Antes de que Arturo Gámiz y sus compañeros fueran derrotados frente al cuartel militar de Madera, otra confrontación llevaba tiempo desarrollándose en Chihuahua: la disputa por explicar quiénes eran aquellos campesinos, maestros y estudiantes que desafiaban al gobierno. Una parte de la prensa los presentó como “agitadores”, “gavilla” y delincuentes; las causas agrarias quedaron frecuentemente relegadas detrás de la versión militar y gubernamental. Sin embargo, los archivos también demuestran que hubo periódicos que se apartaron de esa narrativa y buscaron explicar qué había detrás de las armas. A seis décadas del ataque, hemerotecas y documentos de la antigua Dirección Federal de Seguridad permiten reconstruir aquella guerra de palabras.
Por Gorki Rodríguez | HISTORIASMX
CHIHUAHUA.— La mañana del 23 de septiembre de 1965 hubo dos escenarios en los que comenzó a construirse la historia de Madera. El primero estaba en la Sierra de Chihuahua, donde trece integrantes del Grupo Popular Guerrillero intentaron tomar un cuartel del Ejército Mexicano y ocho de ellos murieron durante el enfrentamiento. El segundo escenario estaba lejos de los fusiles: eran las redacciones de los periódicos, las oficinas gubernamentales, los boletines militares y los escritorios de los organismos de inteligencia desde donde se decidirían las palabras utilizadas para explicar a la sociedad quiénes habían sido aquellos hombres y por qué habían atacado una instalación militar.
Esa segunda batalla resultaría extraordinariamente importante. Un lector que conociera los acontecimientos únicamente mediante palabras como “gavilla”, “facinerosos” o “agitadores” difícilmente podía observar detrás de ellas a un movimiento integrado por maestros, estudiantes y campesinos con años de participación en conflictos agrarios y organizaciones políticas. Tampoco significaba que los integrantes del Grupo Popular Guerrillero fueran actores pacíficos en septiembre de 1965: habían adoptado deliberadamente la lucha armada y atacaron una instalación militar. El problema periodístico era otro. Al describirlos esencialmente mediante categorías asociadas con la delincuencia y separar el ataque de sus antecedentes agrarios y políticos, una parte de la prensa podía transformar un conflicto político armado en un problema fundamentalmente criminal. Una investigación publicada en 2025 por José Eduardo Gamboa Blanco en Secuencia, revista del Instituto Mora, identifica precisamente este mecanismo en El Heraldo de Chihuahua y analiza al periódico como parte de una prensa oficialista y anticomunista que presentó al disidente como amenaza social.
La criminalización había comenzado antes de Madera.
El lenguaje empleado después del ataque no apareció repentinamente el 23 de septiembre. La investigación de Gamboa Blanco localizó antecedentes que muestran cómo El Heraldo representaba las movilizaciones sociales antes del levantamiento armado. El 2 de diciembre de 1964, cuando estudiantes normalistas realizaron una huelga y se manifestaron con pancartas, el periódico los identificó como “agitadores”. El estudio señala que las causas de la inconformidad quedaron desplazadas mientras la movilización era presentada fundamentalmente como una perturbación del orden. Esto ocurrió casi diez meses antes del ataque al cuartel y resulta relevante porque demuestra que la construcción negativa del disidente antecedió a la acción guerrillera.
El contexto era profundamente anticomunista. México vivía dentro de la Guerra Fría, la Revolución Cubana había triunfado apenas seis años antes y los movimientos campesinos, estudiantiles y sindicales de izquierda eran observados con creciente preocupación por las instituciones de seguridad. Arturo Gámiz era conocido por el gobierno mucho antes de morir en Madera. Los expedientes actualmente disponibles en los Archivos de la Represión muestran que la Dirección Federal de Seguridad reconstruyó su trayectoria desde 1957, registrando su participación en la Unión General de Obreros y Campesinos de México, las Juventudes Populares Socialistas, movimientos estudiantiles y finalmente el Grupo Popular Guerrillero. No se trataba, por tanto, de un desconocido cuya existencia hubiera sido descubierta después del ataque. Las autoridades llevaban años siguiendo su actividad política.
Esto modifica sustancialmente la lectura de las noticias publicadas después de su muerte. Cuando los periódicos describían a Gámiz exclusivamente como jefe de una “gavilla”, existía información previa sobre su participación en organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles y conflictos agrarios. Una parte de esa información era conocida por organismos gubernamentales y otra había aparecido públicamente durante las movilizaciones. La reducción del personaje a una categoría criminal no era necesariamente una falsedad sobre su participación armada, pero sí constituía una representación incompleta de su trayectoria.
“Gavilla”: una palabra que atravesó los archivos y llegó al periódico.
Una de las evidencias más significativas aparece al comparar el vocabulario de la prensa con el utilizado por los organismos de seguridad. La palabra “gavilla” aparece reiteradamente en los documentos de la Dirección Federal de Seguridad. Un informe oficial sobre el ataque señala que a “la gavilla” se le había decomisado armamento y documentación. Los archivos gubernamentales conservaron incluso inventarios y expedientes identificados con expresiones como “Gavilla Guerrillera”.
La misma palabra apareció inmediatamente en El Heraldo de la Tarde. La edición vespertina del 23 de septiembre publicó una nota de última hora sobre el ataque y denominó “gavilla” al grupo encabezado por Gámiz. Al día siguiente, cuando prácticamente toda la portada estaba dedicada a Madera, algunas informaciones emplearon “rebeldes” o “guerrilla”, pero otra volvió a utilizar “gavilla”. El estudio publicado en Secuencia interpreta expresamente esa elección como una manera de equiparar a los insurgentes con delincuentes.
La coincidencia entre ambos vocabularios es históricamente significativa, aunque debe manejarse con precisión. No demuestra por sí misma que la DFS redactara los artículos de El Heraldo ni que cada periodista recibiera instrucciones gubernamentales. Lo que sí puede documentarse es la existencia de un marco discursivo compartido: organismos de seguridad y determinados periódicos describían al movimiento utilizando categorías semejantes.
Esa distinción resulta indispensable. Una investigación periodística rigurosa no necesita inventar una conspiración para demostrar que existió criminalización. Basta observar las palabras impresas.
De guerrilla a “zafarrancho”
La selección del vocabulario continuó durante los días posteriores. Una información de El Heraldo de la Tarde del 24 de septiembre reconocía que se trataba de una “guerrilla comandada por los profesores Arturo Gámiz y Pablo Gómez”, pero dentro de la misma cobertura el combate fue denominado “zafarrancho”. El estudio de Gamboa Blanco interpreta esa elección como una reducción de la importancia política del acontecimiento. La mayor parte de la cobertura de portada se concentró además en las acciones de las autoridades y del Ejército.
La palabra “zafarrancho” tiene implicaciones diferentes a “insurrección”, “levantamiento”, “guerrilla” o incluso “ataque armado”. No explica una organización política, una estrategia revolucionaria ni los antecedentes de quienes participaron. Reduce la escena a un enfrentamiento violento y desordenado. Si además quienes participaron son descritos como una “gavilla”, el lector recibe una estructura narrativa sencilla: un grupo delincuencial provocó un episodio violento y el Estado restableció el orden.
Lo que desaparece de ese encuadre es precisamente la pregunta histórica más importante: ¿por qué maestros, estudiantes y campesinos terminaron atacando un cuartel del Ejército?
La tierra desaparecía detrás de los fusiles.
Los archivos actualmente disponibles demuestran que los conflictos agrarios no eran una explicación inventada décadas después para justificar retrospectivamente la guerrilla. La propia Dirección Federal de Seguridad acumuló informes sobre campesinos, movilizaciones, invasiones de predios, reuniones de la Unión General de Obreros y Campesinos de México y gestiones ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. En el expediente relacionado con Madera aparecen memorandos sobre campesinos que mantenían guardias permanentes frente a oficinas gubernamentales, comisiones que intentaban presentar sus problemas agrarios y quejas por detenciones relacionadas con invasiones de tierras.
Esta documentación vuelve particularmente importante el análisis de la cobertura periodística. El conflicto social existía antes de las armas. Había campesinos movilizados, expedientes, reclamaciones y vigilancia gubernamental. Cuando la noticia del 23 de septiembre se presentaba desconectada de esa historia, la explicación quedaba incompleta. El ataque podía aparecer entonces como el acto inexplicable de un pequeño grupo de fanáticos, delincuentes o jóvenes extraviados, cuando los propios archivos oficiales demostraban la existencia de un proceso de conflictividad política y agraria mucho más antiguo.
Eso tampoco convierte automáticamente en legítima cada decisión tomada por el GPG. La existencia de una causa social no elimina la responsabilidad de quienes optaron por utilizar armas. Pero desde el punto de vista periodístico existe una diferencia fundamental entre informar que un grupo armado atacó un cuartel y explicar, además, cómo llegó ese grupo a considerar la violencia como una estrategia política.
“Perseguirla hasta exterminarla”
Uno de los ejemplos más duros apareció cuatro días después del ataque. El 27 de septiembre, El Heraldo informó en páginas interiores sobre la persecución de la “gavilla que atacó el cuartel de Madera”. Según la reconstrucción hemerográfica publicada en Secuencia, el periódico señaló que se buscaba perseguirla hasta exterminarla y añadió que sólo así existiría seguridad de que acontecimientos semejantes no volvieran a presentarse.
La importancia de ese texto excede la elección de un adjetivo. Los sobrevivientes del ataque estaban siendo buscados por fuerzas militares y de seguridad. Dentro de ese contexto, presentar el exterminio del grupo como condición para recuperar la seguridad desplazaba la discusión desde el terreno de las causas políticas hacia una lógica de eliminación de una amenaza. El adversario dejaba de ser únicamente un actor político que había utilizado las armas y se convertía en un peligro cuya desaparición podía presentarse como necesaria para la tranquilidad colectiva.
El artículo académico de Gamboa Blanco sitúa esta cobertura dentro de un fenómeno más amplio: la construcción del disidente político como una persona desviada o criminal cuya existencia amenazaba a la sociedad. Según su interpretación, ese discurso contribuía a legitimar acciones estatales contra la oposición. Se trata de la tesis de un investigador y debe atribuirse como tal, pero está respaldada por ejemplos hemerográficos concretos.
El dato que cambia la historia: no todos los periódicos hicieron lo mismo.
Quizá el hallazgo más importante para evitar una interpretación simplista es que la prensa chihuahuense no actuó como un bloque uniforme.
El periódico Norte ofrece un contraste extraordinario. Su edición extraordinaria del propio 23 de septiembre llevó como encabezado “MASACRE EN CD. MADERA” y habló de “guerrilleros”, no simplemente de una gavilla. La reproducción de aquella primera plana conservada por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico muestra además apartados destinados a los antecedentes del acontecimiento.
Dos días después, el 25 de septiembre, Norte publicó una nota cuyo título colocaba explícitamente “el problema agrario de Chihuahua” como fondo de los acontecimientos sangrientos de Madera. La reconstrucción documental de aquella cobertura señala que el periódico intentó remontarse varios años para explicar la disputa por la tierra y la secuencia de acontecimientos que había conducido hasta el ataque.
El contraste es fundamental porque elimina una explicación demasiado cómoda. Si todo hubiera sido producto de una censura absoluta impuesta desde el gobierno, sería difícil explicar por qué un periódico del mismo estado podía ofrecer un tratamiento diferente. Gamboa Blanco concluye precisamente que el control gubernamental no basta para explicar la posición de El Heraldo. Su investigación relaciona también aquella línea editorial con la política oficialista y anticomunista de la cadena periodística de José García Valseca, a la cual pertenecía el periódico.
Esto permite formular una conclusión mucho más sólida: hubo medios que participaron activamente en una narrativa criminalizadora y otros que conservaron mayor margen para contextualizar el movimiento.
Incluso la prensa nacional mostró contradicciones.
La cobertura nacional tampoco fue completamente uniforme. La reconstrucción de la hemeroteca de El Universal muestra una contradicción reveladora. Su primera plana del 24 de septiembre de 1965 describió inicialmente a los atacantes como un “grupo de facinerosos”, una expresión claramente criminalizante. Sin embargo, el mismo tratamiento periodístico reconocía que detrás del levantamiento existían problemas relacionados con la falta de actuación gubernamental frente a abusos atribuidos a caciques y latifundistas.
Ese ejemplo demuestra que las fronteras entre propaganda, información y explicación histórica no siempre fueron absolutas. Un mismo periódico podía utilizar una palabra profundamente descalificadora y, al mismo tiempo, admitir que el conflicto tenía causas sociales. Por ello, estudiar la prensa de Madera requiere revisar páginas completas y no solamente titulares. Es necesario preguntarse qué fuentes utilizaba cada nota, cuánto espacio recibía la versión militar, dónde aparecían los antecedentes campesinos, cómo eran descritos los muertos y quién tenía posibilidad de hablar.
El gobierno también leía los periódicos.
Existe otro elemento extraordinario dentro de los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad: el aparato de inteligencia seguía lo que aparecía en la prensa.
Los Archivos de la Represión conservan un memorándum de dos fojas elaborado por la DFS específicamente sobre un desplegado publicado en El Heraldo de la Tarde relacionado con Madera. El documento registra una declaración del Partido Comunista Mexicano que sostenía que la acción de los jóvenes no debía entenderse simplemente como una locura, sino como un acto relacionado con la búsqueda de justicia en Chihuahua.
La existencia de ese memorándum demuestra que la prensa no era un escenario marginal. El Estado observaba los discursos que circulaban públicamente, incluyendo aquellos que podían disputar la versión dominante de los acontecimientos. La DFS no vigilaba solamente a personas: archivaba artículos, desplegados, declaraciones y materiales periodísticos.
Otro expediente resulta todavía más revelador. La DFS conservó un fragmento de una nota periodística sobre Madera en la que el autor cuestionaba la versión presentada por diputados chihuahuenses y señalaba que éstos no estaban contando toda la historia. El texto recuperaba hechos anteriores al ataque y hacía referencia a conflictos agrarios. La ficha del archivo registra incluso fotografías relacionadas con periodistas de la revista Sucesos y con actores vinculados al conflicto rural.
En otras palabras, también existieron periodistas que intentaron atravesar la superficie de la versión oficial.
Periodistas que fueron a buscar la historia detrás del comunicado.
Después del ataque hubo reporteros y fotógrafos que viajaron a la región para reconstruir lo ocurrido. Carlos Montemayor recordaría décadas después el trabajo de Víctor Rico Galán y del fotógrafo Rodrigo Moya, quienes viajaron a Chihuahua y buscaron testimonios relacionados con el movimiento. Rico Galán publicó posteriormente en la revista Sucesos para todos, acompañado por imágenes tomadas por Moya y por fotógrafos chihuahuenses.
La presencia de estos periodistas resulta fundamental porque demuestra que, incluso dentro del sistema mediático de los años sesenta, existían esfuerzos por salir del boletín gubernamental y llegar hasta el territorio. En el archivo de la DFS quedó incluso registrada una fotografía donde un militar amonestaba a Manuel Márquez, identificado como guía de enviados de Sucesos. El detalle es pequeño, pero extraordinariamente revelador: había periodistas tratando de entrar en la geografía social del conflicto y autoridades conscientes de esa presencia.
Años después, Francisco Ortiz Pinchetti volvería a Madera para reconstruir la historia desde sus protagonistas y las condiciones agrarias de la región. Su reportaje describió el ataque como el epílogo de una lucha iniciada mediante movilizaciones campesinas por la tierra y recordó que varios participantes habían dirigido organizaciones campesinas, estudiantiles o políticas antes de incorporarse a la guerrilla.
La distancia temporal estaba comenzando a cambiar la manera de contar Madera.
Los muertos tampoco pudieron responder.
Existe una desigualdad fundamental en toda la cobertura posterior al ataque: ocho de los principales protagonistas estaban muertos. Arturo Gámiz y Pablo Gómez no podían responder a las caracterizaciones que aparecían en los periódicos. Tampoco podían explicar personalmente por qué habían pasado de la movilización campesina a la clandestinidad y posteriormente a las armas.
Los documentos, manifiestos y textos producidos antes del enfrentamiento se convirtieron por ello en piezas esenciales para reconstruir sus argumentos. La DFS conservó materiales relacionados con Gámiz, incluyendo textos sobre la participación estudiantil y documentación de su actividad política. El archivo muestra además que organismos gubernamentales investigaban las movilizaciones campesinas desde años anteriores.
La asimetría informativa era enorme. De un lado estaban el gobierno estatal, el Ejército, las agencias de seguridad y periódicos con capacidad para imprimir miles de ejemplares. Del otro quedaban cinco sobrevivientes escondidos y una organización prácticamente destruida.
Cuando una primera plana convertía a los muertos en “gavilla”, ellos ya no tenían posibilidad material de exigir derecho de réplica.
El anticomunismo como marco de interpretación.
El componente ideológico tampoco puede separarse de la Guerra Fría. El Heraldo pertenecía a la cadena de José García Valseca, cuya orientación editorial ha sido caracterizada por investigadores como oficialista y anticomunista. El estudio de Secuencia considera que esa línea ayuda a explicar por qué su cobertura fue diferente a la de Norte.
Después del ataque, la disputa ideológica apareció explícitamente en las páginas de la prensa. Un desplegado del Partido Comunista Mexicano defendió las motivaciones de los jóvenes de Madera; la DFS consideró suficientemente relevante aquella publicación para elaborar un memorándum e incorporarlo a sus expedientes.
Así, la noticia dejó de ser solamente local. Madera entró en el vocabulario de la Guerra Fría mexicana: comunismo, subversión, orden, revolución, guerrilla y seguridad nacional comenzaron a superponerse sobre un conflicto cuyo origen inmediato se encontraba también en algo mucho más concreto: quién poseía la tierra y quién podía trabajarla.
De “gavilleros” a protagonistas de la historia mexicana.
Las palabras comenzaron a cambiar conforme transcurrieron los años. Investigadores, periodistas, sobrevivientes y escritores regresaron una y otra vez a Madera. Los archivos fueron abriéndose. Las historias familiares comenzaron a documentarse. Las causas agrarias recibieron una atención que las noticias inmediatas no siempre les habían concedido.
Carlos Montemayor tendría un papel importante en esa reconstrucción. Jesús Vargas ha relatado que Montemayor quedó marcado desde 1965 por la forma en que parte de la prensa describió a los guerrilleros, a quienes recordaba presentados como “gavilleros” y “robavacas”. Décadas después, la literatura y la investigación histórica contribuirían a devolver nombres, biografías y contextos a personas que inicialmente habían aparecido ante buena parte del público como integrantes anónimos de una gavilla.
El cambio no implica sustituir una propaganda por otra. La recuperación de las causas sociales de Madera no exige transformar automáticamente a sus protagonistas en héroes impecables. El Grupo Popular Guerrillero eligió la violencia política, realizó acciones armadas y el 23 de septiembre atacó una instalación del Ejército. Esos hechos forman parte indispensable de la historia. Pero también forman parte de ella las movilizaciones campesinas, las disputas por tierras, las detenciones, la vigilancia gubernamental y la radicalización política que precedieron al ataque.
La diferencia está en contar todo.
La prensa no fue una sola.
Después de revisar los documentos, una conclusión resulta especialmente importante: sería históricamente incorrecto afirmar que “la prensa mexicana” en su conjunto desarrolló una única campaña para desacreditar Madera. Las evidencias muestran un escenario mucho más complejo.
El Heraldo de Chihuahua y El Heraldo de la Tarde ofrecen ejemplos documentados de criminalización del disidente mediante palabras como “agitadores” y “gavilla”, así como una cobertura que privilegiaba la respuesta de las autoridades. El Universal utilizó la expresión “grupo de facinerosos”, aunque también reconoció causas vinculadas con caciques y problemas agrarios. Norte, en contraste, habló de “guerrilleros”, dedicó espacio a los antecedentes y publicó que el problema agrario se encontraba en el fondo de los acontecimientos.
La investigación académica disponible concluye además que el comportamiento de El Heraldo no puede explicarse exclusivamente mediante control gubernamental, porque otro periódico chihuahuense consiguió mantener una cobertura diferente. La orientación política y empresarial del propio medio también importó.
Esto vuelve la historia todavía más interesante.
Porque demuestra que los periódicos no fueron simplemente espectadores pasivos de Madera. Tomaron decisiones.
Decidieron qué palabra colocar sobre los hombres armados.
Decidieron si explicar o no los conflictos por la tierra.
Decidieron cuánto espacio entregar al Ejército.
Decidieron si un maestro convertido en guerrillero sería presentado primero como maestro, dirigente campesino, comunista, rebelde, delincuente o miembro de una “gavilla”.
Y esas decisiones ayudaron a construir la primera versión de la historia que recibió la sociedad.
La primera versión de la historia se imprimió antes de que secara la sangre.
Cuando los ejemplares del 24 de septiembre comenzaron a circular, los cuerpos de ocho integrantes del Grupo Popular Guerrillero todavía estaban en Madera. Los sobrevivientes huían por la sierra. Los soldados heridos eran atendidos. Las familias apenas comenzaban a comprender quién había muerto. Y, sin embargo, las palabras que explicarían el acontecimiento ya estaban impresas.
Eso constituye quizá la enseñanza periodística más profunda de Madera.
Los periodistas no escriben cuando la historia ha terminado y todos los archivos están abiertos. Escriben mientras existe confusión, mientras las instituciones ofrecen sus versiones, mientras los protagonistas disputan el significado de los acontecimientos y mientras todavía es imposible conocer todas las piezas. Precisamente por eso las palabras importan.
“Guerrillero” describe una forma de lucha.
“Rebelde” describe una posición frente al poder.
“Gavilla” acerca al actor político al delincuente.
“Facineroso” prácticamente elimina su dimensión política.
“Maestro”, “estudiante” y “campesino” devuelven una biografía, pero tampoco explican por sí mismos que esos hombres habían tomado las armas.
Ninguna palabra es inocente cuando se coloca encima de un muerto.
Madera también fue una batalla por controlar el relato.
Sesenta años después, los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad producen una ironía histórica. Los mismos organismos que vigilaban a Arturo Gámiz, a las organizaciones campesinas y a quienes defendían públicamente el movimiento conservaron documentos que hoy permiten reconstruir aspectos que quedaron marginados de parte de la cobertura periodística.
Los archivos registran conflictos agrarios anteriores al ataque. Registran movilizaciones campesinas. Registran la trayectoria política de Gámiz. Registran desplegados publicados en los periódicos. Registran las declaraciones del Partido Comunista. Registran incluso las notas periodísticas que cuestionaban las versiones dominantes.
Por eso Madera puede leerse hoy desde dos historias paralelas. Una es la historia militar: trece hombres atacaron un cuartel el 23 de septiembre de 1965; ocho murieron y cinco escaparon. La otra es la historia de cómo México fue informado sobre aquellos hombres.
En esa segunda historia, los periódicos adquieren un protagonismo incómodo.
Algunos contextualizaron.
Otros investigaron.
Otros reprodujeron marcos oficiales.
Otros criminalizaron.
Y algunos hicieron varias de esas cosas al mismo tiempo.
La evidencia disponible permite afirmar que una parte de la prensa contribuyó a construir una representación deslegitimadora de la disidencia de Madera, particularmente mediante la asociación reiterada entre insurgencia y delincuencia. Lo que todavía exige cautela es convertir esa constatación en la afirmación de una conspiración uniforme dirigida desde una sola oficina gubernamental. Los documentos consultados demuestran vigilancia estatal, coincidencias discursivas y una prensa oficialista; no demuestran que todos los periódicos o periodistas actuaran bajo una misma orden.
Esa diferencia es precisamente lo que hace poderosa la historia.
El 23 de septiembre de 1965 se dispararon rifles frente al cuartel de Madera. Pero durante los días siguientes también se dispararon palabras desde las rotativas. Las primeras mataron hombres; las segundas ayudaron a decidir cómo serían recordados.
Y durante décadas, México siguió discutiendo ambas cosas.
