Cuando López Obrador llegó al poder, uno de sus discursos más contundentes fue precisamente contra los grandes agricultores y acaparadores de agua que han devastado acuíferos como el de Jiménez-Camargo. Sin embargo, los hechos contradicen sus palabras.
HISTORIASMX. – Al inicio de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador levantó la voz con fuerza, denunciando los excesos en la explotación del agua en diversas regiones de México, entre ellas el acuífero Jiménez-Camargo, ubicado en el sur de Chihuahua. En aquellos primeros días, prometió enfrentar de manera frontal a quienes se beneficiaban de la sobreexplotación del recurso hídrico, señalando con firmeza que su gobierno no permitiría la impunidad en este tema crucial. Sin embargo, a meses de que entregue el mando, la realidad pinta un escenario muy distinto. Jiménez sigue siendo víctima de la explotación desmedida de sus aguas subterráneas, y el presidente ha quedado en deuda con la región.
El acuífero Jiménez-Camargo es un claro ejemplo del fracaso en la gestión hídrica en el país. Desde 2015, este acuífero ha experimentado un incremento en su déficit de más de 25 millones de metros cúbicos de agua, alcanzando un déficit total de 167 millones 374 mil 574 metros cúbicos anuales en 2024. Esto es alarmante para una región que depende casi en su totalidad de este recurso para la agricultura y la vida cotidiana. Los cultivos de nogal, altamente demandantes de agua, han jugado un papel central en este proceso, agravado por la perforación ilegal de pozos y la falta de regulaciones efectivas por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Cuando López Obrador llegó al poder, uno de sus discursos más contundentes fue precisamente contra los grandes agricultores y acaparadores de agua que han devastado acuíferos como el de Jiménez-Camargo. Sin embargo, los hechos contradicen sus palabras. A pesar de las normativas que restringen el uso del recurso hídrico en la región, no se ha hecho prácticamente nada para cerrar los pozos ilegales ni para sancionar a quienes han seguido explotando el agua de manera descontrolada. CONAGUA, la dependencia encargada de regular el uso del agua, se ha mantenido en silencio y ha dejado que la sobreexplotación continúe, sin cumplir con las promesas del mandatario de tomar medidas severas.
El problema de fondo no solo es la ineficiencia del gobierno federal en aplicar las leyes vigentes; es también la falta de voluntad política para enfrentar a los intereses poderosos detrás de la agricultura intensiva, especialmente el cultivo de nogal, que demanda cantidades enormes de agua. Cada hectárea de nogales requiere 19,000 metros cúbicos de agua al año, y con la expansión de estas plantaciones, el acuífero ha sido incapaz de recuperarse. Hoy en día, las nogaleras en Jiménez consumen 216 millones de metros cúbicos de agua, mucho más de lo que el acuífero puede proporcionar.
El crecimiento desmedido de la frontera agrícola, la falta de sanciones, y la impunidad en la perforación de pozos ilegales han convertido a Jiménez en un desierto hídrico. La población de la región, además, enfrenta otro problema: la calidad del agua ha empeorado significativamente, con la presencia de arsénico y plomo, metales pesados peligrosos para la salud humana. Mientras tanto, los mismos sobreexplotadores comienzan a sufrir las consecuencias de su irresponsabilidad: más de 500 hectáreas de nogales se han secado por la falta de agua en la zona, según reportes recientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Es cierto que la crisis hídrica en Jiménez no comenzó con este sexenio, pero López Obrador tenía la oportunidad de marcar una diferencia y no lo hizo. La Ley de Aguas Nacionales y la NOM-011-CONAGUA-2015 establecen los lineamientos para controlar el uso del agua, pero la CONAGUA no ha cumplido con su responsabilidad de monitorear y regular adecuadamente el uso del acuífero. La sobreexplotación ha continuado sin restricciones, y las promesas iniciales del presidente quedaron solo en eso: promesas vacías.
En este contexto, la falta de acción del gobierno representa no solo una traición a los habitantes de Jiménez, sino también una amenaza para el futuro de la región. Si no se implementan de inmediato medidas estrictas para regular la extracción y cerrar los pozos ilegales, el acuífero colapsará por completo, y el impacto será devastador tanto para la economía local como para los ecosistemas que dependen de este recurso.
A meses de que termine el sexenio de López Obrador, queda claro que la lucha por el agua en Jiménez ha sido una batalla que su gobierno decidió no librar. Las palabras fuertes y los discursos encendidos no fueron suficientes para detener a los poderosos intereses agrícolas, y el presidente se va sin cumplir su promesa de justicia hídrica. Jiménez sigue sedienta, y los responsables de la sobreexplotación siguen actuando con impunidad.
El legado de AMLO en esta región estará marcado por su incapacidad de proteger uno de los recursos más vitales para el desarrollo y la supervivencia de sus habitantes: el agua. Jiménez merece más, y el próximo gobierno deberá asumir la tarea pendiente de restaurar el equilibrio en el uso de sus acuíferos antes de que sea demasiado tarde.
Por: Gorki Rodríguez.