Funerarias señaladas siguieron operando con normalidad pese a prácticas irregulares; el negocio de la “cremación barata” que nadie quiso ver
HISTORIASMX. – Mientras la indignación ciudadana crecía en redes sociales por el hallazgo de cuerpos ocultos en el crematorio Plenitud y por las prácticas irregulares en el manejo de restos humanos, el Gobierno del Estado de Chihuahua permanecía inmóvil.
Solo cuando el tema explotó mediáticamente, la administración estatal comenzó a reaccionar, a pesar de que desde la Fiscalía de Distrito Zona Norte y de otras casas funerarias ya existían señalamientos y alertas internas.
El negocio de la cremación más barata
“Era de las más barateras, por eso muchas se iban con ellos a contratar el servicio”, confiesa Luis, empleado de una funeraria de la ciudad, sobre Plenitud, el crematorio al que acudían Amor Eterno, Luz Divina, Protecto Deco, Latino Americana y Del Carmen.
El esquema era simple: Plenitud cobraba entre $2 mil y $3 mil pesos por incineración, lo que permitía a las funerarias ofrecer paquetes completos desde $8 mil pesos a las familias.
“Ellos eran bien barateros… la gente los buscaba sin imaginar las marranadas que hacían”, relata el trabajador.
Un servicio funerario con cremación suele costar alrededor de $15 mil pesos, incluyendo traslado, embalsamamiento, velación y trámites legales. Empresas como Mausoleos y Perches, que cuentan con crematorios propios, cobran más y llegan a paquetes de $50 mil pesos o más.
Falta de supervisión y tolerancia oficial
Pese a que el modelo de precios anormalmente bajos ya levantaba sospechas en el sector, las autoridades estatales no realizaron inspecciones exhaustivas ni revisaron el manejo de cuerpos.
Incluso, cuatro de las cinco funerarias señaladas siguen operando con total normalidad, y solo Del Carmen fue clausurada, luego de que se encontraran tres cuerpos ocultos en sus instalaciones.
El escándalo que obligó a actuar
La clausura parcial y las declaraciones oficiales llegaron solo después de que el caso se viralizó en redes y medios. Antes, no hubo pronunciamientos públicos ni acciones preventivas que protegieran a las familias que confiaron sus difuntos a estas empresas.
Este patrón de reacción tardía, señalan especialistas en servicios funerarios, revela un vacío en la supervisión estatal y la ausencia de un protocolo eficaz para auditar a funerarias y crematorios, pese a que manejan uno de los servicios más sensibles para la ciudadanía.
Indignación y exigencia de justicia
Familiares de víctimas, así como organizaciones civiles, reclaman sanciones ejemplares no solo contra las funerarias y el crematorio, sino también contra los funcionarios que no actuaron a tiempo.
La pregunta que persiste en el aire:
¿Cuántos cuerpos fueron manipulados indebidamente mientras el gobierno “no se daba cuenta”?
