Miles de familias indígenas viven en hacinamiento mientras la administración estatal carece de planes de vivienda digna.
HISTORIASMX. – Los municipios de la Sierra Tarahumara figuran entre los más afectados por el hacinamiento y la falta de vivienda digna en el sur de Chihuahua, una crisis social que se ha prolongado durante años y que exhibe el abandono gubernamental hacia las comunidades indígenas.
De acuerdo con datos de la Plataforma de Coordinación para el Desarrollo Municipal, en la región existen 95 mil viviendas distribuidas en 17 municipios, de las cuales 26 mil 353 requieren urgentemente una habitación extra para evitar que familias enteras sigan viviendo en condiciones de hacinamiento.
Batopilas, el rostro del abandono
El municipio de Batopilas concentra el problema más grave, con 2 mil 825 viviendas registradas, de las cuales el 53 por ciento carecen del espacio suficiente para albergar a sus habitantes. Este panorama se repite, en mayor o menor medida, en el resto de los municipios serranos, donde la precariedad en la infraestructura básica es la norma y no la excepción.
Falta de programas y ausencia de inversión
La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) reconoce que el déficit habitacional en la zona requiere de más de mil millones de pesos para implementar un programa que permita la construcción de habitaciones adicionales. Sin embargo, no existe hasta ahora una estrategia formal que atienda de raíz esta problemática.
La carencia de planes estatales de desarrollo urbano, sumada a los altos costos de construcción derivados de la compleja topografía de la región, han dejado a las comunidades indígenas en el olvido. Esta combinación de factores ha frenado durante décadas cualquier posibilidad de acceder a vivienda adecuada.
La deuda histórica del Estado
En la Sierra Tarahumara, donde persiste la pobreza extrema y la marginación, el hacinamiento no solo refleja la falta de planeación y políticas públicas de vivienda, sino el abandono sistemático del Gobierno del Estado hacia sus comunidades más vulnerables.
Mientras la administración actual presume programas en las principales ciudades del estado, los pueblos originarios continúan condenados a vivir en espacios reducidos, inseguros y sin condiciones mínimas de habitabilidad.
El déficit habitacional en la Tarahumara se ha convertido en un símbolo del abandono gubernamental, una deuda histórica que sigue creciendo año con año y que mantiene a miles de familias indígenas sin esperanza de acceder a un hogar digno.
