La legislación vigente en materia electoral prohíbe expresamente el uso de los programas sociales con fines político-electorales.
HISTORIASMX. – Denuncias recientes han surgido en relación con presuntas intimidaciones y amenazas por parte de integrantes de Morena en Jiménez, así como del programa de Bienestar, en las que se advierte que, de no votar por la candidata de Morena a la presidencia de la República y el candidato a la presidencia municipal en las próximas elecciones del 2 de junio, se retirarán los apoyos sociales a los ciudadanos.
Estas acusaciones, reportadas al medio de comunicación HISTORIASMX, señalan una presunta utilización indebida de los programas sociales con fines político-electorales, lo cual constituye un delito electoral conforme a la Ley General en Materia de Delitos Electorales en México.
México celebrará los comicios presidenciales el 2 de junio de 2024, con una convocatoria de cerca de 95 millones de electores llamados a participar en las urnas para elegir a sus representantes políticos. Este proceso electoral se lleva a cabo en un contexto político donde 22 estados están actualmente gobernados por el partido Morena.
La legislación vigente en materia electoral prohíbe expresamente el uso de los programas sociales con fines político-electorales. Aquellos funcionarios o políticos que utilicen este tipo de asistencialismo para ganar votantes pueden enfrentar multas y hasta una condena de prisión de hasta nueve años.
Según lo establecido en la ley, el condicionar la prestación de programas sociales al apoyo de un precandidato, partido político o coalición, o bien a la abstención del ejercicio del derecho al voto, constituye un delito electoral grave. Las sanciones incluyen multas y prisión, así como la posibilidad de ser inhabilitados para desempeñar cargos públicos por un periodo determinado.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales brinda un marco jurídico robusto para prevenir, sancionar y erradicar las prácticas que atentan contra la integridad del proceso electoral, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía en un entorno de legalidad, transparencia y justicia.