Juez determina que existen elementos suficientes para imputarlo por desempeño irregular y ejercicio indebido del servicio público; proceso judicial avanza en medio de controversia y defensa legal firme
HISTORIASMX. — El exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, fue vinculado a proceso por segunda ocasión tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas el pasado 8 de julio. Un juez de control determinó que existen elementos suficientes para imputarlo por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, relacionados con un polémico contrato de arrendamiento de patrullas durante su administración de 2021 a 2024, cuyo monto supera los 161 millones de pesos.
Contexto y detalles de la audiencia
La extensa audiencia judicial fue seguida con atención por medios locales y nacionales debido a la relevancia del caso, que involucra presuntas irregularidades en la contratación directa del Ayuntamiento de Ahome con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V. para la renta de vehículos oficiales. Tras escuchar las pruebas y argumentos, el juez decidió vincular a proceso a Vargas Landeros y a ocho exfuncionarios de su gobierno.
Declaraciones del exalcalde tras la resolución
Al salir del juzgado, Vargas Landeros mantuvo una postura serena y expresó su desacuerdo con el fallo, pero dejó claro que seguirá defendiendo sus derechos a través de la vía legal:
«Claro que no esperaba este resultado, pero voy a seguir defendiendo nuestro derecho y atendiendo la parte jurídica.»
Asimismo, manifestó confianza en el proceso legal y enfatizó su derecho a defenderse:
«Soy respetuoso de las decisiones, pero tengo la voluntad y el derecho de defendernos (…). No tengan la menor duda que sí.»
Presunta justificación y efecto del contrato
El exalcalde subrayó que el contrato de arrendamiento fue necesario durante la pandemia de COVID-19, resaltando que gracias a esa medida, la percepción de inseguridad en Ahome bajó considerablemente, del 54% al 24%. Este argumento forma parte de la defensa ante las acusaciones de irregularidades.
Medidas cautelares y próximos pasos en el proceso judicial
El juez impuso medidas cautelares para Vargas Landeros y los demás imputados, entre ellas la obligación de firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país sin autorización. Además, otorgó un plazo de seis meses para que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) profundice en las investigaciones.
Otros exfuncionarios vinculados al proceso
Junto con Vargas Landeros, también fueron vinculados a proceso ocho exfuncionarios de su administración, entre ellos:
- Genaro García Castro (exsecretario del Ayuntamiento y actual diputado local)
- Julio César Romanillo Montoya (exsecretario de Seguridad)
- Antonio Humberto Vega Arellano (extesorero)
- Gerardo Hervás Quindos (exdirector de Administración)
- Héctor Adonai Beltrán (exdirector de Egresos)
- Marisol Morales Valenzuela y Judith Luna Castro (exregidoras)
- Fausto Ibarra Celis (exdirector del Órgano Interno de Control)
Análisis del contrato y presuntas irregularidades
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa documentó que el 9 de diciembre de 2021 el Ayuntamiento asignó directamente a Grinleasing un contrato superior a los 171 millones de pesos para la renta inicial de 126 patrullas, cifra que luego fue ajustada a 135 unidades y un monto final de más de 161 millones. La acusación indica que la empresa subarrendó las patrullas a Casanova Vallejo, generando un presunto daño al erario público por 42 millones de pesos. Además, se señala que las patrullas fueron desviadas para uso administrativo y no para reforzar la seguridad pública, lo que representa un grave conflicto de interés y posible malversación.
Relevancia y contexto de esta segunda vinculación
Esta es la segunda ocasión en que Vargas Landeros es vinculado a proceso, pues también enfrenta cargos por abuso de autoridad. La gravedad de los delitos y el posible daño patrimonial han puesto el caso en el centro del debate sobre corrupción en gobiernos locales de Sinaloa.
Por su parte, la defensa sostiene que la contratación fue legal y justificada bajo disposiciones especiales del Diario Oficial de la Federación (DOF) durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y financiada con recursos federales del Ramo 33 (Fortamun).
