La decisión judicial ha sido criticada debido a la gravedad de los hechos documentados y probados por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que presentó abundante evidencia sobre un episodio de tortura y privación de la libertad contra la víctima, su expareja sentimental.

Una sentencia que genera controversia

Chihuahua, Chih.– Un caso de extrema violencia de género ha desatado indignación social luego de que un juez desestimara los delitos de secuestro y lesiones agravadas contra Javier Arturo R. B., exasesor del diputado de Morena, Óscar Avitia, imponiéndole una condena de únicamente 9 años de prisión por el delito de violencia familiar.

La decisión judicial ha sido criticada debido a la gravedad de los hechos documentados y probados por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que presentó abundante evidencia sobre un episodio de tortura y privación de la libertad contra la víctima, su expareja sentimental.

Detalles del caso y de la violencia ejercida

De acuerdo con la causa penal 3117/2023, el agresor mantuvo a la mujer atada de pies y manos durante siete días consecutivos en un domicilio de la colonia Cordilleras, privándola de acceso a alimentos, agua y baño.

Durante ese tiempo, la víctima sufrió:

• Fractura de nariz y un dedo debido a los golpes.
• Quemaduras con agua caliente, fuego de aerosol y colillas de cigarro.
• Tortura con pinzas en los pezones y heridas provocadas con un cúter en distintas partes del cuerpo.

Además, la investigación revela que el agresor ejercía violencia psicológica, patrimonial y sexual desde tiempo atrás. Instaló aplicaciones de geolocalización en el teléfono de la víctima para vigilarla sin su consentimiento, la hostigaba, le prohibía el uso de redes sociales y controlaba sus recursos económicos.

Resolución judicial y delitos desestimados

A pesar de que la Fiscalía General del Estado acreditó mediante pruebas periciales, médicas y testimoniales los actos de tortura y privación de la libertad, el juez resolvió que únicamente debía sancionarse el delito de violencia familiar, descartando el secuestro y otras imputaciones más graves.

Esta determinación redujo drásticamente la sentencia, que quedó en 9 años de prisión, una pena considerada insuficiente frente a la magnitud de las agresiones.

La reacción de la Fiscalía Especializada de la Mujer

Ante lo que consideran una sentencia desproporcionada, la FEM ha anunciado que presentará un recurso de apelación para que un tribunal de alzada revise el fallo y determine si corresponde una condena más severa.

“Se acreditó un patrón de violencia sistemática, tortura y privación de la libertad que no puede quedar impune con una condena mínima”, señalaron fuentes cercanas al caso.

Indignación social y crítica al sistema judicial

El caso ha encendido las redes sociales y despertado el reclamo de colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la falta de perspectiva de género en la resolución judicial.

Activistas señalan que este tipo de sentencias envían un mensaje de impunidad ante hechos de violencia extrema contra las mujeres y piden que se revise el actuar del juez que dictó la condena.

Un agresor con vínculos políticos

Javier Arturo R. B., abogado de profesión, se desempeñaba como asesor del diputado de Morena, Óscar Avitia, al momento de su detención en 2023. Su posición política ha sido motivo de señalamientos sobre posibles influencias o presiones en el proceso judicial, aunque las autoridades no han confirmado ninguna irregularidad.