La violencia contra la prensa se ejerce con amenazas, golpes y asesinatos, pero también mediante campañas de desprestigio, espionaje y procesos judiciales. Los registros y estudios consultados muestran una contradicción persistente: las instituciones responsables de proteger el periodismo también aparecen señaladas como agresoras.
HISTORIASMX. – En México, el riesgo de ejercer el periodismo comienza mucho antes de una agresión física. Puede aparecer al investigar un contrato municipal, documentar un abuso policial o preguntar por los vínculos entre actores políticos y grupos criminales. Cuando esa cobertura provoca amenazas, vigilancia o represalias, el problema deja de estar únicamente en la noticia: alcanza la vida del reportero, sus fuentes y las condiciones en las que puede seguir trabajando. Comprender esta violencia exige mirar tanto a quienes la ejecutan como a las instituciones que deben prevenirla, investigarla y sancionarla.
La evidencia consultada permite distinguir tres responsabilidades que pueden coexistir: la agresión atribuida directamente a servidores públicos; las omisiones o deficiencias en la protección e investigación; y el uso de recursos institucionales para inhibir publicaciones. Esto no significa que todos los funcionarios actúen de la misma manera ni que cada ataque provenga del gobierno. Significa que reducir el problema al crimen organizado deja fuera una parte documentada de la violencia y dificulta explicar por qué informar sobre asuntos públicos puede convertirse en una actividad peligrosa.
Las autoridades también aparecen como agresoras.
En su informe sobre 2024, Barreras informativas, ARTICLE 19 documentó 639 agresiones contra la prensa, entre ellas cinco asesinatos. La organización atribuyó 287 agresiones a actores estatales, equivalentes al 44.91 % del total registrado. El dato permite cuestionar una explicación frecuente: que los riesgos del periodismo mexicano provienen exclusivamente de grupos criminales. En ese registro, el Estado ocupó un lugar central como perpetrador de agresiones, aunque la atribución documental de la organización no equivale por sí misma a una sentencia penal contra cada persona señalada. ARTICLE 19 MX-CA
Para 2025, el informe Estructuras del silencio, presentado en mayo de 2026, registró 451 agresiones, siete asesinatos y una desaparición. ARTICLE 19 incorporó una nueva metodología de “indicadores de censura”, por lo que la diferencia frente al total publicado para 2024 no debe interpretarse automáticamente como una reducción de la violencia. También señaló que el ambiente hostil —que comprende discursos intimidantes, agresiones en línea y desplazamiento forzado— concentró el 44 % de los casos registrados en México. El peligro, por tanto, no puede medirse solamente contando homicidios. ARTICLE 19 MX-CA
La diferencia entre ambos registros también muestra la necesidad de leer cuidadosamente las bases de datos. Una agresión no siempre corresponde a una víctima distinta; un periodista puede enfrentar varios ataques, y las organizaciones utilizan criterios propios para documentar casos y establecer su relación con el trabajo informativo. Las cifras ofrecen evidencia del problema, pero requieren fechas, definiciones y alcances precisos para evitar comparaciones engañosas.
Cuando el discurso oficial convierte al periodista en adversario.
El desprestigio desde espacios oficiales es una de las formas documentadas de hostilidad. ARTICLE 19 advirtió en su informe sobre 2024 que las conferencias matutinas continuaban siendo escenarios de agresiones contra el periodismo y cuestionó narrativas que fomentaban la estigmatización y la enemistad. La relevancia de estos señalamientos está en la desigualdad entre las partes: una autoridad dispone de una plataforma institucional y recursos públicos para responder a quien investiga su actuación. ARTICLE 19 MX-CA
Una autoridad puede refutar una investigación, presentar documentos y solicitar correcciones. El problema aparece cuando la respuesta desplaza la discusión hacia la descalificación personal o busca intimidar al medio. Como análisis del patrón documentado, esa práctica puede debilitar la legitimidad del periodista ante su comunidad y elevar el costo de continuar una cobertura. No permite afirmar que cada declaración hostil produzca una agresión posterior; sí obliga a examinar cómo el discurso del poder contribuye a las condiciones en las que trabaja la prensa.
La violencia criminal y la presión gubernamental pueden reforzarse.
La investigación académica aporta una explicación que va más allá del recuento de ataques. El estudio Ejercer el periodismo en entornos violentos: análisis empírico de las zonas de silencio en México, publicado en Perfiles Latinoamericanos en 2021, encontró que la violencia puede inhibir la cobertura cuando coincide con estrategias gubernamentales de cooptación, intimidación o agresión. Su hallazgo central es que la violencia criminal, considerada aisladamente, no explica por completo el silencio informativo: importa cómo se relaciona con las presiones ejercidas desde el poder público. scielo.org.mx
Esta conclusión ayuda a comprender el dilema de la prensa local. El peligro puede provenir de distintos actores que operan sobre un mismo territorio, mientras el periodista necesita acudir a autoridades para obtener información o solicitar protección. Una zona de silencio no necesariamente es un lugar sin medios: puede ser una comunidad donde continúan publicándose noticias, pero determinados asuntos quedan fuera de la cobertura. El efecto social es profundo, porque la ausencia de información sobre corrupción, seguridad o abusos limita la capacidad ciudadana de exigir respuestas.
Los tribunales como instrumento de presión.
La violencia también puede adoptar procedimientos formalmente legales. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, ARTICLE 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios. La organización alertó sobre el uso de vías electorales, civiles, penales y administrativas para hostigar a la prensa, y señaló que ciertos procedimientos estaban siendo utilizados para inhibir el debate público o eliminar publicaciones críticas. ARTICLE 19 MX-CA
Una demanda contra un periodista no constituye automáticamente censura. Las personas conservan derechos y pueden acudir a las instituciones para defenderlos. La cuestión consiste en examinar el fundamento del reclamo, la proporcionalidad de las medidas y si el procedimiento castiga indebidamente información de interés público. Desde una perspectiva práctica, enfrentar procesos prolongados puede consumir dinero, tiempo y capacidad editorial; incluso antes de una resolución, la defensa se convierte en una carga que puede dificultar nuevas investigaciones.
ARTICLE 19 también advirtió sobre usos indebidos de la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esa observación exige precisión: proteger a las mujeres frente a discriminación y violencia es indispensable. El riesgo señalado por la organización consiste en emplear esa protección para suprimir críticas sobre la actuación pública de una funcionaria. Investigar una gestión y ejercer violencia de género son conductas que deben distinguirse mediante el análisis concreto de cada publicación y procedimiento. ARTICLE 19 MX-CA
El espionaje amenaza también a las fuentes.
La vigilancia digital incorpora otra dimensión del riesgo. En octubre de 2022, Citizen Lab informó que R3D, con su apoyo técnico, había identificado infecciones con Pegasus contra periodistas y un defensor de derechos humanos ocurridas entre 2019 y 2021. Entre los casos verificados estaban Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político cuya identidad se mantuvo reservada. La comprobación se sustentó en análisis forense de dispositivos, y algunos ataques no requirieron que la víctima abriera un enlace. The Citizen Lab
El propio laboratorio estableció un límite importante: los datos técnicos disponibles para esos casos no permitían atribuir las infecciones a un cliente específico de NSO Group. Esa precisión evita convertir una evidencia de espionaje en una acusación individual no demostrada. Para el ejercicio periodístico, la amenaza es especialmente grave porque comprometer un dispositivo puede poner en riesgo comunicaciones, investigaciones y personas que entregan información bajo reserva. El daño potencial alcanza a quienes hablan con la prensa, además de quien publica. The Citizen Lab
Qué hace el Estado para proteger a los periodistas.
México cuenta desde 2012 con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó un mecanismo federal operado por la Secretaría de Gobernación. Su propósito incluye coordinar medidas de prevención y protección para personas en riesgo por su actividad. La legislación reconoce como agresiones el daño físico o psicológico, las amenazas, el hostigamiento y la intimidación; también define el periodismo de manera amplia, incorporando medios comunitarios, independientes y digitales. diputados.gob.mx
Este diseño reconoce que el peligro puede exigir una respuesta antes de que ocurra un ataque consumado. Sin embargo, proteger a una persona e investigar a quien la amenaza son funciones diferentes. El mecanismo no sustituye a las fiscalías ni elimina por sí solo las causas del riesgo. Como conclusión del análisis, una protección eficaz necesita enlazarse con investigaciones que identifiquen responsables y reduzcan la posibilidad de nuevas agresiones; de lo contrario, la seguridad depende de mantener medidas alrededor de la víctima mientras el origen de la amenaza permanece.
Las dificultades institucionales han sido objeto de evaluaciones. En 2019, a solicitud de Gobernación, ONU-DH realizó un diagnóstico del mecanismo y formuló 104 recomendaciones para fortalecerlo. En octubre de 2024, la oficina reconoció la entrega de un informe sobre dos años de labores del grupo creado para impulsar ese fortalecimiento, con participación de instituciones y organizaciones civiles. Estos antecedentes muestran esfuerzos de revisión y coordinación, aunque su existencia no constituye por sí sola evidencia de que todas las deficiencias hayan sido resueltas. ONU-DH
Investigar el móvil periodístico es decisivo.
En diciembre de 2023, ONU-DH presentó un análisis de nueve casos de delitos contra periodistas y personas defensoras, acompañado de 16 recomendaciones dirigidas a las 33 fiscalías del país. El organismo aclaró que se trataba de un examen profundo de casos concretos, destinado a identificar prácticas que favorecen la justicia o contribuyen a la impunidad, y no de una muestra para establecer automáticamente patrones nacionales. Este enfoque permite evaluar la respuesta estatal por la calidad de sus investigaciones, además de sus anuncios públicos. ONU-DH
Las preocupaciones persistían en 2026. El 10 de agosto, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que había documentado seis periodistas asesinados en México durante ese año y pidió fortalecer la intervención federal para enfrentar la impunidad. También cuestionó la respuesta de autoridades ante las inquietudes de periodistas locales y organizaciones sobre posibles vínculos entre los crímenes y el trabajo informativo. Ese registro corresponde a la fecha de publicación del comunicado, no a un balance definitivo de todo 2026. Committee to Protect Journalists
Miroslava Breach: una advertencia desde Chihuahua.
El caso de Miroslava Breach muestra por qué resulta insuficiente separar de manera absoluta la violencia política de la criminal. La periodista fue asesinada en Chihuahua el 23 de marzo de 2017. El registro del CPJ documenta que sus investigaciones abordaron vínculos entre grupos criminales y candidaturas municipales, así como la posterior intervención de la fiscalía federal especializada en delitos contra la libertad de expresión. Committee to Protect Journalists
El 15 de junio de 2021, el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, fue condenado a ocho años de prisión por su participación en el homicidio, mediante un procedimiento abreviado, según el mismo registro. En este caso existe una responsabilidad judicialmente establecida de un exfuncionario. Para Chihuahua, su significado rebasa una estadística: expone el peligro de investigar relaciones de poder en comunidades donde las decisiones políticas y la presencia criminal pueden entrelazarse. Committee to Protect Journalists
El riesgo depende también de las condiciones de trabajo.
Un estudio publicado en Comunicación y Sociedad en 2025, realizado por Mireya Márquez-Ramírez y otras investigadoras e investigadores, examinó encuestas a periodistas mexicanos y 18 variantes de agresión. Encontró que las condiciones organizacionales de los medios —como su alcance, soporte, propiedad y la posición del periodista— tienen relación con la seguridad y la recurrencia de ataques. La investigación amplía la mirada: el riesgo no depende únicamente de vivir en una región violenta, sino también de las condiciones en que se ejerce el oficio. Comunicación y Sociedad
La implicación es que la protección debe considerar las capacidades reales de cada periodista y medio. Enfrentar una amenaza con respaldo jurídico, recursos y acompañamiento editorial plantea condiciones diferentes a hacerlo desde un proyecto pequeño. Esto no traslada a las víctimas la responsabilidad por las agresiones; permite reconocer que una misma presión puede tener consecuencias distintas y que las respuestas institucionales necesitan atender esas diferencias.
Una sociedad pierde cuando su prensa tiene miedo.
Los documentos consultados muestran una respuesta estatal que combina instituciones de protección y esfuerzos de fortalecimiento con agresiones atribuidas a actores públicos y cuestionamientos sobre la investigación de los delitos. No existe una única conducta gubernamental ni una explicación suficiente para todos los casos. La evaluación debe distinguir autoridades, niveles de gobierno, responsabilidades individuales y resultados verificables, sin usar esa complejidad para diluir obligaciones.
La consecuencia humana del problema está en las decisiones que una amenaza impone: continuar una investigación, modificarla, dejar una cobertura o abandonar el lugar desde el que se informa. Su consecuencia pública está en lo que una comunidad deja de conocer. Proteger a los periodistas exige que puedan preguntar por el presupuesto, documentar abusos y publicar hallazgos sin que esa labor comprometa su seguridad. Cuando informar se vuelve peligroso, el derecho de la población a saber también queda bajo amenaza.
Reportaje basado en informes de ARTICLE 19 y CPJ, análisis técnicos de Citizen Lab, documentos de ONU-DH, legislación federal y estudios académicos localizados mediante búsqueda web. No incorpora entrevistas propias ni testimonios reconstruidos.
