De los 61 acuíferos reconocidos en Chihuahua, datos oficiales difundidos en septiembre de 2026 señalan que 14 se encuentran en condición de sobreexplotación y otros 41 no cuentan con disponibilidad. Detrás de las cifras existe una transformación profunda del territorio: pozos cada vez más profundos, agricultura dependiente del bombeo, ciudades sostenidas por reservas subterráneas y comunidades que comienzan a vivir sobre un patrimonio hídrico que tarda décadas, siglos e incluso más tiempo en recuperarse.
El agua que Chihuahua no ve.
Bajo las planicies agrícolas de Cuauhtémoc, los campos nogaleros del centro-sur, las tierras de Jiménez y Camargo, los valles cercanos a Juárez y las extensiones ganaderas del desierto existe una infraestructura natural mucho más antigua que cualquier presa, canal o pozo construido por el ser humano. Son los acuíferos: formaciones geológicas capaces de almacenar y transmitir agua subterránea. Durante décadas se convirtieron en una especie de seguro silencioso para Chihuahua. Cuando la lluvia fue insuficiente, cuando las presas bajaron y cuando los ríos dejaron de llevar el agua de otros tiempos, una perforación más profunda permitió seguir regando, abasteciendo ciudades y manteniendo economías enteras.
Ese seguro, sin embargo, tiene límites.
Chihuahua cuenta oficialmente con 61 acuíferos. La información gubernamental más reciente difundida durante Expo Agro 2026, el 18 de septiembre, establece que 14 presentan condición de sobreexplotación y otros 41 no cuentan con disponibilidad de agua para nuevas extracciones. Considerados conjuntamente, son 55 sistemas bajo presión o con restricciones de disponibilidad, alrededor del 90 por ciento del total reconocido en la entidad. Únicamente una pequeña fracción permanece fuera de esas dos condiciones.
La cifra necesita una explicación. No es correcto utilizar automáticamente como sinónimos los conceptos sobreexplotación, déficit y sin disponibilidad. Un acuífero puede no tener volumen disponible para otorgar nuevas concesiones porque su recarga ya está comprometida por extracciones autorizadas y descargas naturales que deben conservarse, sin que necesariamente esté catalogado hidrogeológicamente bajo exactamente la misma condición que otro donde el nivel del agua desciende sostenidamente porque físicamente sale más agua de la que entra.
Esta diferencia explica por qué durante los últimos años han circulado cifras aparentemente contradictorias. En agosto de 2025, por ejemplo, la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua informó públicamente que 38 de los 61 acuíferos estaban en condiciones de sobreexplotación. Esa misma cifra fue repetida posteriormente por la dependencia estatal en foros sobre recuperación y zonas de recarga. En septiembre de 2026, en cambio, la información presentada por el Gobierno Municipal de Chihuahua diferenció expresamente entre 14 sobreexplotados y 41 sin disponibilidad. La diferencia no significa que decenas de acuíferos se hayan recuperado de un año a otro; refleja, sobre todo, que distintos documentos y autoridades han empleado criterios y términos diferentes para describir el deterioro y la disponibilidad administrativa del agua subterránea.
Un problema mucho mayor que el número de acuíferos.
La magnitud de la crisis no puede medirse únicamente contando acuíferos. Dos acuíferos pueden aparecer dentro de una misma categoría y encontrarse en condiciones completamente distintas. La Comisión Nacional del Agua calcula la denominada Disponibilidad Media Anual de agua subterránea a partir de elementos como la recarga, la descarga natural comprometida y los volúmenes de extracción o derechos inscritos. Cuando el resultado es negativo, significa que ya no existe disponibilidad media anual para entregar nuevas concesiones bajo ese balance.
El Diario Oficial de la Federación publicado el 27 de febrero de 2026 mantiene como referencia para el ejercicio fiscal los valores de disponibilidad derivados del acuerdo nacional publicado por CONAGUA el 9 de noviembre de 2023. Esto es particularmente importante: incluso una publicación oficial fechada en 2026 puede apoyarse en balances cuya actualización técnica procede de años anteriores. Por ello, cualquier lectura responsable de la crisis hídrica debe indicar el año de los datos utilizados.
Los balances disponibles muestran déficits especialmente importantes en varios acuíferos ligados a zonas agrícolas y urbanas estratégicas. Meoqui-Delicias, por ejemplo, aparece en los datos oficiales utilizados para 2026 con una disponibilidad negativa cercana a 159 millones de metros cúbicos anuales. Jiménez-Camargo registra aproximadamente 141 millones de metros cúbicos anuales negativos en esa actualización. También presentan valores negativos acuíferos como Valle de Juárez, Flores Magón-Villa Ahumada, Santa Clara, Samalayuca y Palomas-Guadalupe Victoria.
Pero nuevamente existe una precaución indispensable: una disponibilidad administrativa negativa no debe traducirse mecánicamente como el volumen exacto que físicamente está siendo extraído de las reservas geológicas cada año. La ecuación también incorpora concesiones y descargas naturales comprometidas. Sirve como una señal de enorme presión sobre el recurso, pero el comportamiento real del nivel freático debe comprobarse además mediante piezometría, censos de pozos, bombeos medidos y estudios hidrogeológicos.
Jiménez y Camargo: el agua que se ha ido hacia abajo.
El acuífero Jiménez-Camargo permite entender el problema en términos mucho más humanos que una tabla estadística.
Los estudios técnicos publicados por CONAGUA documentan cómo la profundidad del agua subterránea ha cambiado durante décadas. En 1971, el nivel estático se encontraba aproximadamente entre 5 y 80 metros de profundidad dependiendo del sitio. Para 1988 algunos puntos llegaban a alrededor de 90 metros y en 1997 se documentaron profundidades de hasta 110 metros. Los estudios identificaron además depresiones piezométricas y conos de abatimiento asociados a las zonas de extracción, entre ellas áreas próximas a Jiménez, Camargo y la antigua Colonia Búfalo.
Ese descenso no es simplemente una línea bajando en una gráfica. Cuando el agua se encuentra más profundamente, el productor necesita perforar más, instalar bombas capaces de vencer una columna de agua mayor y gastar más energía para llevar cada metro cúbico hasta la superficie. Un pozo que alguna vez garantizó la permanencia de una familia en el campo puede volverse insuficiente. Otro necesita ser rehabilitado. Otro se profundiza. Otro deja de ser económicamente viable.
El costo de la sobreexplotación comienza entonces debajo del suelo, pero termina reflejándose en recibos eléctricos, inversiones agrícolas, costos de producción, capacidad de abastecimiento urbano y desigualdad. Los grandes usuarios pueden tener mayor capacidad económica para perforar más profundamente; un pequeño productor, un ejido o una comunidad rural no necesariamente puede hacerlo.
Cuauhtémoc: producir alimentos sobre una reserva que desciende.
El caso de Cuauhtémoc ha sido documentado también por investigaciones científicas. Un estudio publicado en la revista Tecnología y Ciencias del Agua analizó el uso agrícola del acuífero y concluyó que la extracción histórica superior a la recarga había ocasionado sobreexplotación y abatimientos importantes en los niveles de bombeo.
Los investigadores identificaron para 2012 alrededor de 1,317 unidades de riego abastecidas por 1,818 aprovechamientos, que cubrían unas 55,555 hectáreas regadas. Aproximadamente el 92 por ciento del agua utilizada en esas áreas provenía del subsuelo. El estudio encontró además expansión agrícola fuera de algunas superficies previamente cuantificadas, lo que implicaba una demanda adicional de agua subterránea.
Otra investigación sobre el desarrollo agrícola y los asentamientos menonitas encontró que, hacia 2015, el acuífero de Cuauhtémoc concentraba una cantidad extraordinariamente alta de pozos respecto de su superficie. Los autores relacionaron esa densidad con la agricultura intensiva y advirtieron sobre sus implicaciones para la sustentabilidad del agua subterránea.
Nada de esto significa que la agricultura deba desaparecer. Chihuahua depende social y económicamente de ella. El problema es otro: un modelo productivo permanente no puede descansar indefinidamente sobre extracciones superiores a la capacidad de recuperación del recurso que lo sostiene.
Chihuahua transformó los acuíferos en su gran presa subterránea.
La historia hídrica del estado ayuda a comprender cómo se llegó hasta aquí. Durante buena parte del siglo XX crecieron simultáneamente la superficie agrícola de riego, la población urbana, la electrificación rural y la capacidad tecnológica para perforar pozos profundos. El agua subterránea resolvió problemas que el agua superficial no podía resolver.
Cada nueva bomba permitió convertir superficies áridas en tierras productivas. La extracción hizo posible el crecimiento de cultivos intensivos, ganadería estabulada, agroindustrias, ciudades e inversiones industriales en regiones donde la precipitación por sí sola jamás habría sostenido esos niveles de actividad.
Pero un acuífero no funciona como un tanque que se llena automáticamente cada temporada de lluvias. Parte de la precipitación se evapora, otra parte es absorbida por la vegetación o escurre superficialmente y sólo una fracción consigue infiltrarse hasta alcanzar las formaciones acuíferas. Dependiendo de la geología, profundidad y clima, esa recarga puede ser lenta.
En un estado árido y semiárido esa característica resulta decisiva. Extraer agua acumulada durante periodos prolongados a velocidades superiores a su reposición convierte al subsuelo en una especie de cuenta de ahorro de la que se retira capital, no solamente intereses.
La agricultura, en el centro de la discusión.
El debate sobre el agua en Chihuahua conduce inevitablemente al campo porque el sector agropecuario representa la mayor parte del volumen concesionado en la entidad. Datos oficiales y análisis recientes sitúan alrededor del 89 por ciento del volumen concesionado en usos agrícolas y pecuarios.
Eso tampoco significa que pueda atribuirse el problema exclusivamente al productor individual. La expansión agrícola fue permitida durante décadas por políticas públicas, concesiones, electrificación, mercados, infraestructura, tecnificación desigual, cultivos de alto valor y expectativas económicas basadas en disponibilidad de agua que en muchos casos terminó siendo menor a la demanda acumulada.
El verdadero problema es estructural. Existe una contradicción entre la capacidad natural de recuperación de determinados acuíferos y una economía que requiere sacar de ellos enormes volúmenes todos los años.
La solución tampoco consiste simplemente en pedir que los agricultores “usen menos agua”. Tecnificar el riego puede generar ahorros importantes en parcela, pero los beneficios sólo se convierten en recuperación del acuífero cuando el volumen ahorrado realmente deja de extraerse. Si la eficiencia permite ampliar superficie cultivada, establecer segundos cultivos o utilizar el volumen economizado en otra parcela, el bombeo total puede mantenerse e incluso aumentar.
El agua profunda puede costar más y tener otra calidad.
El descenso de los niveles subterráneos tiene otra consecuencia menos visible: obliga a depender progresivamente de agua procedente de mayores profundidades o de diferentes estratos geológicos.
La calidad química del agua subterránea depende de las rocas con las que ha estado en contacto, del tiempo de residencia, de procesos de disolución mineral y de posibles fuentes antropogénicas de contaminación. Por ello, profundizar un pozo no equivale necesariamente a encontrar simplemente “más de la misma agua”.
En algunas regiones de Chihuahua existen antecedentes de problemas de salinidad y presencia de diferentes minerales en aguas subterráneas. El histórico estudio hidrológico de INEGI ya documentaba problemas importantes en el acuífero Jiménez-Camargo, particularmente concentraciones elevadas de sulfatos y salinidad en determinadas zonas.
El agotamiento cuantitativo y el deterioro cualitativo pueden así terminar formando parte de una misma crisis.
¿Son entonces 14, 38 o 41 los acuíferos sobreexplotados?
La respuesta más rigurosa es distinguir las categorías.
La información oficial más reciente difundida públicamente en Chihuahua, en septiembre de 2026, habla de 14 acuíferos en condición de sobreexplotación y 41 adicionales sin disponibilidad. Sumadas ambas categorías, 55 de los 61 acuíferos enfrentan algún tipo de presión relevante según esa exposición oficial.
Sin embargo, durante 2025 la Junta Central de Agua y Saneamiento informó que 38 de los 61 estaban sobreexplotados, utilizando aparentemente una definición más amplia vinculada a déficit y presión hídrica.
Además, existen publicaciones que hablan de 41 acuíferos con disponibilidad negativa, otra variable que tampoco es estrictamente equivalente a la clasificación hidrogeológica de sobreexplotación.
La aparente contradicción revela incluso otro problema: Chihuahua necesita una comunicación pública mucho más precisa sobre sus aguas subterráneas. Un ciudadano debería poder saber con claridad qué acuíferos están físicamente sobreexplotados, cuáles tienen disponibilidad administrativa negativa, cuáles presentan abatimiento sostenido, cuánto se bombea realmente y cuánto se recarga.
El futuro se está decidiendo debajo de nuestros pies.
El acuífero no protesta cuando empieza a agotarse. No produce una imagen espectacular como una presa vacía. No aparecen kilómetros de tierra seca donde antes existía un lago. Durante años, incluso décadas, el paisaje puede parecer exactamente igual mientras el nivel del agua continúa descendiendo debajo del suelo.
Una parcela puede seguir verde. Un pivote puede seguir girando. Una ciudad puede abrir la llave cada mañana. El deterioro ocurre en silencio.
Hasta que deja de hacerlo.
Primero es necesario profundizar un pozo. Después instalar una bomba más potente. Luego aumentar el gasto eléctrico. Más tarde buscar una nueva fuente. En algún punto, el costo económico comienza a revelar lo que durante décadas permaneció invisible: que el agua almacenada bajo el desierto no era infinita.
Chihuahua construyó buena parte de su productividad agrícola y de su crecimiento urbano sobre el agua subterránea. Esa decisión permitió alimentar ciudades, generar empleos, producir granos, manzana, nuez, algodón, chile, alfalfa y sostener algunas de las regiones agrícolas más importantes del norte del país. El dilema actual no es negar esa historia, sino preguntarse cuánto tiempo puede continuar el mismo ritmo sin comprometer la posibilidad de que las siguientes generaciones encuentren agua debajo del mismo suelo.
Los números —14 sobreexplotados, 41 sin disponibilidad, 55 bajo presión de una u otra forma— son apenas la superficie estadística del problema.
La verdadera historia sucede cientos de metros abajo.
Allí, en la oscuridad de las formaciones geológicas que ninguna persona puede observar desde la superficie, Chihuahua está retirando cada año una parte del patrimonio natural sobre el que deberá vivir durante el resto del siglo.
