En el ejido Norogachi, en el municipio de Guachochi, los relatos de los ancianos rarámuri recuerdan cómo fueron despojados de sus tierras “a cambio de pisto” —alcohol barato— y falsas promesas de trabajo. Así lo narra Carlos González, uno de los testimonios recogidos en una investigación etnográfica realizada entre 2002 y 2016:
HISTORIASMX. – Durante más de un siglo, la Sierra Tarahumara ha sido objeto de saqueo legalizado, extractivismo disfrazado de desarrollo y simulación institucional. Sus bosques milenarios, considerados por el pueblo rarámuri como seres vivos con alma, han sido devastados por intereses económicos que reducen los árboles a cifras de producción.

Hoy, en medio de la tala ilegal, la violencia y la omisión estatal, los habitantes originarios alzan la voz para reclamar justicia ambiental y dignidad territor
🌄 I. La Sierra Tarahumara: entre el mito, el pino y el despojo
Los rarámuri —o tarahumaras, como también se les conoce— no distinguen entre humano y naturaleza como lo hace el mundo occidental. En su cosmovisión, los árboles son seres vivos con los que comparten un vínculo de sangre. Los pinos (okó), en especial, son llamados hermanos mayores, porque beben el mismo líquido que corre en la sangre humana: el agua. Este lazo espiritual, sin embargo, ha sido violentado desde hace más de 140 años por un modelo de desarrollo que ve en los bosques solo un recurso más para el mercado.

En el ejido Norogachi, en el municipio de Guachochi, los relatos de los ancianos rarámuri recuerdan cómo fueron despojados de sus tierras “a cambio de pisto” —alcohol barato— y falsas promesas de trabajo. Así lo narra Carlos González, uno de los testimonios recogidos en una investigación etnográfica realizada entre 2002 y 2016:
“Un día los chabochi (mestizos) nos compraron la tierra con pisto por un peso. Luego nos dijeron que trabajaríamos con ellos en el aserradero. Pero no era para todos. Tumbaron el bosque. Y ya no hubo ni tierra ni trabajo.”
🏗️ II. Decretos, trenes y tala: una historia institucional del saqueo
La sobreexplotación de la Sierra Tarahumara no fue un accidente ecológico, sino el resultado de un entramado legal, económico y político diseñado para extraer riquezas. Desde el Reglamento de Corte de Maderas de 1861, pasando por las leyes de enajenación de terrenos baldíos de 1884, hasta las reformas al artículo 27 en los 90, cada pieza del andamiaje jurídico contribuyó al despojo sistemático de tierras comunales e indígenas.
A inicios del siglo XX, compañías estadounidenses como The Madera Company Limited y The North Western Railway construyeron líneas férreas que atravesaban la Sierra con un único objetivo: sacar madera. Estas empresas instalaron aserraderos móviles que talaban zonas completas a lo largo de las vías. Para 1920, se consolidaron los ejidos como forma dominante de tenencia de la tierra, privilegiando núcleos poblacionales sin historial ancestral sobre comunidades indígenas que ya habitaban esos bosques.

Durante el periodo 1950–1980, se creó la paraestatal PROFORTARAH, supuestamente para “racionalizar” la explotación forestal mediante convenios entre ejidos y empresas privadas. En la práctica, subordinó a los ejidatarios indígenas a los intereses del capital, entregando permisos sin control y generando una de las mayores devastaciones ecológicas de la región.
⚖️ III. Cuando la ley calla: la justicia ambiental que no llega
En el año 2000, la organización COSYDDHAC presentó una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un organismo trinacional creado tras la firma del TLCAN. La denuncia alegaba que el gobierno mexicano no estaba cumpliendo su propia legislación ambiental frente a la tala ilegal en la Sierra Tarahumara.
El expediente SEM-00-006 expuso que comunidades indígenas habían interpuesto denuncias populares, mecanismo jurídico previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA), sin obtener respuesta por parte de PROFEPA u otras autoridades ambientales.
“Las instituciones del Estado mexicano no sólo ignoraron las denuncias, sino que también omitieron su deber de investigar delitos ambientales tipificados en el Código Penal Federal”.
El caso llegó hasta instancias internacionales y, en 2006, la CCA publicó el expediente de hechos, documentando la negligencia sistemática del Estado mexicano en la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
🌐 IV. Dos visiones del bosque: producto o pariente
Las investigaciones etnográficas sobre Norogachi revelan dos formas de entender el bosque. Por un lado, está la visión hegemónica estatal y empresarial: el bosque como recurso natural maderable, que puede ser cuantificado, extraído y comercializado. Por el otro, la visión rarámuri: el bosque como familia viva, con pinos que hablan, acompañan y enseñan.
“Los pinos ya no hablan con nuestros hijos”, dice un abuelo rarámuri con tristeza, en referencia a la desconexión espiritual provocada por la tala desmedida.
Esta ruptura no es solo cultural: implica una pérdida de identidad, de salud mental y de cohesión comunitaria. Los efectos son visibles: migración forzada, violencia, adicciones, depresión y muerte de jóvenes, como ocurrió con el nieto asesinado de Carlos González, caso que marcó el luto de una comunidad entera.
📉 V. Cifras de un ecocidio prolongado
Indicador | Dato |
---|---|
Superficie boscosa original (pino-encino) | 93,560 km² |
Bosque original que queda (a finales del s. XX) | 0.61 % |
Empresas beneficiadas por concesiones | Compañías ferroviarias y madereras extranjeras |
Casos documentados de tala ilegal sin castigo | +30 (según COSYDDHAC) |
Empresas ejidales con tala “autorizada” | +60 en la región serrana (según estudios INI) |
🧭 VI. Conclusión: No es solo un árbol menos, es una vida menos
La Sierra Tarahumara ha sido convertida en una zona de sacrificio para el beneficio de unos pocos. Bajo el discurso del desarrollo y la sustentabilidad, los pueblos originarios han sido desplazados, fragmentados y criminalizados por defender su tierra.
El bosque no solo ha sido talado: ha sido desterritorializado, y con él, una parte esencial de la existencia rarámuri.
✊ ¿Qué se puede hacer?
- Exigir transparencia y vigilancia efectiva de PROFEPA
- Apoyar a las comunidades indígenas en procesos de defensa legal
- Promover auditorías ambientales en concesiones madereras
- Difundir estas historias y reclamar justicia ambiental real
📘 Referencia del primer archivo (artículo de Revista de El Colegio de San Luis):
Martínez Ramírez, M. I. (2019). El otro del otro: Entre dos narrativas sobre la explotación forestal de la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México. Revista de El Colegio de San Luis, 9(19), 125–150. https://doi.org/10.21696/rcsl9192019974
📗 Referencia del segundo archivo (artículo del Boletín Mexicano de Derecho Comparado):
Cruz Sánchez, E., & Delgado Rivera, C. E. (2018). La Sierra Tarahumara, sin justicia ambiental. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 51(151), 85–106. https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2018.151.12290