La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia (FEM) avanza en el caso del albergue desalojado, donde se investigan delitos de mendicidad forzada y negligencia hacia menores.
HISTORIASMX. – El caso del albergue Unidas por Amor, desalojado a principios de noviembre, continúa generando indignación a medida que surgen nuevos detalles sobre las condiciones en las que vivían las niñas y adolescentes que ahí residían. La FEM, encargada de la investigación, recaba pruebas que apuntan a posibles delitos de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada.
Condiciones inhumanas.
En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, agentes del ministerio público que participaron en el cateo y desalojo del inmueble describieron la deplorable situación en la que se encontraban las menores. “Las muchachas estaban en muy malas condiciones: sin toallas sanitarias, mala alimentación y sin ropa adecuada,” relataron.
El albergue, ubicado en la colonia CDP, al norte de la ciudad, presentaba un entorno insalubre, tanto en su fachada como en su interior. “Se prestaban los calzones y los lugares estaban en condiciones asquerosas. Hasta en el Cereso está poquito menos feo,” afirmaron los agentes.
Mendicidad forzada y negligencia.
Las investigaciones señalan que las menores eran obligadas a pedir dinero en la vía pública, actividad conocida como «botear». Algunas jóvenes aprovecharon estas salidas para escapar del albergue, aunque al ser localizadas, revelaron que salían a mendigar dinero para cubrir las carencias básicas del centro.
“Las encargadas del lugar llamaban ‘salida sin autorización’ a estas ausencias,” detallaron los investigadores, quienes también reportaron una falta de supervisión adecuada por parte del albergue. El personal del Sistema DIF, que realizó operativos en el sitio, constató las condiciones precarias y notificó la situación a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Operativos en marcha.
Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la FEM, informó que las inspecciones en albergues y centros de asistencia social continuarán para detectar posibles delitos similares. Este caso ha llevado a un mayor escrutinio de las condiciones en las que operan estos lugares, así como a la evaluación de los estándares de cuidado que deben garantizar.
Una problemática más amplia.
Desde hace meses, la FGE había emitido pesquisas por la desaparición de niñas y adolescentes que escapaban del albergue. Estas ausencias reiteradas alertaron a las autoridades, quienes, junto con el DIF Estatal, realizaron inspecciones que culminaron en el desalojo del inmueble.
El caso del albergue Unidas por Amor subraya la necesidad de fortalecer la vigilancia y regulación de los centros de asistencia social, así como de garantizar que las niñas y adolescentes vulnerables no sean víctimas de explotación ni de negligencia.
Las investigaciones siguen su curso, mientras las autoridades buscan deslindar responsabilidades y asegurar que las menores reciban el apoyo y la protección que necesitan.