La irregularidad fue identificada durante un proceso ordinario de auditoría realizado por la ASE. Al profundizar en la revisión, se evidenció que el pago fue autorizado sin justificación técnica ni documental.
Chihuahua, Chih.— La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un presunto acto de abuso de funciones cometido por un ex tesorero municipal, quien durante su gestión autorizó la transferencia de recursos públicos a una persona ajena al Ayuntamiento, sin relación contractual ni participación en la obra correspondiente al monto transferido.
Auditoría reveló desvío; caso llegó al Tribunal de Justicia Administrativa
La irregularidad fue identificada durante un proceso ordinario de auditoría realizado por la ASE. Al profundizar en la revisión, se evidenció que el pago fue autorizado sin justificación técnica ni documental, y fue depositado a una persona que no ejecutó la obra para la que supuestamente se habían destinado los fondos.
Ante la falta de respaldo legal y operativo, la ASE presentó el caso ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, dando inicio a un procedimiento formal de responsabilidad administrativa.
Exfuncionario admitió el error y devolvió el dinero, pero fue sancionado
Durante la audiencia inicial, celebrada en enero de 2025, el exfuncionario reconoció la irregularidad, asegurando que se trató de un error involuntario. En ese mismo acto, procedió a reintegrar el total del recurso desviado a la hacienda municipal.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que la devolución no fue espontánea, pues ocurrió dos años después del hecho y solo tras haberse iniciado el procedimiento sancionador, lo que le restó valor atenuante.
Determinación y sanción
La Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas emitió una resolución en la que determinó la existencia de responsabilidad administrativa por abuso de funciones, al vulnerarse los principios de legalidad, honradez y eficiencia en el manejo de recursos públicos.
Como sanción, se impuso al ex tesorero 90 días de suspensión en el ejercicio de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
