El déficit del acuífero, la crisis agrícola y una economía que no consiguió diversificarse a tiempo
Investigación y reportaje de análisis.
HISTORIASMX. – En el municipio de Jiménez, Chihuahua, el agua ya no solamente determina cuántas hectáreas pueden sembrarse. También decide cuánto cuesta producir, qué pozos continúan funcionando, qué negocios sobreviven alrededor del campo y qué posibilidades tiene la ciudad de atraer nuevas inversiones.
Durante décadas, el acuífero Jiménez-Camargo sostuvo la expansión agrícola regional, especialmente el cultivo de nogal. Esa agricultura generó empleo, comercio, transporte y patrimonio. Pero parte de aquella prosperidad se construyó extrayendo agua con mayor rapidez de la que el sistema puede reponer.
El resultado es una economía expuesta a cualquier disminución de lluvia, encarecimiento de la electricidad, profundización de los pozos o reducción de los rendimientos agrícolas. No puede afirmarse que el acuífero se encuentre físicamente vacío, porque no existen mediciones suficientes para calcular cuánto almacenamiento conserva. Lo que sí está demostrado es más preciso y, desde el punto de vista económico, igualmente grave: el acuífero no tiene disponibilidad para nuevas concesiones y presenta un déficit anual de 167.37 millones de metros cúbicos.
Esta diferencia entre “acuífero vacío” y “acuífero sin disponibilidad” es esencial para entender el problema sin exageraciones, pero también sin minimizarlo.
Un balance de agua en números rojos.
La actualización publicada por la Comisión Nacional del Agua en 2024 presenta el siguiente balance:
| Componente | Volumen anual |
|---|---|
| Recarga total estimada | 174.9 millones de m³ |
| Descarga natural comprometida | 5.5 millones de m³ |
| Volumen registrado o concesionado | 336.77 millones de m³ |
| Disponibilidad media anual | –167.37 millones de m³ |
La fórmula oficial es sencilla:
El volumen inscrito para extracción equivale aproximadamente a 1.93 veces la recarga anual estimada. Esto significa que los derechos registrados superan en alrededor de 93% el agua que se recarga cada año. El documento utiliza como fecha de corte del Registro Público de Derechos de Agua el 30 de diciembre de 2022.
Debe hacerse una segunda precisión: los 336.77 millones de metros cúbicos corresponden al volumen registrado o concesionado, no necesariamente al bombeo medido pozo por pozo. Sin telemetría y medición universal no puede asegurarse que cada concesionario extraiga exactamente ese volumen. Sin embargo, un estudio técnico anterior de CONAGUA calculó una extracción real de aproximadamente 303.1 millones de metros cúbicos anuales, frente a una recarga entonces estimada en 173.3 millones. Es decir, la sobreexplotación no es únicamente un problema contable de títulos: también se ha identificado mediante estimaciones del bombeo efectivo.
La misma investigación de 2015 contabilizó 1,296 obras de captación, de las cuales 998 se encontraban activas. Estimó que 96.4% del volumen extraído se destinaba a la agricultura, 3.1% al abastecimiento público urbano, 0.4% a usos industriales y 0.1% a usos domésticos y pecuarios.
Aquí aparece el núcleo de la crisis: el consumo dominante no es el de las familias ni el de las fábricas. Es el riego agrícola.
El acuífero no está “vacío”, pero nadie sabe cuánto queda.
La palabra “reserva” suele utilizarse como si debajo de Jiménez existiera un depósito perfectamente medido. En realidad, el acuífero es un sistema de materiales aluviales, conglomerados y formaciones fracturadas, con zonas libres, semiconfinadas y confinadas.
La propia CONAGUA reconoce que no dispone de información piezométrica actual e histórica suficiente, distribuida en todo el acuífero, para construir una evolución confiable de los niveles o elaborar un balance directo del almacenamiento. Por eso la recarga se calculó mediante un balance hidrometeorológico.
El modelo estima que, de aproximadamente 3,485.9 millones de metros cúbicos de precipitación anual sobre la superficie estudiada, cerca de 90.2% regresa a la atmósfera por evapotranspiración, 167.3 millones escurren y únicamente 174.9 millones se infiltran. El coeficiente estimado de infiltración es apenas de 5.02%.
Por tanto, no existe fundamento científico para anunciar una fecha exacta en la que “se acabará toda el agua”. Tampoco existe fundamento para asegurar que el problema no es urgente. La falta de piezometría es, en sí misma, una falla de gobernanza: se está administrando un activo estratégico sin conocer con suficiente precisión su almacenamiento, su abatimiento territorial ni la velocidad con la que se deterioran sus distintas zonas.
De acuerdo con la norma oficial mexicana, disponibilidad significa el volumen que podría extraerse adicionalmente a lo ya concesionado y a las descargas naturales comprometidas, sin dañar el equilibrio del sistema. En Jiménez-Camargo ese resultado es negativo. En términos prácticos, no hay margen ordinario para otorgar más agua subterránea.
Cómo se llegó hasta aquí.
La presión sobre el acuífero no comenzó recientemente. Una parte de su territorio se encuentra bajo veda desde 1951; posteriormente se añadieron disposiciones relacionadas con Delicias y La Laguna. Esto demuestra que las autoridades conocían desde hace décadas la fragilidad del recurso.
Pese a ello, el balance continuó deteriorándose:
| Año de publicación o corte | Déficit estimado |
|---|---|
| 2011 | –144.57 millones de m³/año |
| 2013 | –142.89 millones de m³/año |
| 2014 | –142.14 millones de m³/año |
| Actualización 2024, con REPDA a 2022 | –167.37 millones de m³/año |
Entre el corte utilizado en 2014 y el de 2022, el volumen registrado pasó de 309.94 a 336.77 millones de metros cúbicos. El déficit calculado aumentó aproximadamente 25.24 millones, casi 18%. Aunque pueden existir diferencias metodológicas y cambios registrales entre estudios, la dirección general es inequívoca: la presión reconocida legalmente no disminuyó.
La expansión del nogal es parte central de esta historia. Investigaciones agronómicas sitúan generalmente las necesidades anuales de huertas adultas por encima de 1,100 milímetros de agua, con estimaciones frecuentes de entre 1,170 y 1,310 milímetros. El volumen final depende del clima, edad del árbol, suelo y sistema de riego, pero se trata de un cultivo perenne de demanda elevada. A diferencia de un cultivo anual, una huerta no puede suspenderse una temporada sin arriesgar un patrimonio desarrollado durante años.
Investigaciones sobre la cuenca del río Conchos ya habían señalado que el rápido cambio de uso del suelo hacia huertas nogaleras, junto con la extracción para riego, produjo en la subcuenca del río Florido algunos de los abatimientos más importantes de toda la cuenca.
El nogal no debe convertirse en el único culpable. La responsabilidad también corresponde a una política que permitió derechos superiores a la renovación natural, careció de medición suficiente, no frenó oportunamente la expansión y trató el almacenamiento subterráneo como si fuera ingreso anual renovable.
Del pozo al comercio: la cadena económica de la crisis.
La sobreexplotación se convierte en declive económico mediante varios mecanismos.
Primero desciende el nivel de bombeo o disminuye el rendimiento de los pozos. Después se requiere más energía para elevar la misma cantidad de agua. Algunos productores profundizan las perforaciones, sustituyen equipos o abandonan obras que dejan de ser rentables. Al mismo tiempo puede deteriorarse la calidad del agua al movilizarse sales y otros minerales.
CONAGUA encontró concentraciones de sólidos disueltos de entre 500 y 4,000 miligramos por litro y advirtió desde 2015 sobre incrementos en los costos de bombeo, inutilización de pozos, desaparición de manantiales y afectaciones futuras a las actividades socioeconómicas.
En 2026, autoridades agrícolas y productores entrevistados en la región reportaron ranchos abandonados y afectaciones acumuladas en huertas nogaleras. Un recuento citado por Milenio señaló que alrededor de 600 hectáreas salieron recientemente de producción y aproximadamente 1,500 habían sufrido afectaciones durante los tres años anteriores. También describió el impacto sobre vendedores de tractores, fertilizantes, refacciones y servicios. Son testimonios y estimaciones locales, no un censo definitivo, pero ilustran cómo una pérdida agrícola se transmite al resto de la economía.
Una huerta que deja de producir no pierde solamente su cosecha. Compra menos combustible, fertilizante y maquinaria; contrata menos jornales, transporte, reparación y empaque. El trabajador con menores ingresos reduce su consumo en tiendas, restaurantes y servicios. Las familias jóvenes comienzan a buscar oportunidades en otras ciudades. Así, una crisis inicialmente hidráulica se transforma en crisis comercial, laboral y demográfica.
Los productores pequeños y medianos soportan una carga especialmente desigual. Una empresa agrícola capitalizada puede perforar más, modernizar equipos o absorber varios años malos. El productor con menor patrimonio puede endeudarse, vender sus derechos o abandonar la actividad. La escasez termina concentrando no solamente el agua, sino también la tierra y el poder económico.
El declive aparece en el empleo.
Los datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social muestran una contracción considerable del empleo formal registrado en Jiménez.
| Municipio | Enero 2025 | Enero 2026 | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Jiménez | 7,387 | 6,309 | –1,078 (–14.59%) |
| Camargo | 7,436 | 7,251 | –185 (–2.49%) |
| Delicias | 35,578 | 37,974 | +2,396 (+6.73%) |
| Meoqui | 9,924 | 9,483 | –441 (–4.44%) |
La comparación utiliza el mismo mes para reducir los efectos de la estacionalidad agrícola. Aun así, el dato municipal no ofrece el desglose sectorial necesario para atribuir los 1,078 empleos perdidos exclusivamente al agua. Demuestra que existe una contracción laboral seria; la causalidad requiere combinar esa cifra con la evidencia agrícola, hidráulica e industrial.
La debilidad también aparece en la evolución demográfica. Jiménez tenía 41,265 habitantes en 2010 y 40,859 en 2020, una reducción de 0.98%. En el mismo periodo, Camargo creció 1.54%, Meoqui 2.33% y Delicias 9.11%.
La disminución de población hasta 2020 fue relativamente pequeña; no describe por sí sola un colapso. Sin embargo, combinada con la caída reciente del empleo formal y las pérdidas reportadas en el campo, señala una economía municipal que tiene dificultades para retener actividad y generar alternativas.
¿La falta de agua impide que lleguen fábricas?
La respuesta correcta es: puede impedir o encarecer determinadas inversiones, pero no explica por sí sola la ausencia de industria.
Una empresa que analiza instalarse necesita demostrar que contará con una fuente legal, suficiente y estable de agua. Un acuífero con disponibilidad negativa aumenta el riesgo del proyecto, sobre todo cuando la actividad requiere grandes volúmenes para procesos, enfriamiento, lavado o generación de vapor. La compañía tendría que depender de capacidad municipal ya existente, adquirir o transferir derechos conforme al régimen aplicable, utilizar agua tratada o diseñar un proceso de muy bajo consumo.
En 2023, medios locales relacionaron el freno a la inversión manufacturera con la falta de disponibilidad de agua. También señalaron que, después del cierre de la planta MFI durante 2022, Jiménez quedó con solamente dos establecimientos manufactureros importantes. Sin embargo, no se publicó una lista verificable de empresas que hubieran rechazado formalmente instalarse exclusivamente por esa causa.
El cierre de MFI, que afectó a alrededor de 120 familias, fue explicado como una decisión de rentabilidad para no reiniciar operaciones, no directamente como consecuencia del acuífero. La diferencia importa: el agua reduce competitividad y posibilidades de inversión, pero los cierres también responden a mercados, costos, decisiones corporativas, infraestructura, mano de obra y ciclos industriales.
La escasa base industrial vuelve a Jiménez más vulnerable. Cuando hay solamente unas cuantas plantas, la salida de una empresa produce un daño proporcionalmente mayor. Y cuando el sector agrícola también se contrae, no existe otra rama suficientemente grande para absorber a los trabajadores.
La comparación que cambia el diagnóstico.
El acuífero Meoqui-Delicias también presenta un déficit oficial muy grave: –167.12 millones de metros cúbicos anuales, prácticamente igual al de Jiménez-Camargo. Sin embargo, Delicias aumentó su población entre 2010 y 2020 y registró crecimiento del empleo formal durante el último año analizado.
Esta comparación impide sostener que un déficit acuífero produce automáticamente el mismo resultado económico en todos los municipios.
Delicias cuenta con una base comercial e industrial más diversificada y con mayor apoyo histórico de aguas superficiales del río Conchos y del Distrito de Riego 005. Jiménez, en cambio, presenta mayor exposición a la extracción subterránea y una economía más dependiente del campo.
Por eso, el dictamen más sólido es el siguiente:
- La sobreexplotación del acuífero es una causa estructural importante del deterioro económico de Jiménez.
- Es especialmente grave porque golpea la actividad dominante y limita las inversiones intensivas en agua.
- No es la única causa. También intervienen la falta de diversificación, el cierre de plantas, la reducida escala del mercado laboral, la migración, los costos de energía, las decisiones empresariales y la insuficiencia de infraestructura.
El agua explica una parte sustancial de la vulnerabilidad de Jiménez, pero no todo su desempeño. Presentarla como causa única conduciría a políticas incompletas.
Una crisis social, no solamente productiva.
La presión ya alcanza el abastecimiento humano. En 2017 el Gobierno estatal anunció pozos adicionales y declaró que el consumo de la población debía tener prioridad sobre los usos económicos. En 2023 se puso en operación el pozo La Hacienda, con una inversión cercana a 20 millones de pesos para beneficiar a ocho colonias y unas 2,000 familias.
Construir otro pozo puede resolver una urgencia local, pero no crea agua nueva en el acuífero. Si solamente se perfora más profundo sin reducir la extracción total, el problema se desplaza hacia el futuro y se vuelve más costoso.
Detrás de las cifras están las familias que dependen de un jornal, de un taller de maquinaria, de una empacadora o de una tienda abastecida por el consumo agrícola. También están quienes heredaron una parcela que antes representaba seguridad y ahora puede convertirse en una deuda.
El drama de Jiménez no consiste en que mañana deje de salir una sola gota. Consiste en que cada vez resulta más caro, incierto y desigual obtenerla.
Qué tendría que cambiar.
La recuperación no puede basarse únicamente en perforar pozos ni en esperar un ciclo extraordinario de lluvias. Requiere una transición económica e hidráulica simultánea.
Primero debe instalarse una red pública de medición piezométrica y calidad del agua, junto con medidores o telemetría en los principales aprovechamientos. Jiménez necesita conocer cada año cuánto se extrae, dónde descienden los niveles y qué zonas presentan mayor deterioro.
Debe realizarse una revisión del padrón de concesiones, transmisiones, pozos inactivos y extracciones irregulares. La reducción de consumo tendría que concentrarse en el bombeo real, con reglas uniformes y protección a usuarios domésticos y pequeños productores.
La tecnificación del riego es necesaria, pero insuficiente si el agua ahorrada se utiliza para ampliar superficie. Ese “efecto rebote” puede mantener o incluso aumentar la extracción. Todo apoyo a la eficiencia debería estar vinculado a una disminución medible del bombeo total.
También debe detenerse la expansión neta de cultivos perennes de alta demanda mientras el acuífero continúe en déficit. La reconversión productiva necesita compensaciones, financiamiento y asistencia técnica; no puede imponerse descargando todo el costo sobre agricultores que tomaron decisiones bajo las reglas permitidas por el Estado.
Para la industria, Jiménez requiere una estrategia basada en agua tratada, recirculación, captación y auditorías hídricas obligatorias. No toda manufactura consume grandes volúmenes. Podrían impulsarse actividades de mayor valor por metro cúbico: reparación y fabricación de equipo agrícola, logística, servicios ferroviarios y carreteros, procesamiento que no dependa de ampliar las hectáreas irrigadas, tecnología para el campo y manufactura ligera con circuitos cerrados.
La prioridad económica debería dejar de ser producir más hectáreas y convertirse en generar más ingreso y empleo por cada metro cúbico extraído.
Finalmente, el acuífero debe administrarse regionalmente. Sus 9,948 kilómetros cuadrados comprenden porciones de Jiménez, Camargo, López, Coronado, Matamoros, Allende y San Francisco de Conchos. Ningún municipio puede recuperarlo de manera aislada.
Dictamen de la investigación.
La evidencia permite afirmar cuatro cosas:
Está comprobado que Jiménez-Camargo presenta una disponibilidad negativa de 167.37 millones de metros cúbicos anuales, que el volumen registrado casi duplica la recarga y que la agricultura concentra la mayor parte de la extracción.
Está sólidamente sustentado que esta presión eleva costos agrícolas, deteriora pozos y calidad del agua, reduce la seguridad productiva y limita especialmente la llegada de industrias intensivas en agua.
Es probable que el deterioro agrícola contribuya de manera importante a la caída del empleo, el debilitamiento comercial y la migración, aunque las estadísticas disponibles no permiten asignar al agua un porcentaje exacto de las pérdidas.
No está demostrado que el acuífero se encuentre físicamente vacío, cuánto almacenamiento le queda, que el agua sea la única causa del declive o que todas las empresas ausentes hayan descartado Jiménez exclusivamente por este problema.
Jiménez no está condenado por su geología. Pero sí enfrenta una crisis prolongada si continúa tratando el agua acumulada durante años como si fuera un ingreso renovable disponible en cada ciclo agrícola. Su futuro dependerá de aceptar el límite físico, reducir el bombeo total y construir una economía capaz de generar prosperidad sin seguir profundizando el mismo pozo.
