Revisión masiva busca frenar robo de agua; Chihuahua, bajo lupa por casos de uso ilegal y contubernio político-empresarial
CIUDAD DE MÉXICO.— La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha iniciado la revisión de 530 mil títulos de concesión de agua y aprovechamientos en todo el país, como parte de una estrategia nacional para frenar el robo y uso indebido del recurso hídrico, principalmente en sectores agrícola, industrial y habitacional.
El director general de la dependencia, Efraín Morales López, detalló que hasta ahora se han revisado más de 300 mil títulos, detectando numerosas irregularidades que ya han derivado en 300 clausuras en diversas entidades, incluyendo Chihuahua, donde se llevan a cabo procedimientos activos por abuso del recurso.
Uso agrícola disfrazado: pozos en balnearios y fraccionamientos
Una de las irregularidades más recurrentes es la utilización de pozos agrícolas sin pago de derechos en desarrollos habitacionales, balnearios y parques industriales, lo cual representa una violación directa a la Ley de Aguas Nacionales.
“El uso agrícola no paga derechos. Al disfrazar el uso, se evade el pago y se comete un fraude al Estado”, explicó Morales López.
El caso Duarte y el abuso sistemático del agua en Chihuahua
Uno de los casos más notorios es el del exgobernador César Duarte, en cuyo rancho El Saucito se clausuró un pozo, cinco represas y se destruyó una presa. Este caso, según Morales, “no es aislado”, y en el estado de Chihuahua hay otros procesos en curso que involucran a actores que operan en contubernio para beneficio personal.
“Hay delitos y vamos a proceder a fondo. No se trata de errores administrativos, sino de una red de complicidad para saquear agua en perjuicio de la población”, denunció el titular de CONAGUA.
Participación ciudadana y denuncias activas: la plataforma PODAN
La dependencia también impulsa la denuncia ciudadana a través de la plataforma PODAN, mediante la cual cualquier persona puede reportar extracciones ilegales de agua. Estas denuncias derivan en inspecciones físicas que, si confirman la ilegalidad, culminan en clausuras y procedimientos penales.
Legalización y reordenamiento, si se pagan derechos
A pesar de las sanciones, CONAGUA indicó que los usuarios aún pueden regularizar su situación, siempre que paguen los derechos y cumplan con las normas establecidas. El objetivo es ordenar el uso del agua y evitar su privatización de facto por actores económicos o políticos.
“Quien quiera usar el agua, que pague por ella, que respete los lineamientos y que no actúe como si fuera suya”, puntualizó Morales.
El mensaje es claro: la impunidad en el manejo del agua se acabó
Finalmente, la dependencia aseguró que el proceso de revisión continuará en todo el país y que las sanciones serán proporcionales a los delitos, incluyendo acciones penales para los responsables de los abusos más graves.
