El exedil J.F.R.L. quedó inhabilitado por un año tras favorecer a la empresa de sus hermanos con un contrato millonario durante su administración en 2021.
HISTORIASMX. – La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó la inhabilitación por un año del exalcalde de Rosales, J.F.R.L., por incurrir en conflicto de interés al contratar la empresa Conjunto R-Licón S.A. de C.V., propiedad de sus hermanos J.R.L. y A.J.R.L., para el suministro de combustible a vehículos oficiales durante su administración en 2021.
Reincidencia y contrato millonario
Esta no es la primera sanción contra el exfuncionario, ya que en 2019 había sido inhabilitado por tres meses por una contratación similar. En esta ocasión, se comprobó que presentó la empresa ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, logrando la aprobación de un contrato por 4 millones 561 mil 839.04 pesos para la compra de gasolina, entre el 5 de enero y el 9 de septiembre de 2021.
Fallo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
Según la normatividad vigente, el exalcalde debió excusarse de participar en la contratación debido a su relación familiar con los propietarios de la empresa. Sin embargo, al no hacerlo y ser reincidente, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó su responsabilidad.
El fallo fue emitido por el magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, titular de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, quien resolvió la inhabilitación del exalcalde por un año.
Investigación a otros funcionarios
Además, la resolución ordena al Órgano Interno de Control del municipio de Rosales iniciar una investigación contra los servidores públicos que integraron el Comité de Adquisiciones y aprobaron el contrato con la empresa beneficiada.
La ASE subrayó que este tipo de sanciones buscan reforzar la transparencia en el uso de los recursos públicos y evitar conflictos de interés dentro de la administración municipal.
Las autoridades reiteraron su compromiso de vigilar el cumplimiento de la ley y sancionar cualquier irregularidad que afecte el buen uso del presupuesto público.