La investigación documental muestra, sin embargo, que sería incorrecto afirmar que toda la Sierra Tarahumara está siendo destruida de manera uniforme o que toda actividad minera produce exactamente los mismos impactos.
Investigación especial | Chihuahua
HISTORIASMX. – En la Sierra Tarahumara, hablar de minería no significa únicamente hablar de oro, plata, empleos o exportaciones. Significa hablar de montañas perforadas, caminos industriales abiertos en zonas forestales, depósitos de jales, plantas de beneficio, consumo y recirculación de agua, explosivos, residuos minerales y comunidades que habitan desde mucho antes de que existieran las concesiones. También significa hablar de una contradicción difícil de ignorar: algunos de los municipios con mayor riqueza mineral de Chihuahua forman parte, al mismo tiempo, de una región caracterizada históricamente por pobreza, aislamiento y carencias de infraestructura básica.
La investigación documental muestra, sin embargo, que sería incorrecto afirmar que toda la Sierra Tarahumara está siendo destruida de manera uniforme o que toda actividad minera produce exactamente los mismos impactos. Hay minas subterráneas y proyectos a cielo abierto; operaciones modernas con sistemas de recirculación de agua y control de jales, explotaciones históricas abandonadas y regiones en exploración. Pero también existe evidencia científica y oficial suficiente para afirmar que la expansión minera constituye una de las grandes presiones territoriales, hídricas y ambientales sobre determinadas zonas de la Sierra, especialmente cuando coincide con bosques de montaña, nacimientos de agua y territorios habitados por pueblos rarámuri, ódami, o’oba y warijó.
Casi un millón de hectáreas bajo concesiones mineras.
Uno de los documentos más reveladores no procede de una organización ambientalista, sino del propio Estado mexicano. El Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, elaborado en el marco de la política federal para los pueblos indígenas de la región, registró para 2023 1,257 concesiones mineras, entre exploración y explotación, que en conjunto comprendían 978,091 hectáreas. El documento identifica operaciones y concesiones en municipios como Ocampo, Madera, Chínipas, Guazapares, Cusihuiriachi, Maguarichi, Moris, Urique y Guadalupe y Calvo.
La cifra requiere una precisión fundamental: 978 mil hectáreas concesionadas no significan 978 mil hectáreas físicamente excavadas. Una concesión otorga derechos sobre recursos minerales dentro de determinado polígono; la superficie realmente afectada por tajos, bocaminas, plantas, caminos, depósitos de jales y demás infraestructura puede ser considerablemente menor. Confundir ambos conceptos exageraría la huella física real. Lo que sí muestra la extensión de las concesiones es la dimensión territorial de los intereses mineros existentes sobre la sierra y el potencial de que nuevos proyectos transformen zonas adicionales en el futuro.
El mismo Plan de Justicia utiliza un lenguaje particularmente crítico y señala impactos ambientales y sociales asociados con grandes proyectos extractivos, especialmente en territorios indígenas de Guazapares, Urique, Uruachi y Ocampo. Esa es la posición consignada por el documento gubernamental y debe entenderse como tal; cada mina y cada impacto concreto requieren evaluación individual, monitoreo ambiental y evidencia de campo.
La presión económica detrás de esa expansión es poderosa. El Servicio Geológico Mexicano reportó que Chihuahua ocupó en 2024 el tercer lugar nacional por valor de producción minera, con aproximadamente 49 mil 180 millones de pesos, equivalentes al 7.22% del valor nacional registrado en su anuario. Oro, plata, cobre, plomo y zinc se encuentran entre los minerales producidos en la entidad. Es decir, no se trata de una actividad marginal: la minería forma parte de la estructura económica de Chihuahua.
Una sierra extraordinariamente rica… y extraordinariamente vulnerable.
La Sierra Tarahumara no es únicamente una reserva mineral. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la describe como una región que contiene una de las áreas boscosas más extensas de América del Norte y un complejo sistema de barrancas donde convergen ecosistemas templados y tropicales. El proyecto federal e internacional Tarahumara Sustentable, desarrollado con participación de CONANP, PNUMA, GEF y WWF, la consideró un centro de biodiversidad de relevancia global y, al mismo tiempo, una región sometida a fuertes amenazas ambientales.
En lugares como el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, dentro del sistema serrano, existen bosques que sirven de refugio a especies como oso negro, águila real y cotorra serrana occidental, además de flora endémica y especies bajo alguna categoría de riesgo. Esta diversidad explica por qué cualquier transformación importante del suelo —minería, tala, carreteras, incendios, agricultura o expansión urbana— puede generar consecuencias que van mucho más allá del sitio exacto donde se realiza una excavación.
La apertura de infraestructura minera requiere accesos, plataformas, perforaciones, patios industriales, líneas de energía y espacios para el manejo de roca y residuos. En regiones montañosas, donde las pendientes conectan rápidamente las partes altas con arroyos y barrancas, la modificación del terreno también puede alterar escurrimientos, incrementar erosión local y fragmentar hábitats. No todos esos efectos alcanzan necesariamente magnitudes severas en cada proyecto, pero son impactos reconocidos que deben evaluarse desde antes de comenzar una operación y mantenerse bajo vigilancia durante décadas, incluido el periodo posterior al cierre.
El agua: el punto donde la minería deja de ser un asunto lejano.
Para una familia serrana, el debate sobre minería puede volverse tangible en algo tan sencillo como un manantial. En muchas localidades dispersas, el agua superficial y los nacimientos constituyen fuentes esenciales de abastecimiento. Por eso resulta especialmente importante un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el distrito minero de Ocampo, publicado en 2016 en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Los científicos analizaron agua de ríos y manantiales dentro de un corredor de explotación de oro y plata y buscaron elementos como litio, níquel, antimonio, selenio, cobre y zinc.
Los resultados necesitan ser explicados sin alarmismo. Las mayores concentraciones de elementos traza fueron localizadas en una zona descrita por los autores como fuertemente impactada por actividades relacionadas con la minería. Sin embargo, la mayoría de las concentraciones permanecieron por debajo de los límites permisibles utilizados por la normatividad mexicana y la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. Al mismo tiempo, las concentraciones de cobre, níquel y zinc encontradas en algunas muestras de agua de río superaron referencias canadienses destinadas a la protección de la vida acuática.
El hallazgo no permite afirmar que toda el agua de Ocampo sea peligrosa para consumo humano ni demuestra contaminación generalizada en toda la Sierra Tarahumara. El muestreo fue realizado en octubre de 2014 y representa condiciones específicas de determinados ríos y manantiales. Lo que sí demuestra es algo fundamental: existe una señal medible de elementos traza vinculada espacialmente con zonas impactadas por la actividad minera y existe necesidad de vigilancia de largo plazo, precisamente porque esa misma agua es utilizada por personas, agricultura, ecosistemas e industria.
Ese punto resulta todavía más importante porque los efectos mineros pueden permanecer después de terminar la extracción. Roca estéril, materiales sulfurados, jales y antiguas obras requieren manejo permanente. Una mina no deja necesariamente de representar una responsabilidad ambiental el día que sale de ella el último camión de mineral.
Cianuro, agua y jales: lo que ocurre después de sacar la roca.
En la imaginación popular, la mina termina cuando se extrae la piedra. Técnicamente ahí comienza otra parte del proceso: separar cantidades relativamente pequeñas de metal de enormes volúmenes de roca. Los documentos técnicos del complejo Palmarejo, situado en el occidente de Chihuahua, permiten observar esa dimensión industrial.
Un informe técnico presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos describe un circuito que incluye flotación y posteriormente tratamiento por cianuración, además del empleo de sustancias entre las que figura cianuro de sodio. El documento señalaba un consumo del circuito de procesamiento de aproximadamente 6,650 metros cúbicos de agua diariamente, de los cuales alrededor de 6,000 m³ procedían de agua recuperada del depósito de jales y reutilizada en la planta y aproximadamente 650 m³ correspondían a agua fresca de una presa local.
Ese dato ilustra dos caras de la minería contemporánea. Por un lado, demuestra la enorme cantidad de agua que puede circular dentro de un complejo metalúrgico; por el otro, muestra que los sistemas modernos pueden recuperar y reutilizar una proporción importante del líquido en lugar de demandar continuamente el volumen completo de fuentes naturales. Palmarejo opera actualmente principalmente mediante minería subterránea, y el mismo documento señala que su antiguo tajo abierto dejó de recibir residuos mineros desde 2015.
Por ello, sería impreciso describir toda la minería actual de la Sierra como una sucesión de gigantescos tajos abiertos. El informe de sostenibilidad de la Cámara Minera de México de 2025 registra, por ejemplo, a Pinos Altos, Palmarejo y Concheño como operaciones subterráneas. El problema ambiental no desaparece por trabajar bajo tierra: siguen existiendo extracción de roca, plantas de beneficio, residuos, requerimientos de agua, energía, caminos y depósitos de jales; pero la configuración de los impactos sobre la superficie cambia significativamente.
San Julián: el tamaño de la infraestructura que permanece.
En San Julián, operación de Fresnillo plc ubicada en Chihuahua, los reportes corporativos permiten conocer otra dimensión poco visible desde las ciudades: los depósitos de jales. El informe anual de 2025 reporta para esta unidad una instalación de almacenamiento de jales en operación cuya presa alcanza una altura declarada de 152 metros. Fresnillo también informa revisiones técnicas de estas estructuras e implementación progresiva de un sistema propio de manejo de jales.
La empresa reportó para San Julián durante 2025 un consumo total de 480 megalitros de agua, equivalente a 480 millones de litros en el año, y señaló que correspondió a agua dulce. Fresnillo sostiene además que trabaja con comunidades y autoridades en sistemas colectivos de abastecimiento y presenta distintas acciones ambientales y sociales dentro de su estrategia corporativa. Estas cifras provienen de la propia compañía y describen su desempeño según sus sistemas de reporte; no sustituyen la inspección gubernamental ni el monitoreo independiente.
Ese contraste resulta importante para un reportaje serio. Las empresas sostienen que la minería moderna puede operar bajo estándares de manejo de agua, residuos, energía y cierre. El Gobierno de Chihuahua, por ejemplo, firmó en noviembre de 2025 un convenio con Minera San Julián orientado, según el comunicado oficial, a promover inversión y prácticas responsables. Esa es la postura institucional y empresarial frente al sector.
Al mismo tiempo, la existencia de grandes presas de jales, infraestructura permanente y consumo de agua demuestra que una mina moderna transforma físicamente el territorio aun cuando cumpla sus autorizaciones ambientales. El verdadero debate, entonces, no consiste únicamente en determinar si existe minería, sino dónde se permite, cuánta presión ambiental puede soportar una cuenca, cómo se vigilan sus residuos y quién se responsabiliza durante décadas por las obras que quedan después del cierre.
Para los pueblos indígenas, la montaña no es solamente una propiedad.
Aquí aparece quizá la parte más profunda del problema. El territorio de la Sierra Tarahumara no puede entenderse exclusivamente mediante catastros, títulos mineros o mapas geológicos. Es también el espacio histórico de pueblos rarámuri, ódami, o’oba y warijó. Existen sitios ceremoniales, manantiales, áreas de pastoreo, plantas medicinales, caminos tradicionales, bosques y lugares asociados con una concepción cultural del territorio que no coincide necesariamente con las fronteras administrativas de ejidos, propiedades privadas o concesiones. Estudios antropológicos han documentado durante décadas esa relación distinta entre las comunidades serranas y los recursos naturales.
El propio Gobierno federal ha reconocido conflictos históricos sobre la propiedad y el aprovechamiento de los recursos naturales. En 2024 y 2025 fueron restituidas o reconocidas tierras comunales tradicionales en comunidades como Guasachique, Bosques de San Elías Repechique, Mogótavo y Mesa Colorada dentro del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara. Las autoridades federales han relacionado parte de los agravios territoriales históricos de la región con la explotación maderera y minera.
Para una comunidad, por ello, perder un manantial, una ladera, un paso tradicional o un bosque no representa solamente perder una cantidad determinada de hectáreas. Puede modificar recorridos de pastoreo, acceso a plantas, relaciones familiares entre rancherías, lugares ceremoniales y prácticas transmitidas entre generaciones. Esa dimensión rara vez aparece en una tabla de producción de oro.
La paradoja de extraer riqueza de territorios pobres.
La Sierra Tarahumara enfrenta otra contradicción que acompañó durante décadas tanto a la minería como a la explotación forestal. Los recursos extraídos del subsuelo pueden alcanzar valores extraordinarios en el mercado internacional mientras las localidades donde se encuentran enfrentan carencias básicas. El proyecto Tarahumara Sustentable señaló que la región se encontraba entre las más pobres y marginadas de Chihuahua y que ocho de los doce municipios incluidos en aquel programa se ubicaban en el quintil inferior de desarrollo humano nacional considerado por el proyecto.
La minería sí genera empleos, salarios, compras locales, impuestos y actividad económica. Un estudio académico publicado en Resources en 2017 examinó doce localidades de la Sierra Tarahumara donde minería y silvicultura constituían actividades centrales. Encontró asociación positiva entre ingresos derivados de la minería y determinados indicadores económicos y sociales, aunque esa relación no se reprodujo de manera lineal en el indicador de sostenibilidad relacionado con el uso del suelo. Es decir, la evidencia no permite reducir el fenómeno a “la minería no deja nada”, pero tampoco demuestra que mayores ingresos solucionen automáticamente los efectos territoriales o ambientales.
Ese quizá sea el núcleo de la discusión. Una mina puede proporcionar durante años cientos de empleos y activar el comercio de una región, pero el yacimiento tiene una vida limitada. El agua, los bosques, los cauces y los territorios comunitarios deben permanecer mucho después de que el precio internacional del oro deje de justificar la extracción.
Cuando la transformación queda escrita sobre la montaña.
Vista desde el aire, una explotación minera puede reducirse a geometrías: caminos, terrazas, instalaciones y depósitos. Desde una comunidad serrana, esas líneas representan otra cosa. El camino industrial que permite subir maquinaria puede atravesar una zona que antes era bosque. Un depósito de jales que aparece como infraestructura técnica en un reporte representa millones de toneladas de material que deberán permanecer estables durante generaciones. Un manantial que para un ingeniero constituye un punto de monitoreo puede ser la única fuente de agua de una familia.
Eso explica por qué hablar de la minería en la Sierra Tarahumara exige superar tanto la propaganda como el alarmismo. No toda mina contamina un río. No toda concesión se convierte en excavación. No todo empleo minero significa bienestar permanente. Y cumplir los límites establecidos en una muestra de agua tampoco elimina la obligación de vigilar una cuenca durante décadas.
La evidencia encontrada muestra una región sometida a una presión extractiva considerable: más de mil concesiones registradas por el Plan de Justicia, importantes operaciones de oro y plata, grandes infraestructuras para procesamiento y jales, consumo de agua y una huella industrial situada dentro de uno de los sistemas montañosos con mayor importancia ecológica y cultural del norte de México. Al mismo tiempo, existen sistemas de recuperación de agua, minería subterránea, controles ambientales y programas de gestión que hacen imposible describir todos los proyectos bajo una sola etiqueta.
La pregunta que permanece no es si Chihuahua debe reconocer la importancia histórica y económica de su minería. Los números ya demuestran esa importancia. La pregunta más profunda es cuánto territorio puede transformarse sin comprometer los sistemas de agua, bosques y comunidades que hacen posible la Sierra Tarahumara, y si los beneficios producidos durante unas décadas pueden compensar responsabilidades ambientales que pueden extenderse mucho más allá de la vida útil de una mina.
Porque el oro puede agotarse.
La plata puede terminar.
La empresa puede cerrar.
Pero la montaña, el río y las comunidades tendrán que permanecer allí.
