El juez federal señala ventaja y brutalidad en el ataque; los imputados continuarán en prisión preventiva mientras se refuerzan las investigaciones.
HISTORIASMX. – Dos personas en situación de movilidad, identificadas como David Josué V. y Carlos Arichuna S.M., fueron vinculadas a proceso por un juez federal como probables responsables del homicidio del agente del Instituto Nacional de Migración (INM), Luis Alberto Olivas García. El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre de 2024, cerca del punto de revisión militar «Precos», en las faldas de un cerro en Samalayuca, Chihuahua.
Desarrollo del Caso
En la audiencia realizada en la sala de juicio oral 1 del Poder Judicial de la Federación (PJF), el juez resolvió que los argumentos de la defensa, que señalaban errores en la formulación de la imputación, como inconsistencias en horarios y apellidos de testigos, no fueron suficientes para desvirtuar la presunción de culpabilidad.
De acuerdo con las investigaciones, los acusados viajaban a bordo de un tren de carga y al detenerse cerca del punto Precos, descendieron para continuar su camino a pie hacia Ciudad Juárez. Agentes del INM, incluido Luis Alberto Olivas, intentaron interceptarlos en un cerro cercano.
Los imputados, al percatarse de la presencia de los agentes, huyeron y comenzaron a lanzar piedras, logrando derribar a Luis Alberto Olivas. Según el juez, el ataque fue perpetrado con ventaja y brutal ferocidad, culminando en su muerte cuando David Josué V. lanzó una piedra en la cabeza del oficial.
Culpabilidad y Resoluciones Judiciales
El juez señaló que ambos migrantes actuaron como coautores, con el objetivo de privar de la vida al oficial, en lugar de optar por una acción humanitaria.
- Prisión preventiva oficiosa: Los detenidos permanecerán en esta medida cautelar hasta el 1 de abril de 2025, fecha fijada para la continuación de la investigación complementaria.
- Ampliación del plazo de investigación: Se otorgaron tres meses adicionales para que las partes puedan recabar y presentar más pruebas.
Conclusión
El caso ha generado un profundo impacto tanto en las autoridades como en la ciudadanía, al tratarse de un crimen que evidencia las tensiones y desafíos en torno a la migración y la seguridad fronteriza. La brutalidad del ataque, así como las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, refuerzan la exigencia de justicia por parte de las autoridades y la comunidad del Instituto Nacional de Migración. La investigación continúa, mientras los acusados enfrentan un proceso que busca esclarecer los hechos y dictar sentencia justa.