Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024, Maru Campos destinó mil 636 millones 914 mil pesos a la contratación de agencias de marketing, relaciones públicas, productoras de contenidos audiovisuales, grupos de bots en redes y medios locales y nacionales, con el objetivo de asegurar un relato favorable sobre su gestión y minimizar las críticas en su contra.
HISTORIASMX. – En los últimos tres años, el gasto en comunicación social y publicidad de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha superado los mil 636 millones de pesos, según los informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y la Coordinación de Comunicación. Un dato que pone en evidencia la magnitud del control que ejerce sobre los medios de comunicación en el estado, a través de convenios publicitarios en televisión, radio, medios impresos y digitales, cine, carteleras y pagos a conductores. La pregunta que surge ante esta cifra es: ¿Qué precio tiene el silencio de los medios ante la corrupción de Maru Campos?
Un gasto de dimensiones impresionantes
Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024, Maru Campos destinó mil 636 millones 914 mil pesos a la contratación de agencias de marketing, relaciones públicas, productoras de contenidos audiovisuales, grupos de bots en redes y medios locales y nacionales, con el objetivo de asegurar un relato favorable sobre su gestión y minimizar las críticas en su contra.
El desglose del gasto, revelado por el medio de comunicación ZONA FREE, muestra que en el año 2021, los recursos destinados a comunicación social y publicidad ascendieron a 44 millones 327 mil 304 pesos. En 2022, la cifra se incrementó a 345 millones 423 mil 304 pesos, mientras que en 2023 el gasto llegó a 586 millones 191 mil 180 pesos. Para este 2024, la gobernadora ha erogado 705 millones 299 mil 587 pesos.
El control informativo y la compra del silencio
Este gasto no solo se limita a medios locales, sino que también alcanza a grandes corporativos de medios de comunicación a nivel nacional. Entre los principales contratos se encuentran pagos millonarios a medios como Televisa, TV Azteca, El Universal y Milenio Televisión, con 83 millones 230 mil 892 pesos para Televisa y 66 millones 217 mil 538 pesos para TV Azteca, entre otros.
De manera particular, la gobernadora ha logrado cooptar medios de comunicación locales como El Diario de Juárez, El Heraldo de Chihuahua y Tiempo / Puente Libre, a los cuales ha destinado sumas millonarias: 161 millones 904 mil 681 pesos a los diarios de Osvaldo Rodríguez Borunda, 59 millones 794 mil 811 pesos al El Heraldo de Chihuahua, y 28 millones 455 mil 658 pesos a Tiempo / Puente Libre. Estos pagos, que incluyen también a radios locales y otros medios impresos y digitales, reflejan el poder que Maru Campos tiene sobre el relato mediático en la región.
A través de estos pagos, la gobernadora ha logrado asegurar un tratamiento favorable en los medios de comunicación, mientras acalla cualquier crítica en su contra. Su gobierno, marcado por la corrupción, impunidad en homicidios y feminicidios, ausencias prolongadas y un notable abandono de la Sierra Tarahumara, ha quedado opacado por una constante campaña publicitaria financiada con dinero público.
El silencio cómplice
Este manejo de la información se traduce en un grave daño al derecho de la ciudadanía a estar informada. A través de convenios publicitarios, Maru Campos ha logrado que los medios se conviertan en instrumentos de propaganda, sometidos a las directrices del gobierno estatal. En lugar de cumplir con su función crítica y de servicio público, los medios de comunicación terminan siendo cómplices de un sistema que evita que se conozca la verdad detrás de las decisiones gubernamentales.
El gasto público en comunicación social y publicidad se ha convertido en una herramienta para la manipulación mediática, para proteger la imagen de Maru Campos y para golpear a sus adversarios políticos. A través de este mecanismo, la gobernadora ha logrado evitar el escrutinio sobre temas como los contratos otorgados a su esposo, Víctor Cruz Russek, el creciente endeudamiento público y su relación con el expresidente César Duarte.
¿Un gasto legítimo o una violación al derecho a la información?
El artículo 134 de la Constitución Mexicana establece que la publicidad oficial debe tener fines informativos, educativos o de orientación social. Sin embargo, una gran parte de la publicidad oficial de la gobernadora no cumple con estos objetivos, ya que se utiliza para promover su figura y ocultar las problemáticas que enfrenta su gobierno.
El gasto en comunicación social de Maru Campos también pone en riesgo el ejercicio periodístico independiente, ya que los medios que reciben fondos públicos se ven condicionados a seguir una línea editorial dictada desde el Palacio de Gobierno, en lugar de ejercer una labor informativa libre y objetiva.
Contradicciones y vacíos en la gestión
El contraste entre el gasto millonario en comunicación y la falta de obras públicas relevantes en áreas como educación y salud durante su gestión es evidente. Aunque la gobernadora se ha atribuido obras iniciadas por la administración anterior, como el BRT-2 en Ciudad Juárez y el Hospital de Ginecobstetricia de Parral, no ha presentado ninguna iniciativa significativa que transforme realmente las condiciones de vida de los chihuahuenses.
Conclusión: La batalla por la verdad
La alta inversión en publicidad oficial es un reflejo de cómo los gobiernos pueden manipular la información para mantener una imagen pública favorable, incluso cuando los hechos demuestran lo contrario. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre en su gobierno, a conocer las decisiones que afectan su vida y a ser partícipe del debate público. Sin embargo, la censura mediática, el gasto excesivo y la cooptación de medios impiden que este derecho se cumpla en el estado de Chihuahua.
Maru Campos está pagando el precio del silencio de los medios, pero lo que está en juego es mucho más que el costo de unas cuantas campañas publicitarias: se trata de la integridad de la democracia, de la transparencia en el manejo de los recursos públicos y de la libertad de expresión en un estado que merece conocer la verdad.