La minería ilegal en el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua, sigue cobrando vidas. Durante los últimos cinco años, un total de 27 gambusinos han fallecido en accidentes mineros, mientras que las autoridades locales y federales no han logrado frenar esta actividad ni garantizar condiciones seguras para los trabajadores. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el Gobierno Federal han sido criticados por su inacción ante esta alarmante situación.
HISTORIASMX. – La minería ha sido históricamente una de las principales actividades económicas de Santa Bárbara, Chihuahua, pero en los últimos años se ha convertido en un foco de peligro para los gambusinos, trabajadores independientes que buscan metales preciosos en zonas de explotación abandonadas o informales. Desde el 2019, al menos 27 de estos mineros han perdido la vida en accidentes, lo que ha expuesto las condiciones extremas y la falta de regulaciones adecuadas en la región.
El riesgo constante: accidentes y derrumbes.
El pasado viernes 20 de septiembre, tres gambusinos murieron tras el derrumbe de un tiro de mina en el sector de Los Clarines, en Santa Bárbara. Este trágico incidente elevó el número total de fallecidos a 27, según informes recabados. Entre los fallecidos estaban César Alberto R. B., de 26 años; César R. M., de 53 años; y Jesús Manuel R. M., de 45 años. Las operaciones de rescate tardaron varias horas, con equipos de Protección Civil y la Cruz Roja trabajando arduamente para recuperar los cuerpos atrapados.
Santa Bárbara ha sido el epicentro de estos accidentes, pero otras áreas mineras del sur del estado, como San Francisco del Oro, también han visto múltiples incidentes. En febrero de este año, otro gambusino, Esteban O. M., murió mientras trabajaba en la mina La Mesa, propiedad del Grupo Frisco. Las condiciones en las que estos trabajadores operan son precarias, con poca o ninguna supervisión, y expuestos a riesgos constantes de derrumbes y desprendimientos de rocas.
La inacción de las autoridades.
Pese a la creciente mortalidad de los gambusinos, tanto el Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos, como el Gobierno Federal, no han implementado acciones concretas para frenar la minería ilegal o para regularizar las operaciones de los gambusinos. La falta de infraestructura y políticas de seguridad minera para los trabajadores informales ha sido criticada tanto por organizaciones locales como por la comunidad afectada.
Las denuncias sobre las condiciones de trabajo y la falta de medidas preventivas no son nuevas. Los habitantes de la región han señalado la ausencia de fiscalización en las minas, muchas de las cuales operan sin permisos formales o controles de seguridad. Esta inacción gubernamental ha permitido que la minería ilegal florezca, poniendo en riesgo la vida de decenas de trabajadores.
Enfermedades respiratorias: otra amenaza silenciosa.
Además de los derrumbes y accidentes, los gambusinos enfrentan graves problemas de salud relacionados con su exposición a polvo respirable y gases tóxicos en el ambiente minero. Los trabajadores que pasan largos periodos en minas subterráneas están expuestos a partículas finas que pueden alojarse en los pulmones, causando enfermedades como neumoconiosis y silicosis, ambas altamente debilitantes y a menudo fatales.
La neumoconiosis, conocida como pulmón negro, afecta especialmente a los mineros que inhalan polvo de carbón y otras partículas finas, mientras que la silicosis se asocia con la exposición a sílice cristalina, un compuesto común en muchas minas. Los gambusinos, al no contar con equipos de protección adecuados, están en mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades respiratorias crónicas.
El gas diésel, emitido por maquinaria en los túneles de las minas, agrava aún más la situación, causando síntomas similares al asma y otros trastornos respiratorios. A largo plazo, los trabajadores mineros expuestos a estos gases tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de pulmón.
La falta de medidas preventivas.
Las autoridades de salud, tanto estatales como federales, tampoco han tomado medidas efectivas para controlar estos riesgos. A pesar de que la División de Salud Respiratoria de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) ha emitido recomendaciones para la protección de los mineros, estos protocolos no se están aplicando en la minería informal.
En muchos países, como Estados Unidos, los mineros de carbón tienen acceso a programas de vigilancia de salud, incluyendo radiografías periódicas para detectar neumoconiosis en sus primeras etapas. Sin embargo, en Chihuahua, estos programas brillan por su ausencia en las minas ilegales e informales. La prevalencia de estas enfermedades respiratorias en los trabajadores informales no se ha documentado adecuadamente, pero los testimonios de mineros locales indican que muchos ya están presentando síntomas graves.
Un negocio con conexiones peligrosas.
Además del impacto en la salud y la seguridad de los trabajadores, la minería ilegal en Chihuahua ha comenzado a llamar la atención de organizaciones criminales, han encontrado en la minería una nueva fuente de ingresos, extorsionando a operadores mineros y controlando territorios donde se extraen minerales preciosos.
En un reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, se documenta cómo los cárteles de la droga han ampliado su influencia en la minería, imponiendo «impuestos» a los gambusinos y mineros formales, e incluso controlando minas enteras para el lavado de dinero. Santa Bárbara y otras áreas mineras del sur de Chihuahua no son la excepción a este fenómeno, y los riesgos para los trabajadores aumentan en territorios donde la presencia criminal es fuerte.
El camino hacia la regularización.
El problema de la minería ilegal en Chihuahua, particularmente en el municipio de Santa Bárbara, no solo representa una tragedia humana, sino también un reto legal y económico para el estado. La regularización de los gambusinos y la implementación de medidas de seguridad adecuadas deberían ser prioridades tanto para el gobierno local como para el federal. Sin embargo, la falta de acción hasta ahora sugiere que los intereses políticos y económicos están pesando más que la protección de los trabajadores.
El primer paso hacia la solución sería la creación de un marco legal que permita la formalización de los gambusinos, brindándoles acceso a herramientas de seguridad, seguro médico y mejores condiciones laborales. Sin embargo, esto solo será posible si las autoridades locales y federales asumen la responsabilidad y comienzan a abordar el problema de raíz.
Un futuro incierto.
Mientras tanto, los gambusinos de Santa Bárbara continúan enfrentando condiciones de trabajo precarias, sin apoyo gubernamental ni protección contra los peligros que acechan bajo tierra. Con cada nueva muerte, las familias de estos trabajadores lamentan no solo la pérdida de seres queridos, sino también la falta de justicia y de acción por parte de las autoridades.
La tragedia de la minería ilegal en Chihuahua es un recordatorio constante de que la vida de los trabajadores más vulnerables sigue siendo desechable en la búsqueda de ganancias rápidas, y que sin un cambio radical en la política y la supervisión, el número de muertes solo seguirá aumentando.
Por: Gorki Rodríguez.