El proceso judicial llevó a la condena de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, a 50 años de prisión, pero esto no ha significado una verdadera justicia.
HISTORIASMX. – Han pasado ocho años desde el asesinato de Miroslava Breach, periodista de La Jornada en Chihuahua, y aún persiste la impunidad. A pesar de que las pruebas e investigaciones han identificado a los responsables intelectuales y materiales del crimen, las autoridades federales siguen sin detener a Crispín Salazar Zamorano, alias El Tío Pin, líder del grupo criminal Los Salazar, ni a Jasiel Vega Villa, señalado como pieza clave en la logística del ataque.
El proceso judicial llevó a la condena de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, a 50 años de prisión, pero esto no ha significado una verdadera justicia. Durante el juicio se confirmó que la orden de ejecución vino directamente de Salazar Zamorano, después de que Breach revelara los vínculos de su familia con el narcotráfico y su intento de imponer candidatos a cargos públicos en Chihuahua.
Este caso no es un hecho aislado; forma parte de un patrón de violencia contra la prensa en México, que se ha agravado durante los gobiernos de Morena. Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado al menos 188,986 homicidios dolosos, la cifra más alta en un sexenio. Entre estos asesinatos, los periodistas han sido blanco de ataques brutales, sin que haya un verdadero esfuerzo del Estado para detener la matanza.
En teoría, la administración de López Obrador prometió reducir la violencia en un 50%. En la práctica, el decremento ha sido marginal y México sigue siendo uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo. Mientras tanto, los responsables de crímenes como el de Miroslava Breach siguen libres, protegidos por un sistema de justicia que, lejos de actuar con rigor, parece tolerar la impunidad.
Es inaceptable que, a pesar de la evidencia, los autores intelectuales del asesinato de Miroslava sigan sin ser detenidos. Su trabajo, basado en la valentía y el compromiso con la verdad, fue castigado con su vida, mientras que los políticos que facilitaron la entrega de información clave a los criminales, como Hugo Amed Schultz, José Luévano Rodríguez y Alfredo Piñera Guevara, no han enfrentado sanciones proporcionales a su traición a la libertad de prensa.
México no puede seguir permitiendo que los periodistas sean asesinados con total impunidad. La administración de López Obrador ha fracasado en garantizar justicia y seguridad para los comunicadores, perpetuando un ciclo de miedo, censura y violencia. Sin justicia para Miroslava, el mensaje para el periodismo es claro: denunciar la verdad puede costar la vida, y el Estado no hará nada para evitarlo.