Despliegue de 250 elementos ocurre después de enfrentamientos que dejaron muertos y cientos de desplazados en la sierra
La reciente ola de violencia registrada en la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, volvió a exhibir una constante que organizaciones civiles y analistas han señalado en materia de seguridad en Chihuahua: la reacción de las autoridades estatales suele llegar después de que los enfrentamientos ya han dejado víctimas y desplazamientos forzados.
Tras los hechos armados ocurridos en la región serrana, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó el despliegue de más de 250 elementos de seguridad, en un operativo que involucra a Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.
Las autoridades indicaron que el objetivo es reforzar la seguridad, realizar patrullajes permanentes, establecer puntos de control y disuadir la presencia de grupos armados en Atascaderos y comunidades cercanas.
Operativo llega después de muertos y desplazamientos
El despliegue ocurre en un contexto particularmente grave. Enfrentamientos armados en la zona dejaron al menos cinco civiles sin vida, entre ellos dos menores de edad, además de provocar el desplazamiento forzado de aproximadamente 200 familias.
Reportes de la región señalan que alrededor de 500 personas han abandonado la comunidad, muchas de ellas trasladándose hacia Hidalgo del Parral, donde buscan refugio ante el temor de nuevos hechos de violencia.
Las familias desplazadas han dejado atrás sus viviendas, pertenencias y actividades productivas, mientras persiste la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus comunidades.
Señalamientos sobre la respuesta tardía
Para distintos sectores sociales, la situación vuelve a poner sobre la mesa la falta de una estrategia preventiva efectiva en la Sierra Tarahumara, donde los enfrentamientos entre grupos armados se han vuelto recurrentes en los últimos años.
Críticos de la política de seguridad estatal señalan que las autoridades suelen desplegar operativos de gran escala únicamente después de que la violencia estalla, cuando las consecuencias ya incluyen muertes, desplazamientos y comunidades enteras bajo temor.
Mesa de seguridad encabezada por la gobernadora
Ante la gravedad de la situación, el pasado viernes se realizó una mesa de seguridad en la comunidad de Atascaderos, encabezada por la gobernadora Maru Campos, donde participaron autoridades estatales y federales.
Durante el encuentro se analizaron las condiciones de seguridad en la región y se acordó mantener operativos permanentes, además de reforzar la presencia de fuerzas de seguridad con el objetivo de contener la violencia y generar condiciones para el regreso de las familias desplazadas.
Persisten dudas sobre la seguridad en la sierra
Sin embargo, para habitantes de la región y organizaciones de derechos humanos, el problema va más allá de operativos temporales, ya que la Sierra Tarahumara enfrenta desde hace años disputas entre grupos criminales, ausencia institucional y condiciones de vulnerabilidad social.
Mientras tanto, cientos de familias permanecen desplazadas y comunidades enteras continúan bajo incertidumbre, en una crisis que vuelve a evidenciar los retos estructurales de seguridad que enfrenta Chihuahua en su zona serrana.
