El operativo tuvo lugar en un predio donde los menonitas almacenaban combustible destinado a maquinaria agrícola, el cual, según ellos, había sido adquirido legalmente y con recibos de compra.
HISTORIASMX. – Un enfrentamiento entre la comunidad menonita y personal de PEMEX en la localidad de El Capulín, cerca de Nuevo Casas Grandes, generó una intensa movilización policial y militar. El conflicto surgió a raíz de un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano, cuyo objetivo era el aseguramiento de una pipa de gasolina con 15,000 litros de combustible.
Operativo y bloqueo
El operativo tuvo lugar en un predio donde los menonitas almacenaban combustible destinado a maquinaria agrícola, el cual, según ellos, había sido adquirido legalmente y con recibos de compra. Sin embargo, cuando un operador de PEMEX intentó llevarse la pipa, los habitantes bloquearon los accesos utilizando maquinaria pesada, incomunicando temporalmente a las autoridades.
La situación fue atendida por elementos de la Fiscalía General del Estado en la Zona Noroeste, quienes evitaron que la confrontación escalara. Tras varias horas de diálogo, se llegó a un acuerdo que permitió devolver el combustible a los menonitas, mientras que el operador de PEMEX fue detenido y luego liberado bajo reservas de ley.
Denuncias de extorsión
Paralelamente, Julián LeBarón lideraba una manifestación pacífica en el Puente Libre de Ciudad Juárez, acompañado por miembros de la comunidad menonita. Durante la protesta, LeBarón acusó a agentes de la FGR de exigir cuotas para no confiscar combustible, a pesar de que cuentan con documentos que acreditan su compra e importación legal.
Conclusión y llamado a la justicia
La intervención oportuna permitió resolver el conflicto sin mayores incidentes, devolviendo la tranquilidad a la comunidad. Sin embargo, las denuncias de corrupción en operativos de la FGR plantean dudas sobre la transparencia de estas acciones.
Los pobladores y líderes comunitarios hacen un llamado a las autoridades para que investiguen las presuntas extorsiones y respeten los derechos de quienes trabajan legalmente en la región. Este caso pone en evidencia la complejidad de los conflictos relacionados con el suministro y manejo de hidrocarburos en áreas rurales.