“Quienes hoy temen la nueva ley son, en gran parte, los que se beneficiaron del desorden”, explica un especialista consultado. “El problema no es el cambio legal, sino que por primera vez habrá reglas claras, supervisión y límites reales”.
HISTORIASMX.– La discusión por la actualización de la Ley de Aguas Nacionales ha desatado protestas en distintos sectores del país. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles señalan que buena parte de quienes hoy se manifiestan contra los cambios son los mismos que, durante años, sobreexplotaron acuíferos, operaron pozos irregulares y se beneficiaron de un sistema marcado por la corrupción y la falta de vigilancia.
Una ley vieja en tiempos de crisis
La Ley de Aguas vigente fue creada en 1992, en un México completamente distinto al actual. Desde entonces, el país ha enfrentado una disminución acelerada de disponibilidad hídrica, acuíferos en rojo, sequías prolongadas y comunidades enteras con dificultades para acceder al agua potable.
Pese a esta realidad, durante décadas se permitió que grandes usuarios extrajeran agua sin control, con concesiones infladas o adquiridas mediante favores políticos. En regiones agrícolas del norte del país, esta práctica llevó al agotamiento de mantos freáticos que tardarán décadas —o nunca— en recuperarse.
El temor detrás de las protestas.
De acuerdo con investigadores del sector hídrico, muchas de las voces más fuertes contra la reforma pertenecen a empresas, productores y actores locales que históricamente han operado bajo un esquema permisivo.
“Quienes hoy temen la nueva ley son, en gran parte, los que se beneficiaron del desorden”, explica un especialista consultado. “El problema no es el cambio legal, sino que por primera vez habrá reglas claras, supervisión y límites reales”.
Las manifestaciones suelen presentarse como una defensa del sector productivo, pero detrás del discurso público hay un temor evidente: perder privilegios que se obtuvieron en un esquema donde la autoridad carecía de dientes para sancionar el abuso.
La narrativa del “nos quieren quitar el agua”.
Uno de los argumentos más repetidos por los opositores es que la reforma busca despojar a productores o cerrar pozos. Sin embargo, los borradores de la iniciativa apuntan a la regularización, la revisión técnica y la transparencia, no al despojo.
Especialistas señalan que la crítica más fuerte proviene de quienes operan con volúmenes de extracción superiores a lo que el acuífero puede soportar o que mantienen pozos sin documentación completa.
Mientras tanto, las comunidades rurales, pequeños productores y habitantes de regiones en crisis hídrica ven con buenos ojos la reforma, pues esperan que por fin se frene el acaparamiento del recurso.
Un problema que no se puede seguir aplazando.
México enfrenta una crisis de agua que no puede resolverse con la ley actual. La sobreexplotación de acuíferos, la falta de fiscalización y la corrupción en el otorgamiento de concesiones han creado un sistema desigual, donde unos cuantos tienen agua de sobra mientras miles sobreviven con tandeos o pipas.
La reforma busca ordenar ese escenario: definir prioridades de uso, mejorar la vigilancia, evitar el tráfico de permisos y garantizar que el agua sea administrada como lo que es: un recurso limitado y esencial para la vida.
Los que protestan, los que callan.
Las movilizaciones no representan a todos. No protestan las comunidades que dependen de un pozo que se seca cada verano. No protestan los usuarios que cumplen con la ley, que pagan derechos y que entienden que la crisis climática exige cambios urgentes.
Protestan, sobre todo, quienes construyeron su poder económico a partir del sobreuso, la impunidad y la ausencia de reglas.
la resistencia más fuerte viene de quienes más se beneficiaron del desorden y quienes más contribuyeron al agotamiento de los acuíferos.
