En Chihuahua, el agua se ha convertido en un botín de políticos y grandes productores, dejando a comunidades enteras en sequía. El senador Juan Carlos Loera advierte: “El agua ha sido la principal fuente de riqueza, pero para unos cuantos nada más”. Este reportaje analiza el saqueo de acuíferos, la complicidad de gobiernos locales y las propuestas para proteger este recurso vital.
El agua, riqueza para pocos, pobreza para todos.
Reportaje Especial / HISTORIASMX. – En Chihuahua, el agua dejó de ser un recurso natural compartido para convertirse en una mercancía controlada por élites políticas y agroindustriales. Lo que fue históricamente fuente de vida, crecimiento agrícola y desarrollo regional, hoy se disputa como un botín estratégico que define poder, riqueza e impunidad. El senador Juan Carlos Loera, originario del estado y electo por el principio de mayoría relativa por el partido Morena, lo resume en una frase devastadora: “El agua ha sido la principal fuente de riqueza, pero para unos cuantos nada más. Una fuente de riqueza que además ha generado pobreza a nuestro medio ambiente y al futuro que tenemos”.
A partir de esta premisa, Loera sostiene que la crisis hídrica en Chihuahua no es producto del azar ni del cambio climático únicamente, sino resultado de un patrón sistemático de concentración del recurso por parte de corporativos nogaleros, agroindustriales protegidos por gobiernos estatales y grupos políticos que, durante años, usaron el discurso de “defender el agua de los chihuahuenses”, cuando en realidad la defendían para ellos mismos.
El saqueo del agua y el despertar social.
El senador asegura que la sociedad del centro-sur del estado ha comenzado a despertar y reconoce que el problema no se originó en la naturaleza, sino en manos de quienes controlan el agua para lucrar con ella. “La gente se ha dado cuenta que, con el paso del tiempo, luego de haber politizado este asunto del agua, sigue el saqueo, sigue el saqueo por los mismos que lo politizaron, los mismos que señalaron que iban a defender el agua… sí la defendieron, pero para ellos nada más”.
Este saqueo no ocurre en la clandestinidad; se realiza a gran escala mediante concesiones otorgadas a grandes productores, sin tecnificación adecuada y sin control real del volumen extraído de presas y acuíferos. El crecimiento de la frontera agrícola del nogal —uno de los cultivos con mayor consumo de agua del continente— ha llevado al colapso de acuíferos como el Jiménez-Camargo, donde el nivel freático se encuentra en condición crítica.
Investigaciones desde el Senado: evidencia del colapso.
Juan Carlos Loera explica que su equipo ha realizado investigaciones profundas con datos históricos de los últimos 40 años para demostrar cómo ha crecido la superficie agrícola sin una política de sostenibilidad hídrica. “Siguen incrementándose los cultivos de alta demanda de agua… hemos realizado una investigación que data de 40 años para acá… elaboramos documentos técnicos que se entregaron a Conagua”, señaló.
Estas investigaciones han permitido documentar irregularidades en presas clandestinas, pozos ilegales y desvíos masivos del recurso, incluso vinculados a exgobernadores del estado. Aunque Loera evita revelar detalles por estar en tribunales, deja claro que la evidencia es contundente: “Nada más hay que comparar los datos de la Secretaría de Agricultura y ver las fotografías aéreas sobre cómo ha crecido la superficie agrícola… esa agua de las presas la agarraron para sembrar y entregar grandes extensiones de nogaleras”.
El caso Duarte: un símbolo de impunidad rota.
La demolición de una presa asociada a un exgobernador de Chihuahua marcó un parteaguas. Era una infraestructura utilizada para acaparar agua destinada al uso público y volcarla al agronegocio privado. Para Loera, esta acción es un mensaje poderoso: “Es una muestra de que la Conagua está actuando con firmeza… hubo tanta impunidad en el robo del agua, que por todo el estado se ha venido saqueando este recurso tan preciado”.
El derribo de esta presa clandestina no solo representa una acción jurídica; simboliza el inicio del desmontaje del aparato político que convirtió el agua en moneda de poder.
La Boquilla: política del agua, negocio del voto.
Uno de los capítulos más álgidos en la historia reciente del agua en México fue el conflicto de la presa La Boquilla, donde en 2020 se manipularon emociones y se movilizó a la población bajo el argumento de defender el agua “de los chihuahuenses”. Loera desmiente esta narrativa: “El agua no es de los chihuahuenses, el agua es de los empresarios chihuahuenses que viven cerca de La Boquilla… nunca han repartido nada de sus ganancias… el agua es de donde se origina, que es la Sierra Tarahumara”.
El senador afirma que el discurso de la derecha generó violencia porque no tenían argumentos técnicos ni legales, solo intereses económicos. “El intolerante político, al no quedarle argumentos, utiliza la descalificación y la violencia”, señala.
El impacto de este conflicto rebasó fronteras. Negarse a cumplir con el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos pudo haber provocado represalias diplomáticas y afectado el suministro de agua a Ciudad Juárez. A pesar de las advertencias, líderes locales respondieron: “A mí no me importa lo que ocurra en Juárez… que ellos le hagan como quieran”.
Reforma legislativa: el robo de agua como delito federal.
Frente a este escenario, Loera impulsa una reforma profunda a la Ley de Aguas Nacionales. Su propuesta es contundente: tipificar el robo de agua como delito federal en todas sus modalidades, desde quienes venden agua en pipas hasta macroempresarios que perforan pozos ilegales y desvían ríos completos.
“Ni la concesión ni el agua pueden ser una mercancía; sin embargo, se compran y se venden. Eso no está bien, estamos hablando de un elemento vital para la vida”, afirma.
La nueva ley busca endurecer sanciones, prohibir nuevas concesiones en acuíferos sobreexplotados y evitar la expansión de la frontera agrícola del nogal en zonas críticas como Jiménez-Camargo.
El acuífero Jiménez-Camargo: colapso inminente y amenaza social.
El acuífero Jiménez-Camargo se ha convertido en un ejemplo dramático de la sobreexplotación hídrica en Chihuahua. Ubicado en la región centro-sur del estado, este reservorio subterráneo abastece a comunidades, industrias y cultivos agrícolas, pero su nivel freático ha caído peligrosamente debido al crecimiento desmedido de la frontera agrícola, especialmente los nogales, cultivos de alto consumo de agua que han encontrado en esta región un terreno fértil y rentable.
El senador Loera subraya que la situación es crítica: “Ya no puede crecer más la frontera agrícola y no se permite la siembra nueva de nogales; los que existen, se mantienen, pero ya no puede haber nuevas plantaciones… seguimos señalando todo esto, independientemente del costo político”. Su advertencia va acompañada de un llamado urgente a la conciencia de los responsables: cada litro de agua desviado representa un riesgo para la vida y la subsistencia de miles de personas.
La sobreexplotación no es solo un problema ambiental; tiene consecuencias sociales directas. Comunidades como Saucillo han enfrentado meses sin acceso a agua potable, afectando hogares, escuelas y centros de salud. Loera denuncia que esto ocurre por omisiones del gobierno estatal, que debería garantizar el suministro básico: “Hay comunidades que tienen 7 meses sin agua porque se descompuso el pozo… eso es responsabilidad del gobierno del Estado. Tienen que cumplirla”.
El acuífero Jiménez-Camargo ilustra un patrón que se repite en todo Chihuahua: mientras algunos concentran riqueza mediante la extracción ilimitada de agua, otros carecen de lo más elemental para la vida diaria. La tensión entre estos actores refleja no solo un conflicto político y económico, sino también un problema de derechos humanos: el acceso al agua como condición básica de existencia y desarrollo.
Responsabilidades del gobierno del estado: complicidad y omisiones.
Según Loera, el gobierno del estado ha sido parte del problema. Sus declaraciones son contundentes: “Ya está involucrado, pero está involucrado para mal… se han involucrado para ser cómplices del saqueo del agua. Las mismas declaraciones de la gobernadora lo confirman”.
La complicidad no se limita a funcionarios de alto rango. Muchos dirigentes de módulos de riego y organismos locales de usuarios, denuncia el senador, operan en conjunto con los grandes productores: “Tenemos informaciones de que muchos de los dirigentes también andan en la misma; es decir, protegen intereses privados en lugar de garantizar derechos públicos”.
El papel del gobierno federal, por su parte, debería ser de coordinación y supervisión estricta, asegurando que se cumpla la ley y que los recursos hídricos estén al servicio de todos los ciudadanos, no de unos pocos. Loera enfatiza que el control efectivo de la extracción de agua, la restauración de acuíferos y la fiscalización de presas y pozos ilegales son responsabilidades que deben compartirse entre autoridades federales y estatales, con sanciones claras y ejecutables.
Lo que viene: Reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
Frente a la crisis hídrica y los patrones de saqueo sistemático, el senador Juan Carlos Loera plantea una reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales. La propuesta busca endurecer las sanciones contra quienes extraen agua ilegalmente, prohibir la venta y compra de concesiones como mercancía y garantizar que los acuíferos sobreexplotados, como el Jiménez-Camargo, sean protegidos prioritariamente para el consumo humano y el bienestar comunitario.
“La ley se tiene que reformar porque gran parte del problema está en lo que permite actualmente: entregas de concesiones desmedidas, conflictos de interés y permisividad con los saqueadores del agua… no puede ser una mercancía ni la concesión ni el agua”, asegura Loera.
La iniciativa también contempla la tipificación como delito federal del robo de agua en todas sus modalidades: desde el uso de pipas para comercialización hasta la apropiación masiva de agua de presas y pozos. Esto representa un cambio de paradigma: pasar de un esquema permisivo, donde las élites concentraban recursos y poder, a uno de vigilancia, sanción y justicia ambiental.
Loera destaca que la reforma no solo tiene un componente legal, sino un mensaje político y social: “Se tiene que demostrar que la ley protege a los ciudadanos y no a los grandes productores… ni siquiera por conveniencia política voy a dejar de señalar lo que ocurre en Chihuahua”.
La expectativa es clara: un marco legal más riguroso podría limitar la expansión desmedida de la frontera agrícola, garantizar el acceso al agua potable y restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones que administran este recurso vital.
La batalla por el agua en el siglo XXI.
El conflicto por el agua en Chihuahua no es únicamente ambiental; es político, social y económico. La lucha por este recurso refleja tensiones históricas entre elites que concentran riqueza, gobiernos que en ocasiones actúan como cómplices, y ciudadanos que pagan las consecuencias de la sobreexplotación.
Juan Carlos Loera, desde el Senado, representa una voz que articula denuncia, evidencia y propuestas concretas: “Insisto en que no puede crecer más la frontera agrícola… seguimos señalando todo esto independientemente del costo político… seguiré actuando por la verdad”.
El derribo de presas ilegales, la supervisión de Conagua, la denuncia de irregularidades en La Boquilla y la iniciativa de reforma legal son pasos iniciales de un camino largo y complejo. Chihuahua enfrenta el desafío de garantizar que el agua vuelva a ser un bien común y no un privilegio de unos pocos.
La batalla por el agua es más que un conflicto local; es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y sostenibilidad para generaciones futuras. La pregunta que queda es clara: ¿podrán las instituciones mexicanas y la sociedad civil imponer límites al poder político y económico que durante décadas convirtió el agua en riqueza concentrada y en escasez para la mayoría
Por: Gorki Rodríguez / HISTORIASMX-LABP.
