Sobreexplotación, agricultura intensiva y omisión institucional en el sureste de Chihuahua
HISTORIASMX. – El Ojo de Atotonilco no se secó por azar ni por una sequía inesperada. Su desaparición fue el resultado de un proceso largo, documentado y previsible, marcado por la sobreexplotación del acuífero Jiménez–Camargo, la expansión de un modelo agrícola de alto consumo hídrico y la omisión sistemática de las autoridades encargadas de proteger el recurso.
Lo que hoy es un lecho seco fue, durante décadas, uno de los manantiales más importantes del sureste del estado de Chihuahua. Su colapso no solo evidencia una crisis ambiental, sino el fracaso de un modelo de gestión del agua que privilegió la extracción sobre la sustentabilidad y el silencio institucional sobre la rendición de cuentas.
El acuífero en déficit: cuando el sistema dejó de sostener al manantial.
Ubicado en el municipio de Villa López, el Ojo de Atotonilco formaba parte de un sistema hidrogeológico estrechamente vinculado al acuífero Jiménez–Camargo, una unidad subterránea que abastece de agua a esta región del sureste chihuahuense y a los municipios vecinos de Jiménez y Camargo. La relación era directa: mientras el nivel freático del acuífero se mantenía estable, los veneros brotaban; cuando ese nivel descendía, el manantial se debilitaba hasta desaparecer.
Durante décadas, el Ojo de Atotonilco fue un cuerpo de agua permanente de aproximadamente 527 metros de largo y un ancho promedio de 28 metros. Además de abastecer canales de riego tradicionales, sostenía uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la ribera del Río Florido. En sus aguas habitaban al menos 16 especies de peces, además de flora acuática y fauna asociada a cuerpos de agua dulce en regiones áridas.
Sin embargo, el deterioro del manantial comenzó mucho antes de que el agua desapareciera a la vista. En 2015, la Comisión Nacional del Agua publicó el archivo técnico del acuífero Jiménez–Camargo, elaborado conforme a la NOM-011-CONAGUA-2015. En ese documento, la autoridad reconocía que el balance hídrico del acuífero era negativo: la recarga natural anual era insuficiente para compensar los volúmenes de extracción registrados oficialmente, incluso sin considerar extracciones no reportadas.
El diagnóstico era claro. En una región con precipitaciones medias anuales que apenas superan los 350 milímetros y con una evapotranspiración elevada, la recarga natural del acuífero es lenta y limitada. Aun así, el volumen de agua extraído mediante bombeo superaba desde entonces la capacidad de recuperación del sistema subterráneo. El acuífero ya se encontraba en déficit y no existía disponibilidad para nuevas concesiones.
Nueve años después, la actualización oficial de 2024 confirmó el agravamiento del problema. De acuerdo con ese documento, el acuífero Jiménez–Camargo presenta un déficit superior a los 167 millones de metros cúbicos anuales, resultado de una recarga media de 174.9 hectómetros cúbicos frente a una extracción que alcanza los 336.7 hectómetros cúbicos. El sistema no solo no se recuperó: fue llevado a una condición crítica y acumulativa.
El Ojo de Atotonilco, al encontrarse dentro del área de influencia directa del acuífero, fue una de las primeras expresiones visibles de este colapso técnico. Para 2019, el descenso del nivel freático dejó de ser una cifra en documentos oficiales y se manifestó en el territorio: el flujo del manantial disminuyó drásticamente hasta extinguirse.
Con el acuífero en déficit y los manantiales debilitados, el siguiente eslabón del colapso fue inevitable. La presión no provenía únicamente de factores naturales, sino de un modelo productivo específico que incrementó de manera sostenida la demanda de agua subterránea en la región.
El agua como insumo ilimitado: agricultura intensiva y extracción sin control.
La desaparición del Ojo de Atotonilco no puede explicarse sin analizar el papel del sector nogalero, una de las actividades agrícolas de mayor expansión en el sur de Chihuahua durante las últimas dos décadas. Impulsado por la rentabilidad del cultivo de nuez y por una regulación laxa del uso del agua, este sector consolidó un modelo productivo altamente dependiente de la extracción intensiva de agua subterránea.
Técnicamente -según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- una huerta de nogal puede requerir entre 19 mil y 20 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, dependiendo de la edad de los árboles y del sistema de riego. En una región con recarga limitada y un acuífero oficialmente sobreexplotado, este volumen representa una presión constante y creciente sobre el sistema subterráneo.
El problema no es únicamente la demanda hídrica del nogal, sino su concentración territorial. La expansión de huertas se dio precisamente en zonas que dependen casi por completo del acuífero Jiménez–Camargo. Cada nueva perforación, cada ampliación de superficie cultivada y cada ciclo de riego profundo contribuyó a acelerar el descenso del nivel freático.
A esta presión se sumó un fenómeno ampliamente señalado en la región: la perforación ilegal de pozos y la extracción de volúmenes superiores a los concesionados. Aunque estas prácticas han sido referidas de manera recurrente por productores, técnicos y habitantes, rara vez se tradujeron en inspecciones efectivas o sanciones. La falta de vigilancia permitió que el acuífero operara bajo una lógica de competencia por el agua, donde quien podía perforar más profundo aseguraba su producción.
En este escenario, el Ojo de Atotonilco quedó completamente indefenso. A diferencia de los pozos agrícolas, el manantial no tenía concesión ni valor económico inmediato. Su función ecológica y social no fue suficiente para garantizar su protección. El resultado fue una transferencia silenciosa de agua: del ecosistema al monocultivo; del bien común al uso privado.
El impacto ambiental fue contundente. La extinción del flujo hídrico provocó la desaparición de 16 especies de peces, así como de la tortuga de agua dulce y del cangrejo de río que habitaban en el Ojo. Flora acuática como Ceratophyllum demersum, Eleocharis montevidensis y Polygonum punctatum desapareció junto con el agua que la sostenía. El ecosistema colapsó sin que existiera un plan de contingencia o restauración.
Sin embargo, la expansión agrícola y la extracción intensiva no ocurrieron en un vacío institucional. Fueron posibles porque ninguna autoridad decidió intervenir a tiempo.
La omisión institucional: gobiernos ausentes y responsabilidades no asumidas.
Desde al menos 2015, las autoridades contaban con información técnica suficiente para anticipar el colapso del Ojo de Atotonilco. Los documentos oficiales advertían del déficit del acuífero y de la imposibilidad de sostener el nivel de extracción existente. Aun así, ningún gobierno municipal impulsó acciones formales para investigar, contener o revertir el daño.
Aunque la gestión directa del agua subterránea corresponde a instancias federales, los ayuntamientos tienen la obligación de gestionar, denunciar y exigir la protección de sus recursos naturales. En el caso de Villa López, no existen registros públicos de gestiones formales ante la Comisión Nacional del Agua o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para investigar la sobreexplotación del acuífero ni el impacto directo sobre el Ojo de Atotonilco.
La desaparición progresiva del manantial fue normalizada. La narrativa oficial se centró en la sequía o en factores climáticos, omitiendo el papel de la extracción intensiva y de la expansión agrícola. No se promovieron auditorías hídricas, no se revisaron concesiones en un acuífero en déficit y no se impulsaron declaratorias de protección ecológica.
Esta omisión no se limitó a una administración. Se convirtió en una constante que persiste hasta la actual gestión municipal, encabezada por la alcaldesa Dalila Maldonado. A la fecha, no se tiene conocimiento de investigaciones formales promovidas por el gobierno municipal para deslindar responsabilidades por el secado del Ojo, ni de acciones legales para evaluar el daño ambiental y social causado.
El resultado es tangible: Villa López perdió su principal manantial histórico, un espacio de biodiversidad, identidad y memoria colectiva. A cambio, no obtuvo seguridad hídrica ni garantías de que otras fuentes no correrán el mismo destino.
Un lecho seco y una advertencia.
El Ojo de Atotonilco no se secó de un día para otro. Fue drenado lentamente, mientras las autoridades permitieron que el problema avanzara sin freno. Su desaparición no es solo un hecho ambiental, sino un antecedente político y administrativo.
Mientras no exista una revisión profunda del modelo de uso del agua en la región y un deslinde claro de responsabilidades, el Ojo de Atotonilco seguirá siendo un recordatorio de cómo la sobreexplotación y la omisión pueden extinguir un ecosistema entero. En los territorios donde el agua se agota, la negligencia institucional también deja huella.
