Investigación documental sobre los adeudos de agricultores con la CFE en Jiménez y el estado de Chihuahua
HISTORIASMX. – Durante más de dos décadas, productores agrícolas de Chihuahua han protagonizado bloqueos, ocupaciones de oficinas, reconexiones de pozos y movilizaciones contra la Comisión Federal de Electricidad. El argumento recurrente es que el costo de bombear agua subterránea hace inviable la producción; la respuesta de la CFE es que existe una cartera vencida de miles de millones de pesos por energía que fue consumida y no pagada.
La revisión de documentos oficiales, registros obtenidos mediante transparencia, archivos legislativos, programas federales y notas periodísticas permite establecer una conclusión incómoda para ambas partes: el conflicto no se reduce solamente a tarifas excesivas, pero tampoco puede presentarse como una simple exigencia para pagar lo justo. Una parte importante de las organizaciones agrícolas busca conservar las tarifas subsidiadas y negociar los recibos actuales; al mismo tiempo, ha solicitado congelar, reducir, cancelar o condonar buena parte de la deuda histórica acumulada.
En términos prácticos, algunas propuestas sí implican que los productores paguen una fracción y que el resto deje de cobrarse, permanezca congelado indefinidamente o sea absorbido mediante un acuerdo gubernamental. Por eso, afirmar que todas las movilizaciones son únicamente para “no pagar” sería una simplificación; pero sostener que nunca se ha pedido condonación también sería contrario a los documentos y declaraciones disponibles.
¿Cuánto deben los agricultores de Chihuahua?
El dato estatal más reciente localizado en fuentes abiertas señala que, para 2025, la cartera vencida de productores agrícolas de Chihuahua superaba los 3 mil 700 millones de pesos. El cálculo fue difundido en agosto de ese año y señalaba un crecimiento aproximado de 66 por ciento respecto del monto reportado anteriormente. También se hablaba de más de 13 mil usuarios agrícolas involucrados directa o indirectamente en la llamada resistencia civil al pago de electricidad.
Este monto no debe confundirse con una cifra de más de 7 mil millones de pesos difundida en febrero de 2024. Aunque el encabezado de aquella publicación decía que “agricultores de Jiménez” debían más de 7 mil millones, el cuerpo de la información aclaraba que se trataba de una estimación para todo el estado de Chihuahua, integrada por dos componentes:
- Una deuda histórica calculada en aproximadamente 4 mil 760 millones de pesos.
- Una deuda corriente estatal de alrededor de 2 mil 322 millones de pesos.
La suma ascendía a poco más de 7 mil millones. No significaba que los agricultores del municipio de Jiménez, por sí solos, debieran esa cantidad. La cifra fue proporcionada por un dirigente agrícola y no corresponde a un estado financiero público desglosado de la CFE.
La diferencia entre los 7 mil millones señalados en 2024 y los 3 mil 700 millones reportados en 2025 puede deberse a que se utilizaron padrones, fechas y conceptos diferentes. Una cifra incorporó deuda histórica acumulada por varias décadas y otra parece referirse a la cartera reconocida en un corte administrativo más reciente. No es metodológicamente correcto sumarlas ni tratarlas como si midieran exactamente lo mismo.
La cifra disponible para el municipio de Jiménez.
El desglose municipal más preciso localizado proviene de información atribuida a la CFE y obtenida mediante mecanismos de transparencia, con corte al cierre de 2023. Según ese registro, los usuarios agrícolas del municipio de Jiménez acumulaban un adeudo de:
206 millones 436 mil pesos.
Con esa cantidad, Jiménez aparecía entre los diez municipios de Chihuahua con mayores adeudos agrícolas. La relación era encabezada por Ascensión, con cerca de 653.8 millones de pesos; Namiquipa, con 339.8 millones; Buenaventura, con 323.2 millones; Ahumada, con 221.2 millones, y posteriormente Jiménez.
La cifra de 206.4 millones constituye el último dato municipal verificable localizado en información pública abierta. No fue posible encontrar un desglose oficial actualizado a 2025 o 2026 que permita afirmar cuánto debe Jiménez actualmente.
Sin embargo, durante las protestas de agosto de 2025 se informó que alrededor de 80 productores de la región estaban en una relación de usuarios sujetos a corte por falta de pago. Esta cifra se refiere a productores afectados o identificados en una operación específica, no al padrón completo de deudores ni al número total de agricultores del municipio.
Radiografía de los adeudos con corte a 2023.
| Territorio | Adeudo reportado |
|---|---|
| Estado de Chihuahua | $2,894,710,238 |
| Ascensión | $653,886,000 |
| Namiquipa | $339,884,000 |
| Buenaventura | $323,249,000 |
| Ahumada | $221,215,000 |
| Jiménez | $206,436,000 |
| Janos | $175,952,000 |
| Ojinaga | $158,604,000 |
| Nuevo Casas Grandes | $127,457,000 |
| Cuauhtémoc | $126,101,000 |
Los montos son aproximados y corresponden al corte difundido en 2024 sobre obligaciones acumuladas hasta 2023.
Una deuda que creció aceleradamente.
La información obtenida por transparencia muestra que el adeudo agrícola estatal reconocido pasó de aproximadamente 133 millones de pesos en 2018 a 2 mil 894 millones al terminar 2023. El incremento fue superior a 2 mil 760 millones de pesos en cinco años.
El desglose difundido fue el siguiente:
| Año | Nueva deuda aproximada |
|---|---|
| Acumulado hasta 2018 | $133 millones |
| 2019 | $741.4 millones |
| 2020 | $1,010 millones |
| 2021 | $494 millones |
| 2022 | $352 millones |
| 2023 | $161 millones |
| Total acumulado | $2,894.7 millones |
Las cifras revelan que el problema no es solamente una vieja cuenta heredada desde principios de siglo. Una parte considerable del pasivo se generó mediante consumos relativamente recientes que tampoco fueron cubiertos.
Esto debilita el argumento de que toda la deuda es producto exclusivo de errores históricos de facturación. Puede haber casos particulares con medidores defectuosos, estimaciones incorrectas, pérdida de subsidios o irregularidades administrativas, pero el crecimiento sostenido muestra también un patrón de falta de pago generalizada.
¿Por qué la electricidad agrícola puede resultar tan barata o tan cara?
La Ley de Energía para el Campo creó tarifas de estímulo para los productores que utilizan electricidad en equipos de bombeo y rebombeo de agua destinada al riego. Actualmente, el beneficio se opera principalmente mediante el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, conocido como PEUA.
Los agricultores inscritos en el padrón pueden acceder a las tarifas subsidiadas 9CU, de cargo único, y 9N, nocturna. La CFE establece que estas tarifas únicamente se aplican hasta el límite de la cuota energética asignada por la Secretaría de Agricultura.
La Secretaría de Agricultura ha señalado que, mientras una tarifa agrícola ordinaria puede ubicarse alrededor de 7.24 pesos por kilowatt-hora, los beneficiarios del PEUA pueden pagar aproximadamente 56 centavos por kilowatt-hora, dependiendo de la modalidad, el horario y la cuota autorizada. Esto representa un subsidio que puede acercarse al 90 o 95 por ciento del costo ordinario.
Por tanto, no todos los recibos elevados se originan porque la CFE cobre una tarifa agrícola subsidiada excesiva. En muchos casos, la cuenta aumenta cuando ocurre alguna de estas situaciones:
- El productor no renovó su inscripción en el PEUA.
- La concesión del pozo está vencida o presenta inconsistencias.
- El volumen de agua autorizado no coincide con el consumo eléctrico.
- Se excedió la cuota energética subsidiada.
- El usuario arrastra recibos anteriores y cargos acumulados.
- El servicio se encuentra conectado de manera irregular.
- El productor perdió temporalmente el beneficio por incumplimiento documental.
Una iniciativa presentada ante el Congreso de Chihuahua explicaba desde años atrás que la diferencia entre estar dentro o fuera del subsidio podía ser enorme. El documento señalaba que un pozo agrícola de uso intensivo podía consumir decenas de miles de kilowatts-hora y generar recibos mensuales imposibles de cubrir cuando se aplicaba la tarifa sin estímulo.
Aquí se encuentra una de las raíces reales del conflicto: un agricultor que pierde el subsidio puede pasar abruptamente de pagar centavos a pagar varios pesos por cada kilowatt-hora, aun cuando el mismo equipo y el mismo pozo continúen funcionando.
¿Qué han exigido realmente los agricultores?
1. Congelar la deuda histórica.
En febrero de 2024, dirigentes de la región de Jiménez informaron que analizaban una propuesta para congelar alrededor del 70 por ciento del adeudo acumulado. A cambio, los productores tendrían que pagar la deuda corriente, calculada en más de 2 mil millones de pesos, en una exhibición o mediante un plazo de hasta 12 meses.
Congelar una deuda no significa necesariamente cancelarla jurídicamente. La obligación puede permanecer registrada. No obstante, si se congela por tiempo indefinido, no se cobra y no se condiciona el servicio a su liquidación, su efecto económico se aproxima a una condonación parcial, especialmente si no existe un calendario realista para recuperarla.
2. Evitar cortes durante el ciclo agrícola.
Una demanda constante ha sido que la CFE suspenda los cortes mientras se realizan negociaciones. Los productores argumentan que dejar sin energía un pozo en plena temporada no solamente afecta al deudor: puede provocar la pérdida completa de cultivos, empleos, inversiones y alimentos.
En 2017, Gobierno del Estado, CFE y autoridades federales acordaron suspender temporalmente cortes y acciones judiciales para que miles de agricultores pudieran firmar convenios. La finalidad expresada era conservar el ciclo agrícola, pero también permitir que la CFE recuperara la cartera vencida.
En agosto de 2025, productores volvieron a ocupar oficinas de la CFE en Jiménez después de que se realizaron cortes en ranchos con adeudos. La protesta se levantó temporalmente después de aproximadamente 48 horas, mientras se buscaba reactivar una mesa de diálogo.
3. Recuperar o conservar las tarifas subsidiadas.
Otra exigencia central es que los productores puedan reincorporarse al PEUA y que no pierdan la tarifa 9CU o 9N por retrasos administrativos, concesiones vencidas o diferencias entre dependencias.
Este punto no equivale a pedir electricidad gratuita. Bajo el PEUA, el agricultor sí debe pagar, pero lo hace con una tarifa fuertemente subsidiada. El problema aparece cuando los agricultores consideran que SADER, Conagua o CFE retrasaron trámites y, como consecuencia, les facturaron la energía con una tarifa ordinaria mucho más elevada.
En enero de 2026 se firmó un acuerdo de coordinación en Chihuahua para regularizar concesiones de agua, facilitar la gestión energética y permitir que más productores tuvieran acceso legal a los subsidios.
4. Reestructurar los adeudos mediante convenios.
Durante diferentes etapas del conflicto también se ha solicitado:
- Eliminar recargos.
- Revisar facturaciones estimadas.
- Reconocer pagos anteriores.
- Establecer abonos proporcionales a la capacidad productiva.
- Evitar denuncias penales.
- Reponer medidores.
- Reconectar pozos.
- Separar la deuda histórica del consumo corriente.
En 2017, las mesas de negociación no planteaban simplemente borrar todos los adeudos: se buscaba que los productores firmaran convenios y que la CFE recuperara al menos una parte de su cartera.
5. Condonar una parte de la deuda.
La palabra condonación sí ha formado parte del conflicto. En 2014, la CFE anunció un esquema para productores de Chihuahua que permitía condonar hasta 90 por ciento de ciertos adeudos pequeños, sujeto a condiciones y montos específicos.
También ha habido exhortos legislativos para reducir o perdonar pasivos agrícolas y establecer tarifas que permitan mantener competitiva la producción.
Por ello, es documentalmente incorrecto afirmar que las organizaciones nunca han pedido perdón de deuda. Sí existen antecedentes de condonación, solicitudes de reducción y propuestas para congelar porcentajes mayoritarios de la cartera histórica.
Entonces, ¿las movilizaciones son para no pagar?
La respuesta objetiva es: algunas acciones sí buscan evitar el pago total de la deuda histórica, pero el conflicto es más amplio.
Las movilizaciones agrícolas persiguen simultáneamente distintos objetivos. No todos los productores tienen el mismo problema ni todos mantienen la misma postura.
Productores que sí desean regularizarse.
Existen agricultores que aceptan pagar su consumo corriente, siempre que se les reconozca la tarifa subsidiada, se corrijan recibos y se les permita cubrir el adeudo mediante plazos. Para este grupo, la protesta busca impedir que un problema administrativo destruya una cosecha antes de que pueda resolverse.
Productores que buscan una condonación parcial.
Otros aceptan pagar únicamente una fracción y solicitan que la deuda histórica sea cancelada, absorbida por el Gobierno o congelada. Aquí sí existe una petición para no cubrir íntegramente la electricidad consumida en años anteriores.
Productores en resistencia abierta al pago.
Las propias publicaciones sobre el movimiento señalan que miles de usuarios se han mantenido en “resistencia civil” desde 2001. La resistencia ha incluido negativa a pagar bajo determinadas tarifas, impedimento de cortes, ocupación de oficinas y, en algunos casos, reconexiones posteriores a suspensiones.
En estos casos, aunque exista una inconformidad legítima sobre el precio, el resultado material es que la energía continúa siendo utilizada mientras la cuenta permanece sin cubrirse.
La contradicción central: recibir hasta 95 por ciento de subsidio y aun así acumular deuda
Uno de los aspectos que debe debatirse públicamente es que el sector agrícola ya cuenta con uno de los esquemas eléctricos más subsidiados del país. La tarifa preferencial puede reducir de manera drástica el costo del bombeo.
Por ello, la autoridad debe explicar cuántos de los adeudos de Chihuahua fueron calculados:
- Con tarifa subsidiada.
- Con tarifa ordinaria.
- Por excedentes de cuota.
- Por recargos.
- Por consumos estimados.
- Por servicios irregulares.
- Por pozos sin concesión vigente.
- Por errores atribuibles a las dependencias.
Sin ese desglose, se corre el riesgo de colocar en el mismo grupo a un pequeño productor que perdió el subsidio por un trámite, a una explotación agrícola de gran escala que consumió energía durante años sin pagar y a un usuario que opera un pozo fuera de la legalidad.
¿Quién termina pagando una condonación?
La CFE es una empresa pública. Cuando una deuda de miles de millones se elimina, se congela o se absorbe políticamente, el costo no desaparece. Se traslada de alguna forma a:
- Las finanzas de la empresa pública.
- El presupuesto federal.
- Los subsidios pagados con impuestos.
- Las inversiones que dejan de realizarse.
- Los usuarios que sí cubren sus recibos.
- Los programas destinados a otros sectores sociales.
Esto no significa que nunca deba existir una reestructuración. La producción de alimentos es una actividad estratégica y un corte eléctrico puede causar daños económicos mucho mayores que un recibo vencido. Pero cualquier apoyo debería distinguir entre pequeños productores vulnerables, unidades medianas y grandes explotaciones comerciales.
Una condonación uniforme podría beneficiar de igual manera a un campesino de pocas hectáreas y a propietarios de cientos de hectáreas de nogal, chile, alfalfa o algodón, aun cuando su capacidad económica y consumo energético sean completamente diferentes.
El componente hídrico que pocas veces aparece en la discusión.
La tarifa eléctrica agrícola está directamente relacionada con la extracción de agua. Entre mayor profundidad tenga el nivel del acuífero, más energía se requiere para elevar el líquido. En regiones sobreexplotadas como Jiménez–Camargo, el descenso del agua subterránea incrementa el costo del bombeo.
Sin embargo, subsidiar intensamente la electricidad también puede generar un efecto contrario: abarata la extracción y reduce el incentivo económico para ahorrar agua. Un productor con energía extremadamente barata puede mantener encendidos sus equipos durante más horas, incluso en acuíferos deficitarios.
Por esa razón, los subsidios eléctricos deberían vincularse a:
- Medición volumétrica real del agua.
- Concesiones vigentes.
- Equipos de bombeo eficientes.
- Riego por goteo o microaspersión.
- Reducción de fugas.
- Límites por hectárea y cultivo.
- Auditorías a pozos clandestinos.
- Protección del abastecimiento urbano.
No sería coherente condonar miles de millones de pesos sin revisar al mismo tiempo cuánto volumen fue extraído, qué cultivos fueron beneficiados y si los pozos operaron dentro de sus concesiones.
Lo que todavía no se conoce públicamente.
Para determinar con absoluta precisión cuánto deben hoy los agricultores de Jiménez y Chihuahua, la CFE tendría que publicar una base de datos actualizada que incluyera, sin revelar información personal:
- Número de servicios agrícolas con deuda.
- Monto por municipio.
- Antigüedad de cada adeudo.
- Consumo facturado y tarifa aplicada.
- Capital, recargos y actualizaciones.
- Usuarios inscritos y no inscritos en el PEUA.
- Grandes, medianos y pequeños productores.
- Pozos con concesión vigente, vencida o inexistente.
- Convenios firmados y porcentaje efectivamente recuperado.
- Cantidad de deuda congelada, cancelada o judicializada.
Hasta ahora, las cifras públicas provienen de distintos cortes y fuentes. Esto explica por qué se habla alternativamente de 2 mil 894, 3 mil 700 o más de 7 mil millones de pesos.
Conclusión.
La evidencia permite sostener que los agricultores del municipio de Jiménez debían al menos 206 millones 436 mil pesos a la CFE al cierre de 2023, mientras que la deuda agrícola estatal alcanzaba 2 mil 894 millones en ese mismo corte. Para agosto de 2025, estimaciones basadas en información del sector colocaban el pasivo estatal por encima de 3 mil 700 millones de pesos.
Las movilizaciones no tienen una sola finalidad. Una parte exige tarifas subsidiadas, correcciones de recibos, regularización de concesiones y convenios que permitan seguir produciendo. Otra busca que la deuda histórica se congele o reduzca. También existe un movimiento de resistencia que, durante años, ha utilizado electricidad sin cubrir completamente los recibos que la CFE considera exigibles.
Por ello, la afirmación más precisa sería la siguiente:
Los productores no protestan únicamente para obtener electricidad gratis, pero una parte sustancial de sus demandas sí pretende evitar el pago íntegro de las deudas acumuladas.
El problema no se resolverá con cortes masivos que destruyan cosechas, pero tampoco mediante una condonación general sin auditoría. Una salida justa tendría que revisar cada cuenta, respetar el subsidio de quienes cumplen, establecer convenios proporcionales, sancionar conexiones ilegales y condicionar cualquier apoyo público a la legalidad de los pozos y al uso sustentable del agua.
La energía consumida tiene un costo. La producción de alimentos también posee un valor estratégico. El desafío consiste en impedir que el pequeño productor sea arruinado por una factura desproporcionada, sin convertir la protesta y la presión política en un mecanismo permanente para trasladar deudas privadas al conjunto de los contribuyentes.
