Visitador de la CEDH advierte que la actual política no ha garantizado tranquilidad en Guadalupe y Calvo; comunidades enfrentan desplazamiento forzado
HISTORIASMX.– La crisis de seguridad en la Sierra Tarahumara, particularmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, evidencia —de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos— una debilidad estructural e institucional que no ha sido atendida con eficacia por las autoridades estatales.
El visitador en la zona sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Juan Portillo, señaló que el retiro de bases militares que anteriormente operaban en puntos estratégicos del municipio ha permitido el avance de grupos del crimen organizado, quienes mantienen bajo presión a diversas comunidades serranas.
🏔️ Bases militares retiradas, territorios vulnerables
Portillo explicó que en años anteriores existían destacamentos militares en localidades como Dolores, Baborigame, Atascaderos, El Ocote, así como en la cabecera municipal y en la instalación conocida como “El Zorrillo”.
Sin embargo, con el paso del tiempo varios de estos puntos fueron desmantelados o retirados, lo que —según el visitador— dejó un vacío que fue aprovechado por grupos armados para consolidar su presencia en la región.
La consecuencia, afirmó, es un clima de temor constante que ha derivado en el desplazamiento forzado de familias enteras, fenómeno que continúa afectando a comunidades rurales de difícil acceso.
🚨 Violencia de alto impacto y miedo generalizado
De acuerdo con el funcionario, las comunidades enfrentan:
- Balaceras frecuentes
- Uso de drones en confrontaciones
- Quema de viviendas
- Enfrentamientos armados
Estos hechos no solo vulneran el derecho a la seguridad, sino que también impactan otros derechos fundamentales: niñas y niños dejan de asistir a la escuela, personas abandonan sus actividades productivas y familias enteras se ven obligadas a huir para proteger su vida.
⚖️ Crítica a la estrategia actual
El señalamiento del organismo defensor de derechos humanos apunta a que la estrategia implementada hasta ahora no está garantizando condiciones de tranquilidad ni contención territorial en la Sierra.
Aunque la administración estatal encabezada por Maru Campos ha anunciado acciones en materia de seguridad, los resultados en Guadalupe y Calvo —según lo expuesto por la CEDH— reflejan que la presencia institucional sigue siendo insuficiente frente al control territorial de grupos criminales.
Portillo consideró urgente replantear la estrategia, fortalecer las instituciones y restablecer presencia operativa en puntos estratégicos para evitar que continúe el desplazamiento forzado.
“Lamentablemente es una situación difícil en Guadalupe y Calvo. Confiamos en que las autoridades logren restablecer la paz con estrategias adecuadas que permitan atender este problema”, expresó.
La Sierra Tarahumara enfrenta así un escenario donde la ausencia de presencia permanente del Estado ha dejado a comunidades enteras en condiciones de vulnerabilidad, mientras persiste la exigencia de garantías reales de seguridad y protección a los derechos humanos.
