María Eugenia Galván Antillón, expresidenta de Coespris y madre de Maru Campos, otorgó permisos al crematorio Plenitud durante la gestión de Javier Corral; legisladores exigen auditoría, sanciones y justicia para las víctimas
HISTORIASMX. — El hallazgo de 383 cuerpos en condiciones irregulares dentro del crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez, desató una crisis sanitaria, legal y política en Chihuahua. Legisladores locales han revelado que fue María Eugenia Galván Antillón, actual presidenta del DIF Estatal y madre de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien autorizó los permisos de operación al establecimiento cuando se desempeñaba como titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2016-2021).
Autorizaciones bajo la lupa
La diputada morenista Jael Argüelles Díaz señaló que la autorización al crematorio —propiedad de la familia Arellano Cuarón, con vínculos con el PAN y el exsecretario de Educación Pablo Cuarón Galindo— se dio bajo la gestión de Galván Antillón. Esto, dijo, configura una red de omisión, simulación de legalidad y posible encubrimiento, ya que desde 2020 se reportaban condiciones insalubres en el establecimiento.
“Judicializar a un par de personas no basta. Exigimos una auditoría completa a los permisos otorgados por Coespris, una revisión estructural de los protocolos de supervisión y responsabilidades administrativas y penales por omisión”, sentenció Argüelles.
Contradicciones, opacidad y crisis sanitaria
El 27 de junio, autoridades estatales informaron que no había más de 60 cuerpos en el crematorio, pero días después se confirmó oficialmente el hallazgo de 383 cadáveres, muchos de ellos sin refrigeración ni plena identificación, lo que expuso una grave contradicción institucional.
“¿Dónde estaban los más de 300 cuerpos que ocultaron inicialmente? ¿Qué tipo de supervisión permitió esa saturación?”, cuestionó la diputada.
Las autoridades de salud habían asegurado que los restos estaban embalsamados adecuadamente y que no existía delito que perseguir. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció después que muchos cuerpos estaban en estado de descomposición y sin registro oficial, aumentando la alarma social.
Exigencias del Congreso: renuncias, indagatorias y respeto a las víctimas
Diversas fracciones legislativas han exigido respuestas claras:
- La diputada María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, exhortó a que la FGE fincara responsabilidades a Gilberto Baeza Mendoza, secretario estatal de Salud, y Luis Carlos Tarín Villamar, actual titular de Coespris.
- Solicitó además la renuncia inmediata de ambos funcionarios mientras se realizan las investigaciones.
- Francisco Sánchez Villegas, coordinador de Movimiento Ciudadano, pidió una investigación forense cuerpo por cuerpo y transparencia absoluta en el manejo de las urnas entregadas a familiares.
“Esto sólo da dos opciones: o los funcionarios son de escritorio, o sabían que el crematorio operaba ilegalmente y aún así otorgaron licencias”, señaló Pérez Reyes.
Los primeros vinculados a proceso
Por el momento, José Luis Arellano Cuarón, dueño del crematorio Plenitud, y Facundo Martínez Robledo, empleado, han sido vinculados a proceso penal por los delitos de ocultamiento y conservación ilegal de restos humanos. No obstante, legisladores coinciden en que la responsabilidad institucional va más allá y debe incluir a quienes otorgaron, renovaron o no supervisaron los permisos.
Un caso que revela las grietas del sistema
Este caso no sólo expone una falla sanitaria monumental en una ciudad históricamente marcada por la violencia y las desapariciones, sino que también pone en evidencia las conexiones políticas que podrían haber protegido prácticas irregulares durante años.
La sociedad, insisten las legisladoras, merece saber la verdad completa: ¿Quién permitió que un crematorio con fallas sanitarias, sin capacidad técnica ni ética para operar, funcionara con licencias vigentes durante tanto tiempo? Con información de la Jornada.
