Miles de aprovechamientos operan en la frontera entre la clandestinidad, la irregularidad administrativa y la sobreexplotación. Mientras algunos de los principales acuíferos de Chihuahua ya presentan déficits de cientos de millones de metros cúbicos, el Estado mexicano intenta apenas reconstruir quién extrae agua, dónde lo hace y bajo qué derecho.
HISTORIASMX. – En Chihuahua hay agua que nunca pasa por una presa, que no baja por un canal y que difícilmente puede observarse desde la carretera. Está debajo de los campos agrícolas, de las huertas, de los ranchos y de las ciudades. Durante décadas, esa reserva subterránea permitió convertir grandes extensiones del desierto en tierras productivas. Hoy también se ha convertido en uno de los recursos naturales más disputados y menos transparentes del estado.
La pregunta parece sencilla: ¿cuántos pozos clandestinos existen en Chihuahua? La respuesta no lo es.
En marzo de 2025, Román Alcántar, entonces representante de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, declaró que la dependencia tenía conocimiento de aproximadamente 34 mil títulos de concesión debidamente registrados y alrededor de 7 mil aprovechamientos ilegales incluso georreferenciados. También aseguró que Conagua contaba en ese momento con apenas cinco inspectores para cubrir las distintas regiones del estado. La misma declaración situaba alrededor de 41 mil aprovechamientos en el universo analizado.
El dato es particularmente relevante porque traslada la discusión de una denuncia de organizaciones campesinas a una declaración atribuida directamente a la autoridad federal encargada del agua. Sin embargo, existe una precisión fundamental: “aprovechamiento ilegal o irregular” no necesariamente significa “pozo clandestino” en sentido estricto.
Un pozo puede extraer agua sin título alguno. Otro puede haber tenido una concesión cuya vigencia terminó. Otro puede contar con un título pero utilizar un volumen superior al permitido, destinar el líquido a una actividad diferente, modificar instalaciones o medidores, o encontrarse dentro de una zona donde posteriormente quedó suspendido el libre alumbramiento. Conagua reconoce precisamente estas distintas modalidades cuando define las irregularidades que pueden denunciarse ante su Portal de Denuncias de Aguas Nacionales.
Por eso, afirmar que Chihuahua tiene exactamente “7 mil pozos clandestinos” simplificaría un problema administrativo, legal, productivo y ambiental mucho más profundo.
siete mil: una cifra que viene de años atrás.
La cifra tampoco nació en 2026. En 2017, el entonces gobernador Javier Corral señalaba públicamente que, de aproximadamente 16 mil pozos contabilizados en el contexto de aquel momento, alrededor de siete mil presentaban problemas: dos mil carecían de concesión y otros cinco mil estaban relacionados con el antiguo régimen de libre alumbramiento.
En 2023, investigadores y organizaciones campesinas volvieron a colocar sobre la mesa prácticamente la misma dimensión: alrededor de dos mil pozos que, según sus investigaciones, operaban sin permiso y aproximadamente cinco mil relacionados con antiguas zonas de libre alumbramiento.
En junio de 2026, publicaciones regionales retomaron la problemática y hablaron nuevamente de estimaciones que oscilan entre unos 2 mil 700 y siete mil aprovechamientos clandestinos o irregulares. El propio reportaje advertía algo esencial: no existe una cifra pública única y plenamente auditada de pozos clandestinos en Chihuahua.
Eso no significa que los siete mil sean inventados. Significa que deben citarse correctamente: se trata de una estimación utilizada durante años por investigadores, organizaciones agrícolas y, posteriormente, por funcionarios de Conagua para describir aprovechamientos presuntamente ilegales o irregulares.
La diferencia es importante porque la magnitud del fenómeno requiere una auditoría pozo por pozo antes de atribuir una condición delictiva.
REPDA tampoco permite contar directamente los pozos clandestinos.
El Registro Público de Derechos de Agua, REPDA, es una herramienta fundamental para investigar quién posee derechos de extracción. Su base pública tenía, al momento de esta revisión, información con corte al 30 de junio de 2026. Pero el propio sistema advierte que un título puede contener uno o varios anexos y distintos aprovechamientos.
REPDA permite conocer concesiones registradas. No funciona como un censo de obras clandestinas.
Esto crea una paradoja: precisamente los pozos que interesaría localizar para responder quién extrae agua ilegalmente pueden ser aquellos que no aparecen en el registro. Una búsqueda de REPDA puede demostrar que determinada persona o empresa posee una concesión, pero la ausencia de un nombre dentro de una consulta pública no basta, por sí sola, para probar que una perforación observada en campo sea ilegal.
Se requieren coordenadas, inspecciones físicas, documentación, medición de volúmenes, vigencia del título y comparación entre el aprovechamiento real y el autorizado.
La propia administración federal reconoció recientemente el problema de fragmentación de información. El 26 de enero de 2026, Agricultura, Conagua y la Comisión Federal de Electricidad anunciaron un convenio para intercambiar periódicamente sus bases de datos y construir un Padrón General Actualizado de Usuarios Agrícolas, particularmente relacionado con sistemas de bombeo y rebombeo para riego.
El convenio resulta revelador: si las instituciones necesitan cruzar los registros de electricidad agrícola, concesiones de agua y productores para conocer mejor el universo real, significa que durante años una parte del sistema ha funcionado con bases incompletas, desactualizadas o desconectadas entre sí.
entonces, ¿quién se está llevando el agua?
No existe evidencia pública suficiente para responsabilizar a un solo grupo social, comunidad o sector de los miles de aprovechamientos irregulares.
Lo que sí puede demostrarse es que la agricultura constituye una de las mayores presiones sobre numerosos acuíferos de Chihuahua.
El caso del acuífero Cuauhtémoc es ilustrativo. Una investigación publicada en Tecnología y Ciencias del Agua encontró que para 2012 existían 1,317 unidades de riego abastecidas mediante 1,818 aprovechamientos y que aproximadamente 92 por ciento del agua utilizada en aquella superficie agrícola provenía del subsuelo. Los investigadores también detectaron que la superficie agrícola continuó expandiéndose fuera de las áreas identificadas previamente, lo que implicaba un aumento del consumo de agua subterránea.
Un estudio publicado en el Journal of Hydrology llegó a una conclusión semejante desde otra perspectiva: la irrigación dependiente de agua subterránea en un acuífero agrícola de Chihuahua contribuye al agotamiento no sustentable del sistema, mientras que la expansión agrícola y el aumento de temperaturas incrementan su vulnerabilidad futura.
En Jiménez y Camargo, la ciencia también observa las consecuencias de una agricultura intensiva dependiente del subsuelo. Una investigación sobre tierras agrícolas de la zona norte del acuífero Jiménez-Camargo advierte que la elevada demanda de riego ha convertido al agua subterránea en una fuente fundamental y relaciona el uso intensivo del territorio con agotamiento del acuífero, deterioro de la calidad del agua y problemas de salinidad y sodicidad del suelo.
Esto no significa que todo agricultor extraiga ilegalmente agua. Tampoco significa que toda agricultura de riego sea responsable de una perforación clandestina. La mayoría de los productores opera dentro de sistemas formales de concesiones, distritos o unidades de riego.
Lo que demuestra la evidencia es otra cosa: si se busca dónde puede tener mayor impacto un pozo clandestino, hay que mirar precisamente hacia las regiones donde la demanda agrícola coincide con acuíferos deficitarios.
Chihuahua está retirando del subsuelo más agua de la que puede sostener.
La tabla oficial de disponibilidad de aguas subterráneas de Conagua permite dimensionar la gravedad del problema.
Chihuahua tiene 61 acuíferos identificados en esa base. Un recuento de los valores actualmente publicados muestra que 38 presentan disponibilidad media anual negativa. No todos deben clasificarse automáticamente de la misma manera técnica como “sobreexplotados”, pero un valor negativo indica que no existe disponibilidad adicional bajo el balance utilizado por Conagua.
Algunas cifras son extraordinarias.
El acuífero Jiménez-Camargo tiene una recarga media anual calculada de 174.9 millones de metros cúbicos, una descarga natural comprometida de 5.5 millones y un volumen de extracción registrado de aproximadamente 336.8 millones. El resultado es una disponibilidad negativa de aproximadamente 167.4 millones de metros cúbicos anuales.
En Meoqui-Delicias, la recarga aparece en 211.2 millones de metros cúbicos y el volumen de extracción en unos 378.3 millones: la disponibilidad resultante es negativa en alrededor de 167.1 millones de metros cúbicos anuales.
En Chihuahua-Sacramento, el déficit publicado ronda 65.9 millones; en El Sauz-Encinillas, aproximadamente 58.1 millones; en Ascensión, 104.2 millones; en Buenaventura, 121.4 millones; y en Flores Magón-Villa Ahumada, alrededor de 113.8 millones de metros cúbicos anuales.
Existen incluso acuíferos con balances negativos mucho mayores dentro de la tabla oficial.
Esta es la dimensión que convierte un pozo clandestino en algo más que una infracción administrativa. Cuando una perforación ilegal funciona sobre un acuífero con disponibilidad negativa, el volumen extraído no sale de un excedente: se suma a un sistema en el que la presión reconocida oficialmente ya supera su capacidad disponible.
el agua que no se ve también se termina.
Una característica del agua subterránea explica parte del problema político.
Cuando una presa se vacía, todo el mundo puede verlo. Aparecen las orillas secas, las rampas abandonadas, la tierra agrietada y las estructuras que normalmente permanecen cubiertas por el agua.
Cuando un acuífero pierde agua, el desastre ocurre bajo los pies.
El productor solamente descubre que el nivel bajó cuando debe introducir más profundamente su bomba. El pequeño agricultor lo nota cuando su pozo deja de producir. Una ciudad lo siente cuando necesita perforar más lejos o bombear desde mayor profundidad. Y el costo se traslada también a la electricidad: cuanto más profundo se encuentra el agua, mayor energía se requiere para elevarla.
El estudio del acuífero Cuauhtémoc documenta precisamente abatimientos importantes de niveles asociados con extracciones superiores a la recarga.
En Meoqui-Delicias, estudios científicos contemporáneos continúan describiendo un acuífero intensamente ligado a la agricultura de riego y a las necesidades urbanas de Delicias, Meoqui, Rosales, Julimes y Saucillo.
Por eso el impacto social de un pozo irregular no necesariamente se observa junto al sitio donde fue perforado. Puede manifestarse kilómetros después, en el descenso regional del nivel freático.
el problema del antiguo “libre alumbramiento”.
Una parte de la confusión histórica proviene de una figura jurídica conocida como libre alumbramiento.
Durante décadas existieron regiones donde los propietarios podían alumbrar aguas del subsuelo bajo reglas diferentes a las aplicables en zonas vedadas. Pero ante el deterioro de los acuíferos, el Gobierno federal publicó en abril de 2013 un acuerdo general mediante el cual suspendió provisionalmente el libre alumbramiento en extensas zonas del país.
Documentos técnicos posteriores de Conagua explican que la disposición prohibió perforar nuevos pozos, construir obras de extracción o incrementar volúmenes sin concesión, asignación o autorización de la autoridad en las áreas sujetas a esa suspensión.
En Chihuahua, Conagua llegó a desplegar operativos en Villa Ahumada para clausurar perforaciones y asegurar maquinaria, señalando que la suspensión alcanzaba prácticamente todos los acuíferos de la entidad en los territorios correspondientes.
Aquí surge otro punto clave para investigar: algunas estimaciones de “pozos ilegales” incorporan miles de obras vinculadas a aquel antiguo régimen. Para determinar hoy la situación jurídica de cada una habría que conocer cuándo fue construida, si fue registrada, bajo qué figura, si posteriormente recibió autorización y cuál es su situación actual.
irregular no siempre significa clandestino.
La distinción adquirió todavía más relevancia en 2026.
El 15 de julio de este año, Conagua anunció una nueva etapa para regularizar títulos cuya vigencia hubiera concluido entre enero de 2009 y julio de 2026 y cuyos titulares no hubieran solicitado oportunamente su prórroga. La medida incluye determinados usos agrícolas, pecuarios, domésticos y públicos.
Esto quiere decir que dentro de la enorme bolsa de “irregularidades” pueden encontrarse situaciones radicalmente diferentes.
Está quien perforó deliberadamente sin autorización. Está quien extrae más volumen del concedido. Está quien utiliza un título para una finalidad distinta. Y también puede estar el pequeño productor cuyo derecho existió legalmente, pero cuyo documento venció y entró en un procedimiento de regularización.
Poner a todos bajo la misma etiqueta sería injusto y periodísticamente incorrecto.
casos donde la ilegalidad sí ha sido comprobada.
Que sea necesario hacer estas distinciones tampoco significa minimizar el problema.
En mayo de 2025, la propia Conagua informó que ejecutó acciones legales en el rancho El Saucito, en Balleza, propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez. La autoridad reportó la demolición de una represa, el desfogue de otras obras, la clausura de un aprovechamiento subterráneo y otro superficial, además de anunciar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por uso ilegal del agua.
El episodio demuestra que en Chihuahua no se habla solamente de irregularidades documentales. Existen casos concretos donde la autoridad ha comprobado obras hidráulicas y extracciones realizadas al margen de los procedimientos legales.
También revela otro componente del conflicto: cuando el agua es escasa, la capacidad económica, política o territorial para construir pozos, presas, rebombeos y sistemas de distribución puede generar profundas desigualdades entre usuarios.
cinco inspectores frente a miles de aprovechamientos.
Uno de los datos más delicados de esta historia apareció en la declaración de marzo de 2025 del representante de Conagua en Chihuahua: cinco inspectores para todo el estado, frente a decenas de miles de aprovechamientos registrados y alrededor de siete mil localizados como presuntamente ilegales.
Chihuahua tiene una superficie superior a 247 mil kilómetros cuadrados.
Aunque la plantilla actual pudiera haber cambiado desde aquella declaración, la cifra ayuda a entender el tamaño del desafío. Una inspección no consiste únicamente en encontrar una bomba. Es necesario identificar coordenadas, revisar documentación, verificar el título, comprobar el volumen autorizado, inspeccionar medidores, determinar el destino del agua y desarrollar un procedimiento administrativo capaz de sostenerse jurídicamente.
A escala nacional, Conagua informó que durante la actual administración realizó miles de visitas de inspección y obtuvo cientos de clausuras o suspensiones de aprovechamientos carentes de concesión o utilizados irregularmente. La propia autoridad reconoce entre las modalidades detectadas tanto pozos clandestinos sin título como usuarios que poseen documentos pero utilizan el agua para fines distintos a los autorizados.
la electricidad podría ser la llave para encontrarlos.
Bombear agua desde decenas o cientos de metros de profundidad requiere energía.
Por eso el convenio firmado en enero de 2026 entre Conagua, Agricultura y CFE puede convertirse en una de las herramientas más importantes para saber qué ocurre realmente bajo el campo chihuahuense.
CFE conoce contratos y patrones de consumo eléctrico asociados con bombeo agrícola. Agricultura administra programas de estímulo energético al campo. Conagua tiene títulos y derechos de extracción. Cruzar las tres bases permitiría detectar inconsistencias imposibles de observar analizando únicamente REPDA.
En marzo de 2026, las tres dependencias insistieron además en la necesidad de que productores con concesiones vencidas regularizaran sus títulos para conservar beneficios relacionados con las tarifas eléctricas agrícolas.
El mecanismo abre una posibilidad poderosa: comparar pozo, título, volumen autorizado, consumo eléctrico y superficie irrigada.
Una bomba que consume grandes cantidades de electricidad para irrigar cientos de hectáreas debería tener correspondencia con una concesión vigente y con el volumen autorizado. Cuando los registros no coinciden, aparece una línea de investigación.
no todos tienen la misma capacidad para llegar al agua.
La sobreexplotación también crea una forma silenciosa de desigualdad.
Cuando el nivel freático desciende, quien posee recursos económicos puede profundizar una perforación, instalar una bomba más potente, pagar más electricidad o construir infraestructura de riego tecnificada.
El pequeño productor puede perder su pozo.
La comunidad rural puede quedarse sin agua.
Una ciudad termina pagando nuevas baterías de pozos y conducciones cada vez más largas.
Por eso hablar de pozos clandestinos no es solamente hablar de personas que incumplen una norma. Es hablar de quién tiene capacidad de apropiarse de un recurso común cuando ese recurso comienza a desaparecer.
Y esa pregunta no se responde culpando indiscriminadamente a agricultores, nogaleros, menonitas, ejidatarios, ganaderos o empresarios.
Se responde siguiendo títulos, coordenadas, consumos eléctricos, superficies cultivadas, volúmenes autorizados y niveles piezométricos.
la pregunta que Chihuahua todavía no puede responder.
Después de revisar REPDA, documentos de Conagua, investigaciones académicas, estudios hidrogeológicos y declaraciones públicas, queda una ausencia enorme.
Chihuahua puede conocer aproximadamente cuántos derechos de agua existen. Puede calcular cuánto volumen está concesionado. Puede medir la recarga estimada de sus acuíferos. Puede localizar miles de aprovechamientos mediante coordenadas.
Pero todavía no existe, disponible públicamente y de manera consolidada, una base que permita responder con precisión:
quién bombea agua, de qué pozo, cuántos metros cúbicos realmente extrae cada año y si ese volumen coincide con lo que legalmente tiene autorizado.
Esa debería ser la verdadera auditoría del agua.
Porque el problema no termina descubriendo siete mil posibles irregularidades. Comienza ahí.
Si los datos actuales de Conagua son correctos, varios de los grandes acuíferos de Chihuahua ya tienen balances negativos de decenas o cientos de millones de metros cúbicos cada año. Jiménez-Camargo y Meoqui-Delicias rondan individualmente los 167 millones de metros cúbicos de disponibilidad negativa anual; Chihuahua-Sacramento supera los 65 millones y El Sauz-Encinillas los 58 millones.
Sobre esos mismos territorios se encuentran ciudades, pequeñas comunidades, explotaciones ganaderas, huertas, industrias y miles de hectáreas agrícolas que dependerán del agua durante las próximas décadas.
El pozo clandestino tiene una particularidad: puede esconderse detrás de una cerca y debajo de una bomba.
El abatimiento del acuífero no.
Tarde o temprano aparece en el pozo que dejó de producir, en el agricultor que tiene que perforar más profundo, en la familia que recibe menos presión en su vivienda o en el municipio obligado a buscar agua cada vez más lejos.
La gran investigación pendiente para Chihuahua, por tanto, no consiste solamente en contar pozos.
Consiste en poner nombre, coordenadas, volumen y destino a cada metro cúbico que se está extrayendo del subsuelo.
Hasta que eso ocurra, la pregunta seguirá abierta:
¿quién se está llevando el agua de Chihuahua?
Este enfoque mantiene la cifra de 7 mil con el rigor necesario: es una estimación respaldada por declaraciones atribuidas a Conagua, pero evita convertir automáticamente cada irregularidad en un “pozo clandestino”. También permite abrir una segunda investigación mucho más potente: cruzar por municipios REPDA + acuíferos deficitarios + superficie agrícola + cultivos + consumo eléctrico de bombeo para localizar las zonas donde la presión hídrica merece mayor escrutinio.
