De manera aún más alarmante, seis de cada diez mujeres, es decir, el 60%, admiten haber delinquido debido a presiones o amenazas de sus parejas sentimentales.
HISTORIASMX. – Un estudio revelador del Censo de Centros Penitenciarios del Estado de Chihuahua 2023 del INEGI y datos del Diagnóstico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha arrojado luz sobre una preocupante realidad: cinco de cada diez mujeres encarceladas en los Centros de Readaptación Social (Cereso) en Chihuahua han experimentado algún tipo de violencia antes de su encarcelamiento.
De manera aún más alarmante, seis de cada diez mujeres, es decir, el 60%, admiten haber delinquido debido a presiones o amenazas de sus parejas sentimentales, o incluso en defensa propia. Estas cifras revelan una conexión directa entre la violencia sufrida por estas mujeres y su posterior involucramiento en actividades delictivas.
Las mujeres encarceladas que actuaron en defensa propia relatan haber sido víctimas de agresiones no solo por parte de sus parejas, sino también por sus padres o hermanos. Además, muchas de ellas han sufrido represalias por hablar sobre los abusos que han enfrentado desde la infancia, abusos que frecuentemente no son abordados ni resueltos.
Este ciclo de violencia y delincuencia coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, haciéndolas susceptibles a las adicciones y llevándolas a relacionarse en contextos delictivos. El entorno inseguro en el que vivían antes de su reclusión, según lo reportado por las encuestadas, demuestra que la inseguridad es una parte integral de la violencia estructural que alimenta los actos delictivos que finalmente las llevan a prisión.
En el segundo semestre de 2023, se registraron un total de 474 mujeres privadas de la libertad en Chihuahua, con un 62% ubicadas en el Centro de Readaptación Social Femenil en Juárez y el 38% en el Aquiles Serdán. La mayoría de estas mujeres pertenecían a los grupos de edad de 18 a 29 años y de 30 a 39 años.
El diagnóstico también destaca la presencia de violencia estructural en los sistemas económicos y políticos de la vida cotidiana de la población en general. Esta forma de violencia, ejercida a través de la desigualdad y discriminación por género, etnia, condición socioeconómica y otras características, está estrechamente vinculada a la pobreza y genera un alto nivel de vulnerabilidad e inseguridad en diversos sectores de la comunidad.
Fotografía: FGE.