, en cambio, hasta dónde puede llegar este reportaje sin reemplazar pruebas por suposiciones.
La historia minera temprana de Jiménez merece contarse con esa precisión. Una fecha discutida, un registro notarial y una propuesta de poblamiento pueden parecer fragmentos modestos frente a las leyendas de tesoros. Reunidos y leídos con cuidado, permiten formular preguntas más cercanas a la experiencia de quienes habitaron la región: cómo sostener el trabajo, cómo asegurar el alimento, cómo resolver una disputa y cómo permanecer en un territorio cuya ocupación estaba en conflicto. El siguiente avance dependerá de encontrar las voces y las cuentas que todavía faltan.
Fuentes y alcance de la investigación
Se consultaron informes técnicos, publicaciones académicas, una edición de documentación colonial, páginas institucionales y catálogos archivísticos. No se realizó consulta presencial, inspección arqueológica ni examen de los manuscritos originales descritos en los inventarios. Los asientos catalográficos se identifican como tales. Las fechas de documentos coloniales se distinguen de las fechas de sus ediciones modernas.
- Consejo de Recursos Minerales, 1999. Carta geológico-minera y geoquímica Ciudad Camargo G13-2, apartado Zona Los Reyes, especialmente p. 75 impresa. Informe alojado por el Servicio Geológico Mexicano. Fuente técnica retrospectiva para 1725, metales, fundición e interrupción. PDF.
- María del Carmen Velázquez, 1976. El marqués de Altamira y las provincias internas de Nueva España. El Colegio de México. Apartado sobre poblamiento en Nueva Vizcaya, especialmente p. 119. Edición de un documento colonial, consultada mediante el repositorio de CLACSO. PDF.
- Zacarías Márquez. Pueblos mineros de Chihuahua. Copia digital alojada en Archivos Históricos de Parral, inventario de minerales, entrada 136: Los Reyes (1727). Esta fecha discrepa de la reseña del CRM. PDF.
- Archivo Histórico del Municipio de Chihuahua. Catálogo del AH. Fondo Colonial, Notaría, Denuncia de minas: Santa Catalina, Diego Ladrón de Guevara, Santa Eulalia, 1715; columnas de localización 3 y 6. Se consultó el catálogo, no el expediente. PDF oficial.
- Guillermo Porras Muñoz, 1966. “Las minas de Chihuahua”, Boletín del Archivo General de la Nación, 2(7.3), pp. 633-660; p. 654, nota 53. Referencia histórica al Archivo de Parral, 1715 A-588-113. Ficha y acceso al artículo.
- Patricia Osante. Poblar el septentrión I. Las ideas y las propuestas del marqués de Altamira, 1742-1753. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, edición digital 2016. Capítulo II, p. 84, nota 57, para la fecha del dictamen del 23 de diciembre de 1749. Capítulo PDF.
- Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 1955. Registro relativo a aguas de la mina San Pascual de las Adargas, Villa López. Referencia poscolonial utilizada exclusivamente para advertir la cuestión territorial. Edición.
- Diario Oficial de la Federación, 23 de agosto de 1989. Solicitud relativa a aguas de la mina San Pascual de las Adargas, municipio de Jiménez. Referencia poscolonial. Edición.
- Chantal Cramaussel, 2016. “La compañía volante de campaña del Valle de San Bartolomé, 1688-1752”, Región y sociedad, 28(67). Investigación histórica con referencias archivísticas. Artículo.
- INAH Chihuahua. “Jiménez, punto estratégico del Camino Real de Tierra Adentro”. Información institucional basada en la participación del cronista Salvador Mendoza Rede. Página.
- Panes, instrumento de búsqueda del Fondo Colonial del Archivo Histórico Municipal de Parral. Correspondencia, 10 de diciembre de 1785, Guejoquilla, inventario AHMPFCA03001021, referencia McCaa V5652. Se consultó la descripción, no la carta manuscrita. Catálogo.
- Roberto Carrillo Acosta, 2024. “Estudio interpretativo, histórico y virtual del Presidio de San Francisco de Conchos del Camino Real de tierra adentro en México”, Devenir, 11(21). Apartados sobre el Camino Real en el siglo XVIII y contexto histórico. Artículo.
Expedientes y comprobaciones prioritarias para ampliar el reportaje
La denuncia original atribuida a Diego Ladrón de Guevara en Los Reyes permitiría precisar la fecha y sus derechos. Los documentos de pleitos y embargos de Las Adargas podrían aclarar las causas y protagonistas de la interrupción. El dictamen de Altamira tiene una ruta archivística señalada por la bibliografía de Patricia Osante: Archivo General de Indias, Guadalajara, 191; esa referencia se ofrece para verificación, sin afirmar que aquí se examinó el legajo. La reconstrucción de producción y trabajo necesitará cuentas de beneficio, registros fiscales y documentación familiar. Finalmente, localizar geográficamente las labores históricas permitirá separar con mayor seguridad los casos del Jiménez actual de los de su entorno regional.
