Durante la administración del exgobernador priista César Duarte (2010-2016), se otorgaron al menos 374 nuevos títulos de concesión en acuíferos sin disponibilidad de agua, con fines de especulación.
HISTORIASMX. – En el corazón del desierto de Chihuahua, una de las regiones más áridas de México, se ha gestado una crisis hídrica alimentada por la corrupción, la especulación y la sobreexplotación de los recursos acuíferos. El acuífero El Sauz-Encinillas, vital para la subsistencia de comunidades rurales y ecosistemas locales, ha sido objeto de un tráfico ilegal de concesiones de agua, impulsado por intereses económicos y políticos.
El mercado negro del agua
Desde 2013, tras la emisión de decretos presidenciales que suspendieron el libre alumbramiento de aguas nacionales en 333 acuíferos, se intensificó el mercado negro de documentos para explotar agua en Chihuahua. Se comercializan constancias de registro de libre alumbramiento, conocidas como «Folio 8», y títulos de concesión, por sumas que oscilan entre 2 y 3 millones de pesos, dependiendo del volumen de agua autorizado. Estos documentos, en muchos casos falsificados o adquiridos mediante corrupción, permiten la extracción de agua en zonas donde está prohibido otorgar nuevas concesiones.
El tráfico de estos documentos no siempre tiene como fin la extracción inmediata del recurso. Algunos los adquieren como inversión, esperando que su valor aumente con el tiempo, en un claro ejemplo de especulación del agua. Por ejemplo, un documento que autoriza la extracción de 150 mil metros cúbicos anuales puede comprarse a siete pesos por metro cúbico y venderse dos años después a diez pesos, generando una ganancia de 450 mil pesos.
Implicaciones políticas y empresariales
Durante la administración del exgobernador priista César Duarte (2010-2016), se otorgaron al menos 374 nuevos títulos de concesión en acuíferos sin disponibilidad de agua, con fines de especulación. Estos títulos fueron inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) entre 2016 y 2017. Empresas como Agroindustrias BVM S.A. de C.V. y Ronsi S.A. de S.C., vinculadas al empresario Sergio Aguilar Weber, cercano a Duarte, concentraron un número significativo de estas concesiones. Agroindustrias BVM posee 17 constancias de registro en zona de libre alumbramiento, mientras que Ronsi cuenta con 14, además de cuatro títulos de concesión que le permiten extraer 979 mil metros cúbicos de agua al año.
Estas concesiones han facilitado la expansión de cultivos de nogal, una actividad altamente demandante de agua. Se estima que se han sembrado más de 500 mil nogales en la zona de El Sauz, lo que ha contribuido al agotamiento del acuífero El Sauz-Encinillas y a la desaparición de cuerpos de agua como la laguna Encinillas.
Pozos ilegales y robo de agua
Además del tráfico de concesiones, se ha documentado la perforación de pozos ilegales y la instalación de tomas clandestinas en acueductos. En 2019, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua clausuró varias tomas ilegales en el acueducto El Sauz, que provocaban pérdidas de hasta 130 litros por segundo, equivalentes a seis pozos. Estas tomas, en su mayoría destinadas al uso agrícola, afectan directamente el suministro de agua potable para la población.
La sobreexplotación de los acuíferos también ha generado problemas en el suministro de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha identificado más de 23 mil pozos conectados a la red eléctrica en Chihuahua, de los cuales solo 18 mil 433 cuentan con contratos registrados. El exceso de conexiones ilegales provoca apagones y sobrecarga en las líneas de distribución, afectando a los agricultores y a las comunidades locales.
Consecuencias ambientales y sociales
La combinación de corrupción, explotación desmedida y falta de regulación ha llevado a una crisis ambiental en el desierto chihuahuense. De los 61 acuíferos en el estado, 41 no tienen disponibilidad de agua y 20 están en condiciones de sobreexplotación. La extracción excesiva ha provocado la desaparición de cuerpos de agua, la degradación de ecosistemas y conflictos sociales por el acceso al recurso.
Comunidades como Ascensión han denunciado la perforación indebida de pozos y la construcción de infraestructuras que amenazan con desecar aún más los acuíferos. La falta de acción por parte de las autoridades y la permisividad hacia prácticas ilegales han exacerbado la situación, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la región y la seguridad hídrica de sus habitantes.
Conclusión
El tráfico de agua en el desierto de Chihuahua es un reflejo de las profundas fallas en la gestión de los recursos hídricos en México. La corrupción, la especulación y la falta de regulación han permitido que intereses particulares se impongan sobre el bienestar colectivo y la conservación del medio ambiente. Es urgente implementar políticas públicas que garanticen una distribución equitativa del agua, sancionen las prácticas ilegales y promuevan el uso sustentable de este recurso vital.
Fuente:
«El desierto de Chihuahua, donde se trafica con el agua» – Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
contralacorrupcion.mx
