De acuerdo con Juan Portillo Díaz, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), existen poblados que tuvieron que esperar más de tres meses para recibir la visita de un médico, pues el personal de salud teme ingresar a zonas controladas por grupos armados.

HISTORIASMX. – Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dedica gran parte de su discurso a confrontar a la Federación y a atender temas menores en la agenda política, en la sierra tarahumara siete comunidades de Guadalupe y Calvo enfrentan graves rezagos en salud debido a la violencia que azota la región.

De acuerdo con Juan Portillo Díaz, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), existen poblados que tuvieron que esperar más de tres meses para recibir la visita de un médico, pues el personal de salud teme ingresar a zonas controladas por grupos armados.

Comunidades abandonadas

Entre las localidades afectadas se encuentran Santo Domingo, Araujo, Zapote, El Tigre, Santa Rita, San Jerónimo y Plomosa, donde los habitantes sobreviven con mínimos servicios y, en algunos casos, han tenido que caminar cinco o seis horas para recibir atención médica básica.

“Hay doctores que han sido amenazados y por ello hay comunidades que han permanecido hasta cinco meses sin atención médica”, explicó Portillo Díaz, quien subrayó que incluso en poblados como Cinco Llagas, los profesionales de la salud han expresado que la inseguridad es el principal obstáculo para prestar servicio.

Una crisis que rebasa a los discursos

Aunque la Secretaría de Salud ha implementado rutas de atención y brigadas con vacunas contra el sarampión, la realidad es que los esfuerzos son insuficientes. El visitador de la CEDH fue claro: “es necesario redoblar o triplicar los esfuerzos” para garantizar el derecho a la salud, sobre todo en comunidades indígenas que viven bajo la sombra de la violencia.

Mientras tanto, desde el Gobierno del Estado se insiste en responsabilizar a la Federación del problema de inseguridad en la sierra, sin que se traduzca en una estrategia clara para pacificar la región.

¿Y la gobernadora?

En contraste con la gravedad de lo que ocurre en Guadalupe y Calvo, la gobernadora Maru Campos ha centrado sus apariciones públicas en polémicas políticas y declaraciones contra el Gobierno Federal, más que en asumir la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad y acceso a la salud en el estado que gobierna.

La omisión tiene un costo humano: niñas, niños, mujeres y hombres que, en pleno 2025, ven negado su derecho a la atención médica por miedo, violencia e indiferencia institucional.