Organismos técnicos y denuncias locales documentan que decenas de estos pozos operan fuera de la legalidad: sin permisos, sin reportar volúmenes extraídos, sin supervisión. Aun así, reciben energía eléctrica subsidiada o, en muchos casos, la roban sin contrato vigente, mediante conexiones clandestinas que la CFE apenas comienza a fiscalizar tras años de omisión o colusión.
Jiménez, Chihuahua.— Mientras miles de familias en Jiménez y Camargo sufren cortes inmediatos de luz por no pagar a tiempo sus recibos y enfrentan la escasez de agua potable, un grupo reducido de poderosos productores agrícolas adeuda más de mil seiscientos millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), opera decenas de pozos clandestinos, sobreexplota el acuífero local y ahora se manifiesta… porque les cortaron el suministro eléctrico.
El escenario no podría ser más contrastante: los poderosos se plantan frente a las instalaciones de la CFE para exigir “justicia” y “tarifas más justas”, mientras el ciudadano común no tiene margen de protesta cuando la paraestatal llega, sin previo aviso, a dejarlo sin luz, sin refrigerador, sin ventilador, sin posibilidad de pagar el internet para que sus hijos estudien o de bombear el poco líquido que aún brota de los tinacos.
🕳️ Pozos ilegales, agua saqueada y un acuífero al borde del colapso
En el sur de Chihuahua, el acuífero Jiménez-Camargo se encuentra sobreexplotado desde hace más de una década, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Las extracciones excesivas, principalmente por parte de grandes agricultores dedicados al cultivo intensivo de nogal, cebolla y chile, han provocado una caída alarmante en los niveles freáticos. Muchos pozos se están secando. Otros, simplemente, no deberían existir.
Organismos técnicos y denuncias locales documentan que decenas de estos pozos operan fuera de la legalidad: sin permisos, sin reportar volúmenes extraídos, sin supervisión. Aun así, reciben energía eléctrica subsidiada o, en muchos casos, la roban sin contrato vigente, mediante conexiones clandestinas que la CFE apenas comienza a fiscalizar tras años de omisión o colusión.
⚠️ La deuda impagable de los poderosos… que no quieren pagar
Apenas esta semana, un grupo de alrededor de 80 grandes productores —varios con extensos terrenos, maquinaria de punta y flotas de tractores— inició un plantón pacífico frente a las oficinas de la CFE en Jiménez. ¿La razón? El corte de energía eléctrica en sus pozos agrícolas por no haber pagado sus adeudos.
Se estima que el total de la deuda asciende a más de mil seiscientos millones de pesos acumulados a lo largo de años. Algunos de estos ranchos ni siquiera tienen acceso legal al Programa Especial de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) debido a que no cumplen con los requisitos mínimos de regularización.
Y sin embargo, en lugar de pagar, optan por protestar.
🎭 Del chantaje al discurso de víctima
Los agricultores alegan que las tarifas son “inasumibles”, que sus cultivos están “en riesgo” y que sus actividades “generan empleo”. En entrevistas y discursos durante el plantón, se quejaron de haber confiado en un acuerdo firmado con funcionarios que ya fueron destituidos y de que los nuevos encargados de la CFE “no reconocen lo pactado”.
Pero lo que no dicen es que ese supuesto acuerdo carecía de sustento legal, y que desde el principio no eximía del pago de adeudos multimillonarios ni validaba el uso de pozos irregulares.
Detrás de las exigencias por tarifas más bajas y “acuerdos respetados”, se esconde un mensaje de fondo: “No queremos pagar y no queremos que nos cobren”.
🚨 Amenazas de escalar: tomas de casetas y vías férreas en el horizonte
Durante las manifestaciones, varios de los productores advirtieron que, de no obtener respuesta favorable, tomarán casetas de peaje, bloquearán carreteras y vías férreas. Este tipo de acciones, comúnmente criminalizadas cuando provienen de pueblos indígenas o trabajadores precarizados, suelen ser toleradas e incluso legitimadas cuando quienes protestan tienen apellidos influyentes, maquinaria agrícola de millones de pesos y padrinos políticos.
La amenaza de bloquear infraestructuras públicas forma parte de una estrategia de presión que busca forzar al gobierno federal y estatal a perdonar los adeudos o brindar nuevos subsidios, sin garantías de regularización o uso responsable del recurso hídrico.
🧃“Generamos empleo”… ¿pero de qué tipo?
Uno de los argumentos centrales de los manifestantes es que “el campo genera empleo”, una frase que se repite como mantra en cada protesta de terratenientes. Sin embargo, los empleos que se generan en estos ranchos suelen ser temporales, mal pagados, sin seguro social ni derechos laborales, con condiciones precarias y, en muchos casos, con trabajadores jornaleros traídos de otras regiones del país en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Es decir, el costo social de ese “empleo” es altísimo y los beneficios se concentran en quienes ya poseen la tierra, los pozos, los contratos y los vínculos políticos.
📉 Un modelo de agroindustria insostenible
El caso de Jiménez-Camargo no es aislado: forma parte de un patrón nacional en el que el modelo de agroindustria intensiva está colapsando los acuíferos, empobreciendo al campo y exacerbando la desigualdad. Con cada hectárea de nogal se necesitan miles de metros cúbicos de agua al año. Pero esa agua ya no alcanza.
Los pequeños agricultores, las comunidades rurales, los habitantes urbanos y hasta los servicios de salud ya compiten por el agua con una minoría que la explota para exportar nuez a Estados Unidos y China, mientras se resisten a pagar la energía que consumen para bombear ese recurso.
🧾 El ciudadano común: sin poder de negociación
Frente a estos privilegios, el ciudadano común vive otra realidad. Una sola factura de 500 pesos vencida basta para que la CFE corte el suministro en una vivienda. No hay mesas de diálogo, ni representantes de CDMX, ni plantones permitidos. Solo hay silencio, calor, oscuridad y un sistema que no perdona al pobre… pero tolera al que más debe.
🔚 Conclusión: ¿hasta cuándo el agua será rehén del poder?
La crisis hídrica en Jiménez y Camargo no es un accidente, sino el resultado de una estructura de privilegios y complicidades, donde los más poderosos han abusado durante años de un bien común, se han negado a regularizarse, han acumulado deudas impagables… y ahora, cuando se les trata con la misma severidad que al resto de la población, exigen excepciones, tarifas especiales y acuerdos que no existen.
No puede haber justicia energética sin justicia hídrica. Ni justicia hídrica sin rendición de cuentas. El agua, como la luz, no puede seguir secuestrada por quienes más la han desperdiciado.
Por: Gorki Belisario Rodríguez Ávila.
